Muerte de estudiante de Ayotzinapa fue un abuso de autoridad, dice López Obrador

El incidente, que tuvo lugar el pasado jueves, fue inicialmente informado por las autoridades de seguridad del estado de Guerrero, al sur de México, como una “agresión” con “disparos de arma de fuego”. Según el relato oficial, dos estudiantes que viajaban en una camioneta robada fueron confrontados por la Policía, resultando en la muerte de uno de los jóvenes y la detención del otro, quien además resultó herido.

Durante su conferencia de prensa matinal, López Obrador declaró categóricamente que hubo abuso de autoridad, contradiciendo la versión oficial de que el joven había disparado. Subrayó que la investigación está a cargo de la Fiscalía general mexicana, que asumió el caso de jurisdicción estatal por solicitud del Ejecutivo.

El presidente hizo hincapié en que no permitirá ninguna interferencia ni intento de proteger a los responsables. Informó que los policías involucrados en la agresión ya se encuentran detenidos en Guerrero, reiterando su compromiso con la justicia y el rechazo total a cualquier forma de impunidad.

Un día después de que manifestantes, exigiendo justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014, derribaran una puerta del palacio presidencial de Ciudad de México durante la conferencia diaria de López Obrador, el estudiante Yanqui Rothan Gómez, de 23 años, fue asesinado. Los hechos ocurrieron en un contexto tenso, ya que los encapuchados, utilizando una camioneta, intentaron asaltar el recinto presidencial, aunque solo lograron llegar al vestíbulo.

La protesta tenía como objetivo lograr que los padres de los desaparecidos fueran recibidos por el presidente López Obrador. Sin embargo, la situación escaló y la violencia resultó en el trágico asesinato de Rothan Gómez. Las investigaciones indican que la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, perpetrada por criminales en colaboración con policías, fue posible debido a la acción y omisión en sus funciones de diversas autoridades, incluyendo miembros del Ejército mexicano. Este trágico incidente resalta la complejidad y gravedad de los problemas que persisten en torno a la justicia y la seguridad en México.

Este caso se cataloga como una de las más atroces violaciones de derechos humanos perpetradas en México, país que ha enfrentado una devastadora cifra de aproximadamente 450.000 asesinatos y más de 100.000 desapariciones desde el año 2006. Estos trágicos eventos, en su mayoría, se atribuyen al accionar del crimen organizado, resaltando la profunda crisis de seguridad y derechos humanos que afecta a la nación. La gravedad y la magnitud de estas cifras subrayan la urgencia de abordar de manera integral y efectiva los desafíos que enfrenta México en materia de violencia y justicia.