El juego sucio de Nicolás Maduro para apoderarse del legislativo

Esta semana en Venezuela llegó a su fin la era de Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) que durante los últimos 15 años trabajó por garantizar que el chavismo ganara todas las elecciones. Su figura ante las cámaras mientras leía resultados, generalmente amañados, se convirtió en símbolo de la fachada democrática del régimen.

Lucena se fue el lunes pasado de su oficina con unas canas que no tenía al llegar y quemada por varios escándalos electorales. Pero su partida parece un simple cambio de caras. El Tribunal Supremo de Justicia, que Maduro maneja a su antojo, escogió para reemplazarla a Indira Alfonzo, quien muestra en su hoja de vida haber redactado la sentencia que suspendió en 2015 la juramentación de los diputados del estado Amazonas, con la cual el Gobierno minó la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional. También, otro fallo que bloqueó un referendo revocatorio contra Maduro en 2016. En mayo de 2018, Canadá la sancionó por hacerle daño a la democracia con sus actuaciones.

La escogencia de Alfonzo y sus nuevos compañeros en el Consejo tiene además un pecado de origen: el régimen se las arregló para que la hiciera, como ha ocurrido otras veces, el Tribunal Supremo y no la Asamblea Nacional, como debía ser. “Por eso, en la Asamblea vamos a designar nuestro propio Consejo Electoral”, dice la diputada Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano.

El Tribunal Supremo de Justicia, que Maduro maneja a su antojo, escogió a Indira Alfonzo como presidenta del Consejo Nacional Electoral, en reemplazo de Tibisay Lucena. Algunos dudan de que Guaidó pueda aglutinar a la oposición para contrarrestar el plan de Maduro.

En la presentación de este nuevo Consejo, Maduro anunció que habrá comicios legislativos este año, aunque sin decir la fecha. Y los hará en un escenario muy cómodo para él: con CNE de bolsillo; sin la presencia de los líderes de oposición que están en el exilio o han sido sacados a empellones de sus partidos para reemplazarlos por políticos de segundo nivel –que pagados o por otros intereses le hacen juego al régimen–; y con la presencia de micropartidos, a los cuales la Constituyente de Maduro les abrió la puerta para que hagan bulto en los tarjetones.

Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), dijo a SEMANA que el chavismo está aprovechando que la crisis de la covid-19 y la recesión global están haciendo que se pierda el foco en Venezuela para avanzar en esas elecciones, “que no tienen como propósito ganar legitimidad, sino más control”. Penfold avizora un escenario parecido al de 2018, cuando Maduro ganó una reelección que nadie reconoció, pero que le sirvió para atornillarse en su silla.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, agrega que el presidente chavista necesita hacer elecciones, porque sus grandes aliados –Rusia, China e Irán– requieren una formalidad institucional y una garantía jurídica a largo plazo para los compromisos de Venezuela con ellos. No quieren que un Legislativo con mayoría opositora los desconozca.

A Penfold le preocupa que con estos movimientos “Maduro está poniendo la agenda”, mientras que la oposición se debilita y queda sin opciones. El analista ve para esta tres escenarios, todos muy malos: el primero, participar en las elecciones con el claro riesgo de una derrota; el segundo, decretar la continuidad de la Asamblea Nacional, con partidos en la clandestinidad o en el exilio, lo que la haría más frágil; y, por último, promover una ofensiva internacional no limitada a Estados Unidos y lograr una salida negociada.

El interrogante ahora es si Juan Guaidó tiene todavía suficiente liderazgo para aglutinar a los partidos que permanecen en la Asamblea y contrarrestar el plan de Maduro. Rodríguez dice que en 18 años la oposición no había estado tan desarticulada como ahora. Otra cosa piensa la diputada Solórzano: “Nos une nuestra vocación democrática. Juan Guaidó es la cabeza y él está ahí por mandato constitucional, no por capricho”.