Nicaragua autorizó el ingreso a su territorio de tropas y armas de Rusia

El Parlamento de Nicaragua autorizó este martes el ingreso de tropas extranjeras en el país, entre ellas de Estados Unidos y Rusia para participar con militares nicaragüenses en ejercicios conjuntos.

El congreso unicameral, dominado por el oficialismo, avaló con 78 de los 91 diputados, el ingreso de tropas con medios aéreos y navales de Rusia, Estados Unidos y otros siete países de América Latina en el segundo semestre de 2022.

La aprobación con “carácter de urgencia” del ingreso de tropas extranjeras a pedido del presidente Daniel Ortega se produce en medio del rechazo mostrado por Estados Unidos a la llegada de militares rusos en la zona.

El presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación, el sandinista Filiberto Rodríguez, llamó “desinformado” al subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, quien dijo a medios locales que era una “provocación peligrosa” invitar a los rusos, aunque sea para ejercicios humanitarios, en momentos en que Moscú invade Ucrania.

“Hemos escuchado en medios chachalacas (como le llama el gobierno a medios de oposición), incluyendo a ese señor de Estados Unidos, Brian Nichols, diciendo que Nicaragua le abre las puertas a Rusia en América, y no recuerda o no sabe o está desinformado” que las tropas estadounidenses también entran en el país, dijo Rodríguez.

“Nicaragua nunca ha sido amenaza para ningún país del mundo”, dijo durante la sesión legislativa el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, quien rechazó “esta campaña sucia que pretende desinformar y mentir (...) haciendo creer que en Nicaragua se están emplazando tropas extranjeras”.

Gutiérrez dijo que estas colaboraciones con otros ejércitos son de “necesaria ayuda humanitaria e intercambio de capacidades y experiencia” para enfrentar situaciones de emergencia ante desastres naturales y para combatir el narcotráfico y el crimen organizado internacional.

Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos son tensas ante la imposición de sanciones a familiares y allegados a Ortega, señalados de violación de derechos humanos y para presionar por la liberación de unos 182 opositores presos en el contexto de una crisis a raíz de protestas de 2018.

Ortega, de 76 años, tras su regreso al poder en 2007, estrechó lazos de cooperación y amistad con Rusia, país que le ha proveído ayuda militar, vacunas para enfrentar la pandemia de covid-19, autobuses, taxis y una estación de monitoreo satelital (Glonass) que se sirve de 24 satélites rusos.

Nuevas sanciones de EE. UU. contra el régimen de Daniel Ortega

Después de acoger la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles hace unos días, a la que el mandatario Daniel Ortega no fue invitado por incumplir los estándares democráticos, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones a funcionarios de Nicaragua, esto como una forma de presión sobre Daniel Ortega y su régimen.

Las nuevas restricciones están dirigidas a 93 funcionarios de Nicaragua y serían limitaciones en el visado de este país, limitando sus visitas, así como otras acciones legales. Entre las personas afectadas se encuentran jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior.

Según el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estas restricciones se aplican a personas que socavaron la democracia tras la “ilegítima” reelección del mandatario nicaragüense en noviembre de 2021, donde luego de encarcelar a los candidatos opositores, sin ninguna competencia Daniel Ortega se habría llevado los votos para un nuevo mandato.

Además, Blinken instó a Managua a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los opositores “injustamente detenidos” y al restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua. “El régimen tiene a más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren por falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar”, afirmó el secretario de Estado en un comunicado.

Blinken dijo que los miembros de Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior sancionados este lunes 13 de junio, permitieron que el gobierno de Ortega reforzara su control sobre ciudadanos e instituciones con leyes que ilegalizaron a más de 400 ONG y una docena de universidades.

Además, destacó que los sistemas judiciales y de seguridad “corruptos” de Nicaragua detuvieron y enjuiciaron a líderes cívicos y defensores de los derechos humanos “por decir la verdad” y realizar actividades propias de un sistema político democrático.