Venezuela: dictadura

Nicolás Maduro cruzó la última raya que le quedaba. Desde que el Tribunal Supremo de Justicia, el martes pasado en la noche, despojó de atribuciones a la Asamblea Nacional –controlada por la oposición–, la mayoría de las reacciones consideraron que, ahora sí, el régimen político bolivariano se convirtió en una dictadura formal. La propia fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, condenó la ruptura del orden constitucional. 

El sábado, cuando el presidente del Tribunal Supremo echó para atrás las medidas en las que se apropiaba de las funciones de la Asamblea, el presidente del Legislativo reiteró que la patraseada no curaba el daño que ya se había hecho: "No hay marcha atrás", dijo Julio Borges. "Hay un golpe de Estado (...) y el pueblo se mantendrá en las calles para presionar por una salida democrática de la dictadura de Maduro", agregó.

Mercosur, organismo del que Venezuela fue marginado por no cumplir compromisos financieros, hizo una declaración en el mismo sentido, el sábado después de la rectificación del Supremo: "El gobierno de Venezuela debe adoptar inmediatamente medidas concretas, concertadas con la oposición, para asegurar la efectiva separación de poderes", dijo en una declaración suscrita por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay".

Por su parte el presidente Nicolás Maduro intentó bajarle el tono al episodio y lo calificó como "un impasse entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo".

Sin embargo, el daño está hecho. Las dictatoriales decisiones del Tribunal Supremo de Justicia el martes en la noche, y su confusa rectificación el sábado en la mañana, dejaron al país en la confusión y la incertidumbre. Sobre todo, porque dejó la impresión de que, ante la crisis interna y la presión externa, Maduro está dispuesto a lo que sea pata aferrarse al poder. Ya casi nadie niega que Venezuela es una dictadura.

Para los enemigos del chavismo, dentro y fuera de Venezuela, la ruptura democrática se había producido hace rato. El Ejecutivo ha asumido el control de los otros poderes, incluido el Judicial, ha perseguido a líderes de la oposición –muchos de los cuales están en la cárcel con procesos de dudoso rigor– y solo subsisten los medios de comunicación que difunden el punto de vista oficialista. Todos los otros fueron cerrados. Sin embargo, desde los tiempos de Chávez el gobierno mantuvo una fachada institucional, sobre todo mediante la realización frecuente de elecciones, lo que a su sucesor, Nicolás Maduro, poco a poco le fue resultando incómodo o imposible, dados sus bajos niveles de aprobación.

La tenue llama de la democracia terminó de apagarse por dos hechos que atentan contra la columna vertebral de cualquier régimen pluralista. El primero, la negativa a realizar elecciones. El presidente Nicolás Maduro, por medio de su control en el Consejo Electoral, manipuló el calendario de los comicios para evitar que se volvieran a expresar en las urnas las mayorías, que hoy parecen estar con la oposición según casi todas las encuestas. Primero dilató la convocatoria de un referendo revocatorio, previsto en la Constitución. Y luego le sacó el cuerpo a las elecciones regionales, previstas para 2016. Y una democracia sin elecciones no se puede llamar así.

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Pero fue mucho más lejos el martes pasado. Despojar de funciones a la Asamblea elimina el principio fundamental de la división de poderes. Peor aún, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia le entregaron a Maduro poderes que parecen encaminados no solo a concentrar toda la autoridad en torno a un hombre, sino a juzgar a miembros de la oposición. Todo indica que la patraseada no convence.

El gobierno chavista tomó esa determinación por tres factores. En primer lugar, porque un grupo de diputados de la oposición se manifestó en favor de que la OEA le aplique a Venezuela la Carta Democrática, lo cual, para Maduro, fue una traición a la patria. En segundo lugar, porque la Asamblea restituyó en su puesto a tres diputados de sus filas que nunca se pudieron posesionar por fallos de la justicia sobre supuestas irregularidades en su elección. Y la tercera, para quitar del medio a la Asamblea Nacional en decisiones sobre ventas de activos petroleros, que el gobierno necesita para aliviar la grave crisis fiscal.

