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Nicaragua renovará tribunal electoral en medio de quejas por imparcialidad
Con el fin de garantizar la transparencia de las próximas elecciones del 7 de noviembre, se preparará una reforma electoral para la elección de nuevos magistrados electorales.
El Congreso de Nicaragua, controlado por el oficialismo, se prepara para renovar el tribunal electoral, en medio de pedidos de la sociedad civil para garantizar la transparencia de las elecciones del 7 de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega puede tentar un nuevo mandato.
De acuerdo con la Constitución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), siete titulares y tres suplentes, tienen que ser nombrados por el parlamento con el 60 % de votos, sobre la base de ternas de candidatos presentadas por el presidente y los diputados, en consulta con la sociedad civil.
La dirección del CSE está ocupada actualmente por jueces afines al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) de Ortega, a quienes ya se les venció el plazo de cinco años para el que fueron nombrados.
“Necesitamos magistrados electorales que sean realmente imparciales”, dijo a la prensa el economista José Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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“Los nicaragüenses necesitamos magistrados creíbles (..) que generen confianza en el pueblo”, expresó, por su lado el domingo el obispo Rolando Álvarez, miembro de la jerarquía católica que en 2018 apoyó los llamados por la salida del poder de Ortega en medio de intensas protestas que dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde entonces el país atraviesa una crisis política y económica, que se ha agravado con la pandemia, y la renovación de jueces electorales abre una ventana para el “mejoramiento” de la situación, apuntó Aguerri.
¿Reforma electoral?
El proceso de selección de nuevos candidatos durará unas dos semanas. El Legislativo, donde el partido de gobierno cuenta con una amplia mayoría de 70 de los 91 diputados, aprobó crear una Comisión Especial de Carácter Constitucional de siete miembros, en su mayoría oficialistas, para analizar las candidaturas y estudiar “los aspectos electorales”, sin precisar si se refería a una reforma.
La oposición y diferentes sectores civiles nicaragüenses exigen desde hace años la aprobación de una reforma que garantice elecciones justas y transparentes, ante las denuncias de fraude formuladas por la oposición en los comicios regionales y nacionales celebrados desde 2008.
Entre los pedidos está la eliminación de la reelección presidencial sucesiva o permitir una mayor participación de organizaciones políticas en los procesos.
La Organización de Estados Americanos ha amenazado desde 2019 con aplicar a Nicaragua la Carta Democrática por negarse a restablecer las libertades públicas, el estado de derecho y cerrar los espacios políticos de participación.
El gobierno de Ortega ha considerado los señalamientos una “injerencia” en sus asuntos internos.
Estados Unidos ha sancionado en los últimos tres años a 27 altos funcionarios nicaragüenses y nueve entidades públicas y mixtas a los que señala de violar los derechos humanos y de corrupción.
Cambios
La estrategia de Ortega, según sus adversarios, pasa por neutralizar a las ONG independientes, controlando los aportes que reciben y forzando su cierre con extremas regulaciones. También podría recurrir a una norma que sanciona e inhibe de optar a cargos públicos a quienes inciten la injerencia extranjera o aplaudan sanciones al país.
En 2017, una misión de observación de la OEA recomendó a Nicaragua promover una reforma electoral “que brinde mayor confianza y seguridad a las fuerzas políticas y a la ciudadanía”, un pedido que reiteró en octubre de 2020.
Los partidarios de Ortega -quien gobernó durante la revolución sandinista en los años 80, retornó al poder en 2006 y se reeligió en 2011 y 2016-, no descartan que el mandatario, de 75 años, se postule para un cuarto mandato sucesivo.
La oposición, por su parte, busca superar intrigas internas para unirse en torno a una coalición electoral, en medio del asedio que el gobierno mantiene contra sus dirigentes.
Con información de AFP
