Nicolás Maduro: esto es lo que tiene Estados Unidos contra él

La semana pasada, dos noticias se cruzaron repentinamente. Nicolás Maduro informaba, con bombos y platillos, su presencia en la cumbre de la Celac, en Argentina, mientras la izquierda del continente anunciaba que lo recibiría en este escenario con los brazos abiertos. El presidente argentino, Alberto Fernández, decía que Maduro estaba “más que invitado” a su país. Paralelamente, en Estados Unidos el cuestionado líder venezolano recibió un duro batacazo: se pidió formalmente su captura ante la DEA y a su vez recibió una dura condena de un juez de La Florida. Al otro día, y a pesar de tener una agenda confirmada que incluía reuniones con otros mandatarios, Maduro canceló su participación en este evento en Argentina.

El giro, tras la solicitud ante la DEA, era obvio. Como bien lo dijo Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO Argentina, que solicitó la medida “hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cartel de los Soles” y Argentina tiene un acuerdo de cooperación judicial con Estados Unidos desde 1998. Bullrich recordó que en una situación algo parecida Augusto Pinochet había sido capturado en un viaje a Londres en 1998. El riesgo para Maduro existía y no estaba dispuesto a correrlo.

“En las últimas horas, hemos sido informados, de manera irrebatible, de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de acciones de agresión en contra de nuestra delegación, encabezada por el presidente de la República”, atacó el líder venezolano para justificar lo que era evidente: estaba huyendo de un escenario peligroso. “Creo que Maduro pensó que era mejor prevenir que lamentar. En el mejor de los casos, habría vivido enormes protestas callejeras”, asegura el excanciller Julio Londoño Paredes.

“Pretenden montar un ‘show’ deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional”, la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, “y así contribuir a la campaña de descrédito –ya fracasada– que se ha emprendido contra nuestro país desde el imperio norteamericano”, agregó.

La realidad es que Maduro tiene dos ‘cocos’: Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI), pero solo el primero lo asusta de verdad. Por años, la CPI ha logrado apenas procesos contra los líderes africanos, y no se anticipa que pueda abrir un capítulo en América Latina pronto. Pero en el país del Tío Sam, las cosas son a otro precio.

El ex secretario de Justicia de Estados Unidos William Barr presentó en 2020 un severo indictment en su contra. En el documento, el presidente de Venezuela es tratado como un criminal de marca mayor al que incluso se le pone una cifra: 15 millones de dólares por su captura. Por cuenta de eso, Maduro ha vivido aislado la última década.

Los cargos son gravísimos. El país norteamericano acusa a Maduro de conspirar con la guerrilla colombiana para “inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar la venta de drogas “como arma contra” dicho país. En el documento de 28 páginas, no solo se pone en la mira al presidente, sino a otras 14 personas, entre ellos, Diosdado Cabello, el exgeneral venezolano Hugo Carvajal y los líderes de la extinta ex-Farc que plantaron el proceso y armaron unas disidencias: Iván Márquez y Jesús Santrich.

En ese momento, la justicia de Estados Unidos consideraba que las Farc eran el mayor productor de cocaína del mundo y que Venezuela ayudaba en este entramado, cuyo propósito principal era llegar a su país. Calculaban, por ejemplo, que “entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales”.

A Maduro y su ‘combo’ los señalaron de conformar un cartel, al que llamaron el Cartel de los Soles, en referencia a las insignias que llevan en los uniformes los militares venezolanos de alto rango. La justicia de Estados Unidos señaló así al régimen venezolano de utilizar su poder militar para promover el narcoterrorismo para su propio beneficio, en detrimento del resto del mundo. Detalló hechos entre 1990 y 2020 que evidenciaban “una conspiración corrupta, violenta y narcoterrorista entre el Cartel de los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)”.

Maduro habría decidido en medio de esa conspiración, dejar abierta la frontera con Venezuela para que el tráfico de drogas se hiciera con libertad. El indictment cuenta cómo los militares y el sistema judicial ayudaban o se hacían los de la vista gorda frente al poder criminal de los carteles. Por ejemplo, sobre las aeronaves que llevaban la droga se dice que el régimen venezolano las dejaba pasar a cambio de coimas muy altas, en un sistema liderado por el general Vladimir Padrino López.

Cuando no pagaban, Venezuela incautaba el avión. Si el proceso llegara a una sentencia, las penas serían altísimas. El indictment sostenía que serían de entre 50 años de cárcel y una cadena perpetua.

Esta semana, un juez de La Florida le impuso una severa condena por haber sometido a torturas y a un prolongado tiempo de prisión injustificado al abogado Carlos Marrón, un venezolano que fue señalado por el régimen de ser un “terrorista financiero” contra el gobierno Maduro. El juez, en su fallo, asegura que el mandatario lidera el temido Cartel de los Soles en el cual los mandamases del régimen “intercambian drogas por efectivo” y “el efectivo permite que los acusados se mantengan en el poder en Venezuela (...) que aprovechan para secuestrar y torturar a disidentes”. Al final, le concede a Marrón una indemnización por 153 millones de dólares.

Pero para Estados Unidos perseguir judicialmente a Maduro, al punto de ir a capturarlo a Argentina, no es necesariamente una prioridad ni una decisión estratégica. Desde que Joe Biden llegó al poder, las relaciones del Tío Sam con la izquierda más radical del continente han mejorado. Esta semana se conoció, por ejemplo, cómo se avanza de manera discreta en un deshielo con Cuba. Y hay señales muy evidentes de este giro. Por ejemplo, que Estados Unidos volvió a abrir el consulado en La Habana, que ha flexibilizado los permisos de trabajo para los cubanos en este país y hasta ha permitido que empresas como Western Union hagan giros a la isla.

Con Venezuela, las cosas son más complejas, pero también se han dado. “Desde que el presidente Biden llegó al poder, el gobierno ha mostrado cierta apertura a un acercamiento con Venezuela a cambio de una liberalización democrática, en parte porque algunos funcionarios estadounidenses creen que un enfoque puramente de línea dura no ha logrado que el gobierno de Nicolás Maduro se aleje de la autocracia”, señala un artículo de The New York Times.

La tensión mundial que existe con Rusia, hace que no sea fácil perseguir a Venezuela, dada la necesidad de tantos países de Occidente de tener suministro de petróleo. El país también ve con asombro el aumento desmedido de migrantes a su país y ha tomado medidas. En octubre del año pasado, presentó una política para permitir la entrada de 24.000 venezolanos. En enero la amplió a cubanos, nicaragüenses y haitianos.

Por otro lado, hace tres semanas sucedió un punto de quiebre. La oposición venezolana disolvió el gobierno interino que lideraba Juan Guaidó. Estados Unidos fue enfático. Aseguró que su posición frente a Nicolás Maduro “no va a cambiar” y que él “no es el líder legítimo de Venezuela”. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, agregó además que su país reconoce a la Asamblea Nacional, establecida en 2015, “como la última institución democrática que queda allí”

.Maduro sigue así perseguido y resguardado y su interés de recorrer el continente se esfuma de nuevo.