El Tribunal Supremo intentó otorgarle poderes casi ilimitados a Nicolás Maduro. El escrito fue una respuesta a la solicitud del diputado chavista Héctor Rodríguez para anular “el acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, llamado Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA”. Pero el alcance del documento va mucho más allá.

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El máximo tribunal, en dos decisiones de echó para atrás el sábado, ordenaba a Maduro tomar “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”; una carta blanca en todos los ámbitos de la vida pública. Además, le otorga la posibilidad de modificar leyes sin pasar por el Poder Legislativo, especialmente las que tienen que ver con temas de hidrocarburos. La intención de Maduro es muy clara, en términos de buscar la concentración de poder, hasta el punto de que muchos han comparado la movida con el cierre del Congreso decretado en Perú por Alberto Fujimori en 1992, el famoso Fujimorazo, que al comienzo pareció salirle bien, pero a la postre contribuyó a sacarlo del poder. El “madurazo” en Venezuela se diferencia en que formalmente no es una disolución ni es una decisión del presidente, y en que, al final, fue derogada, al menos parcialmente, con un desenlace que aún no está totalmente claro. Paro las motivaciones y objetivos de Fujimori y Maduro, con las distancias del tiempo, lugar y naturaleza, sí son, en todo caso, comparables.

¿Qué mueve a Maduro?

Muchos se preguntan qué movió al gobierno de Maduro a actuar de esa manera. ¿Necesitaba más poderes? ¿Tiene la suficiente fortaleza para desafiar a la comunidad internacional y para mantener el control de las reacciones internas? Apenas unas horas antes del “madurazo”, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había hecho un nuevo intento por aplicarle a Venezuela la Carta Democrática: un instrumento que contempla imponer, a los países que se apartan de los principios de la democracia, sanciones paulatinas que pueden llegar hasta su suspensión del organismo.

El resultado de las dos reuniones del Consejo Permanente la semana pasada fue ambiguo, pero dejó a Venezuela contra las cuerdas en el escenario internacional. Maduro tuiteó para reclamar un triunfo diplomático: “Hemos obtenido una gran victoria, ni se aprobó la Carta Interamericana ni se aprobó el comunicado infame de la coalición de países de derecha. Victoria popular para Venezuela”. Sin embargo, también encajó varios golpes que intentó subestimar. La OEA quedó con el mandato formal de hacer seguimiento a la situación venezolana, y un grupo amplio de países, incluso algunos que han sido aliados, se movió hacia una posición más crítica. Entre ellos México, que lideró la convocatoria de la reunión, y el Caribe, que no votó unido como en otras ocasiones: Bahamas, Barbados, Jamaica, Guyana y Saint Lucia se manifestaron contra Venezuela. Antigua y Barbuda se abstuvo y luego votó en el grupo de los 20, el bloque mayoritario que apoyó la convocatoria del Consejo Permanente. El Alba tampoco mostró la fortaleza de los tiempos de Hugo Chávez: ni Ecuador ni El Salvador defendieron la posición de Venezuela.

Con su provocadora actitud dictatorial, Nicolás Maduro dejó en claro que le importan más las dimensiones internas de la crisis que la posición externa del país. La mayoría de las declaraciones de los países de la región –incluido Colombia- fueron críticas, lo mismo que las expresiones de organismos como la ONU y la Unión Europea, y ONG de derechos humanos como WOLA y Human Rights Watch. Se escucharon términos como “golpe militar” o “autogolpe”, y todo indica que la comunidad internacional seguirá ejerciendo presión para evitar que se consolide una dictadura en un país del tamaño, riqueza y tradición de Venezuela.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, asegura que el gobierno anuló la Asamblea Nacional para eliminar los controles a Nicolás Maduro en materia financiera. Como dijo a SEMANA, “La sentencia se hizo para tratar de evitar que el Parlamento controle el otorgamiento de contratos mineros a empresas petroleras extranjeras. Maduro está regalando las riquezas venezolanas y no quiere pasar por el control constitucional”.

