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Nacionalizan universidades privadas ilegalizadas por gobierno de Ortega en Nicaragua
Uno de los centros de estudios fue emblemático en las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018.
El Congreso de Nicaragua informó el lunes (7 de febrero) que autorizó la creación de tres universidades públicas a partir de la infraestructura de varios centros de estudios declarados ilegales, entre ellos uno que fue emblemático en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018.
“La Asamblea Nacional, en un hecho histórico, está aprobando tres leyes que nacionalizan las anteriores universidades privadas que se les canceló la personería jurídica”, dijo el diputado oficialista Carlos López, a un medio electrónico oficialista.
De acuerdo con la decisión del Legislativo, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), las nuevas universidades podrán “solicitar libre de todo tributo” el traspaso de los bienes de las universidades privadas a las que recientemente se les retiró el derecho a operar.
En adelante, la Universidad Nacional Politécnica (UNP) reemplazará a la privada Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). En 2018, sus estudiantes se manifestaron contra Ortega, lo que desencadenó una crisis política y represión policial con 355 fallecidos, según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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El exguerrillero Ortega está en el poder desde 2007. El año pasado, 46 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, fueron detenidos antes de las elecciones donde obtuvo su cuarta elección consecutiva. Desde el primero de febrero se ha enjuiciado y sentenciado por conspiración a algunos de ellos.
La Upoli fue fundada en 1967 por un patronato bautista.
También la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que operará con los activos de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco.
Todas serán supervisadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Para el ministerio de Gobernación, órgano que solicitó la semana pasada el retiro de las licencias, los centros de estudios incumplieron con las leyes al no reportar sus estados financieros ni dar cuenta del origen de sus fondos.
Según dijo recientemente a la AFP la jurista María Asunción Moreno, este hecho atenta contra la autonomía de las universidades, “que son un espacio de libertad, debate de ideas y creación del pensamiento crítico”.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “el régimen Ortega-Murillo continúa su estrategia de exterminio generalizado”.
Sentencian a exaspirante a la presidencia opositor de Ortega en Nicaragua
El exaspirante a la presidencia Miguel Mora fue encontrado culpable el viernes por atentar contra la “integridad nacional” en Nicaragua, en uno de los juicios contra una cuarentena de opositores al gobierno de Daniel Ortega presos desde el año pasado, informó su abogado.
Con él suman seis los opositores presos desde el año pasado que han sido sentenciados por el Gobierno desde que iniciaron los juicios este mes, sin que se conozcan sus penas.
Mora, de 53 años, fue precandidato a la presidencia del Partido de Restauración Democrática (PRD), una de las tres agrupaciones opositoras que fueron anuladas por el tribunal electoral previo a las elecciones del pasado 7 de noviembre, que ganó Ortega, quien gobierna desde 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Periodista, Mora también fue director del privado canal de televisión 100 % Noticias, desde el cual denunció y documentó la represión a las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2018.
Su canal fue confiscado en diciembre de 2018, fecha en que Mora fue detenido por primera vez, hasta junio de 2019. En aquella ocasión fue beneficiado por una amnistía, junto a cientos de opositores, en su mayoría personas que habían participado en las protestas.
En junio de 2021, Mora fue detenido nuevamente. Es uno de los siete exaspirantes a la presidencia de la oposición arrestados el año pasado junto a una cuarentena de críticos del gobierno, bajo cargos en su mayoría de conspirar contra el gobierno.
Su esposa, la periodista Verónica Chávez, quien asistió al juicio, dijo a la AFP que su esposo es “inocente” y que “está resistiendo con fuerza y una fe inquebrantable en Dios”.
“No ha cometido ningún delito y por lo tanto continúo esperando su liberación”, demandó Chávez.
Familiares de los opositores detenidos han denunciado las precarias condiciones carcelarias y problemas de salud que enfrentan los reos.
Entre los opositores sentenciados esta semana figuran la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán, que en 2018 encaró al presidente Ortega y le pidió su renuncia.
La comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han pedido la liberación de los opositores en Nicaragua.
*Con información de AFP.
