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El parlamento de Nicaragua aprobó este jueves una normativa para controlar toda la producción cinematográfica y audiovisual del país, aún si es privada. | Foto: AFP

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Nicaragua: el cine y la producción audiovisual serán controlados por el gobierno

La legislación afectaría también a los privados, la nueva normativa fue precedida por la disolución de la Asociación Nicaragüense de Cine después de 34 años de trabajo continuo.

13 de octubre de 2022

El parlamento de Nicaragua aprobó este jueves una normativa para controlar toda la producción cinematográfica y audiovisual del país, ya sea realizada por empresas o por privados, pese a críticas de que lesionará “la libertad de creación y de expresión”, según documentos de la cámara.

“Esta ley viene a promover, difundir y regular las actividades de cinematografía y de arte audiovisual” expuso el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez durante el debate que terminó con la aprobación de la iniciativa con 88 votos a favor y ninguno en contra.

De acuerdo con el legislador, “esta es una ley que viene a fortalecer a la Cinemateca Nacional, no (es) para andar persiguiendo a los tenedores o dueños de celulares, sino para proteger el acerbo cultural y fílmico” del país.

“No es porque tengo un teléfono celular y hago un video que me convierto en un productor audiovisual”, explicó Gutiérrez, quien rechazó las críticas de que el proyecto busca controlar las publicaciones de videos en las redes sociales.

No obstante, cineastas independientes emitieron un pronunciamiento, donde afirman que las atribuciones a la ley tienen un carácter de “control y censura” y su ambigüedad se presta a interpretaciones que representa “una amenaza a la libertad de creación y (de) expresión cinematográfica”.

Las actividades que serán reguladas por esta normativa son “las referentes a la creación, producción de imágenes en movimiento en sus diferentes formatos, tales como cine, vídeo digital y de cualquier otro medio conocido o por conocer”, indica el texto de la ley.

La ley define los parámetros para considerar que una película es nacional, entre ellos, que sea producida por una persona natural o jurídica, que el 50% de personal técnico o autores sean nacionales y que el idioma sea el español o lenguas de la costa Caribe.

Los legisladores destacaron que fue en la década de 1980, durante la revolución sandinista, cuando tuvo más auge la labor cinematográfica, en la que destacan películas como “Alcino y el cóndor”, candidata al Óscar en 1983.

La nueva normativa sobre la actividad fílmica, fue precedida por la disolución de la Asociación Nicaragüense de Cine (ANCI), en abril de este año, como parte de la cancelación de más de 2.000 ONG ordenadas por el parlamento y el Ministerio de Gobernación en los últimos cuatro años.

Miembros de la extinta ANCI, que funcionó durante 34 años, dijeron a la AFP que con esta ley, el legislativo sólo está oficializando lo que ya era un requisito para trabajar en la industria del cine y que “se ha vuelto extremadamente difícil” hacer cine en el país.

Reacciones a la normativa

Algunas personas relacionadas con la industria del cine en Nicaragua han declarado su preocupación respecto a la aprobación de esta norma. Es el caso de Leonor Zúñiga, una cineasta, una socióloga y documentalista nicaragüense que ha dicho que la norma es imprecisa y además, será una excusa para la censura. “La Asamblea de Nicaragua acaba de aprobar la Reforma a la Ley creadora de la Cinemateca Nacional (Ley 909). Escrita de forma ambigua e imprecisa, pretende ser la justificación jurídica con la que el gobierno va a controlar, censurar y prohibir el cine independiente en Nicaragua”.

Zúñiga también expresa que con la aprobación de esta normativa, son tantas las prelaciones que se le otorgan a la Cinemateca Nacional, que se le “adjudica el derecho de autorizar, la preproducción, producción, pos producción y distribución de proyectos cinematográficos”, es decir que según la cineasta, la única entidad que estaría a cargo exclusivo de la actividad cinematográfica podría “prohibir nuestro derecho a la creación audiovisual violando derechos constitucionales”.

Con información de AFP