Desde hace varias semanas, el chavismo ha denunciado un bloqueo financiero opositor. Incluso, se informó que la CAF no había otorgado un crédito por 400 millones de dólares pues la ley obliga a que el Legislativo avale todas las operaciones de endeudamiento.

Además, en materia energética, la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que las empresas mixtas de explotación petrolera –como la planteada con la rusa Rosneft– requieren autorización de la Asamblea Nacional. Tales “trabas” quedan abolidas con la decisión judicial del miércoles, mientras que la del martes permite a Maduro modificar la normativa para eliminar por completo tal restricción, a pesar de que la petición que la origina no tiene nada que ver con asuntos financieros.

La carta internacional

La comunidad internacional seguirá presionando a Maduro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a convocar una sesión del Consejo Permanente, prevista para esta semana que se inicia, e insistió en ella después de la patraseada del Tribunal Supremo.

Falta ver, sin embargo, si después de la rectificación del empeño los países mantienen el tono duro. Porque, hasta ahora, en términos concretos no se ha visto que los cambios que se han producido en los gobiernos de algunos países de la región garanticen que la acción de la comunidad hemisférica haya adquirido más dientes. Estados Unidos, ahora bajo Donald Trump, ha endurecido su discurso y se observa una diferencia con la actitud del gobierno de Barack Obama, pero en la práctica no ha hecho nada distinto. Algo semejante se puede decir de Argentina, a pesar de que el presidente Mauricio Macri apoyó la salida de Venezuela de Mercosur por incumplimientos en compromisos económicos. Colombia, Perú y Chile llamaron a sus embajadores a “consultas”, pero la posición no ha cambiado en forma significativa. En las oficinas de la OEA hay frustración porque la postura de su secretario general no cuenta aún con el apoyo suficiente para que se aplique la Carta Democrática, a pesar de que, con la suspensión de elecciones y la destitución de la Asamblea, habría argumentos contundentes para hacerlo.

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Sin salida interna

Y si en el escenario externo no hay grandes cambios, en la realidad interna sigue la parálisis. El jueves y el viernes hubo conatos de enfrentamientos en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, y algunos periodistas terminaron golpeados por los uniformados. Pero en la movida semana venezolana hubo más movimiento en los espacios diplomáticos –con todo y su parsimonia reconocida- que en las calles de Caracas o de otras ciudades.

Borges, el presidente de la Asamblea, dijo a SEMANA que la sentencia del Supremo el martes “es un golpe de Estado” y la entrada a una “dictadura”. Minutos antes, frente a las cámaras, había mostrado y roto una copia del fallo calificándolo de “basura”. Borges aseguró que esa institución se declara en desobediencia y “desconoce al Tribunal Supremo de Justicia por estar actuando fuera de la Constitución”, añadiendo que no descartan que el chavismo tome físicamente las instalaciones. También les remitió un mensaje a los magistrados: “Ustedes no van a salir impunes de esto. Están cometiendo crímenes de lesa humanidad”.

El parlamentario reiteró un llamado a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que, dijo, “no puede seguir silente y callada frente a la ruptura de la Constitución. Sabemos que los oficiales sufren el mismo drama que la mayoría de los venezolanos”. La dirigente opositora María Corina Machado fue más allá e hizo un llamado: “Ciudadanos militares, llegó la hora de decidir. Confío entienden lo ocurrido”.

Mientras la oposición denuncia que se rompió el hilo democrático, el gobierno insiste en defenderse de lo que llama “intervención extranjera”. Maduro y su canciller Delcy Rodríguez siguen asustando con la teoría conspirativa de que todo viene de una orquestación de los gobiernos de derecha. El diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, insiste en que todos los opositores que apoyen la Carta Democrática deben ser tratados como “enemigos de la República”.

No hay, en síntesis, un cambio en el equilibrio de fuerzas entre el gobierno y la oposición. El gobierno se ha deteriorado por la impopularidad que genera la crisis económica y la crisis humanitaria del país, y su imagen positiva ronda solo el 20 por ciento. Pero la oposición también se ha desgastado, sobre todo después de haber aceptado el frustrado diálogo propuesto por el Vaticano. La distribución de fuerzas está repartida en tres bloques parejos, de aproximadamente una tercera parte cada uno, entre quienes apoyan al gobierno, quienes simpatizan con la oposición, y los “ninis”, que no está ni en un lado ni en el otro. En la oposición además, se han debilitado los liderazgos y se ha profundizado el enfrentamiento de siempre, entre quienes defienden salidas institucionales y los que piensan que ellas están cerradas hace rato por la dictadura del régimen chavista.

¿Y ahora qué?

Los observadores de la realidad venezolana se preguntan si el “madurazo” es el punto de inflexión clave. Es decir, si la crisis económica y la presión internacional obligarán al gobierno finalmente a ceder, o si Maduro tendrá que dejar el poder. Todo indica que se abre la radicalización de un régimen cada vez más dictatorial y más repudiado por la comunidad internacional. El escanciare Julio Londoño Paredes, en análisis para semana.com, considera que "A Nicolás Maduro se le complicaron las cosas".

Después de haber intentado el paso contra el Poder Legislativo, lo más probable es que Maduro se endurezca aún más. Su gobierno ha estudiado la posibilidad de retirarse de la OEA con el fin de eludir los compromisos que emanan de sus estatutos en materia de democracia, y de debilitar su posible acción dentro de los lineamientos de la Carta Democrática.

El escenario es paradójico: Maduro, más débil, se aferra al poder con un puño de hierro. Una mano cada vez más férrea para prolongar un gobierno autoritario y continuar en el poder a toda costa. Varios de los miembros de la cúpula chavista enfrentan acusaciones de vínculos con el narcotráfico, y su permanencia en el gobierno se convierte en un mecanismo de defensa frente a acciones judiciales y hasta pedidos de extradición. No hay que olvidar que el vicepresidente, Tareck El Aisammi, fue incluido hace poco en la Lista Clinton. La lista puede crecer.  Y falta ver si el nuevo gobierno de Estados Unidos endurece la política hacia Venezuela. La otra amenaza real contra la estabilidad del chavismo es que la unidad se resquebraja. La patraseada del Tribunal Supremo y la actitud de la Fiscal General, Luisa Ortega, encienden las alarmas. Y hace tiempo se rumora que hay fisuras en las filas de las Fuerzas Armadas. Los peores días del chavismo aún estan por venir.

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Las cifras del drama venezolano

Mientras el gobierno de Maduro da un golpe de Estado, la población venezolana sufre la escasez, la represión y la violencia. Esta es una radiografía de la trágica realidad del vecino país.

Víctimas de la hiperinflación

750 por ciento de inflación estimada para 2016.

6 por ciento se contraerá el PIB venezolano en 2017, según predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

12 por ciento se contrajo la economía en 2016.

85 por ciento se redujeron las importaciones en los últimos tres años por la poca disponibilidad de dólares del Estado y la baja en los ingresos petroleros.

96 por ciento depende la economía venezolana del petróleo, lo cual la hace altamente vulnerable a sus fluctuaciones en el mercado internacional.

75 por ciento de la población vive en la pobreza. Menos de 160.000 pesos colombianos vale el salario mínimo venezolano, incluidos los subsidios estatales.

Sin qué comer

60 por ciento en promedio de desabastecimiento de productos básicos. Ronda el 80 por ciento en algunos sectores.

32,5 por ciento de los venezolanos comieron dos o menos veces al día en el último año, según la Encuesta de Condiciones de Vida de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar.

Y sin remedios

78 por ciento alcanza la escasez de medicamentos, según la Encuesta Nacional de Hospitales. 97 por ciento de los hospitales presentaron fallas de laboratorio en febrero de 2017.

85 por ciento de desabastecimiento de medicinas en droguerías, según datos de la Federación Farmacéutica de Venezuela.