“No nos representa”: régimen Ortega sobre embajador de Nicaragua ante la OEA

Este miércoles el Gobierno de Nicaragua emitió un pronunciamiento en el que advirtió que su país desconoce a Arturo McFields, su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), desacreditándolo como representante de la administración de Daniel Ortega.

El hecho se presentó luego de que el referido funcionario diplomático arremetiera contra la gestión de Daniel Ortega frente a los destinos de su país, e incluso señalara que lo que ocurre en Nicaragua se trata de una “dictadura”.

El anuncio del desconocimiento de la gestión de McFields se dio mediante un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en el que señala que la entidad informa “a nuestro pueblo y a quien concierna, que el señor Arturo McFields no nos representa, y por lo cual, ninguna declaración suya tiene validez”.

La discordia

La nota, enviada desde la ciudad de Managua apunta que McFields, acreditado desde el 5 de noviembre de 2021, fecha en la que presentó sus credenciales ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, protagonizó este miércoles un hecho impensado en el marco de una reunión del Consejo Permanente de la OEA, al denunciar varias anomalías y acciones que actualmente tienen lugar en su país.

Durante la referida reunión, el diplomático habría denunciado serios problemas en la defensa de la democracia en Nicaragua, lamentando que en su país “no hay partidos políticos independientes, ni elecciones creíbles”, poniendo en duda la legitimidad y representatividad que recae sobre los hombros de Ortega, quien actualmente ejerce su tercer periodo frente a las riendas de Nicaragua.

En su pronunciamiento, el diplomático dijo que “en Nicaragua tampoco existe separación de poderes, advirtiendo que quienes ostentan el poder lo hacen a través de medidas fácticas”.

De igual modo, otra de las afirmaciones de McFields que despertó la indignación al interior del gobierno Ortega, se refiere a las condiciones de los ciudadanos para denunciar anomalías de derechos humanos y de la misma dictadura, reconociendo que “no es fácil”, y que ‘defender lo indefendible se ha convertido en un imposible’.

En la nota presentada por las autoridades en Managua se advierte que el funcionario McFields no es el “debidamente acreditado” ante la OEA, y que quien debería operar como tal es el señor Francisco Campbell Hooker.

Pese a lo anterior, la página web de la OEA muestra cómo, ante la entidad, la persona reconocida como tal en efecto es McFields, además de la aparición de un funcionario diplomático identificado como Iván Lara, quien ostenta el cargo de representante alterno.

Actualmente Francisco Campbell, a quien Nicaragua aduce como representante ante la OEA, ostenta también el cargo de representante diplomático o embajador del régimen Ortega ante el Gobierno de Estados Unidos.

Según recogen medios internacionales, previo a la acreditación de Arturo McFields, quien ostentaba el cargo de representante interino nicaragüense ante la OEA era Michaell Campbell, hijo del embajador ante EE. UU., quien abandonó el cargo en 2021, cuando fue designado como representante ante el Gobierno de la India.

Nicaragua está de salida

Actualmente Nicaragua continúa siendo miembro pleno de la Organización de Estados Americanos, no obstante, es necesario apuntar que cuatro meses atrás, el gobierno Ortega manifestó su voluntad de retirar al país de la organización, y comenzó a adelantar el trámite de desafiliación del órgano; un proceso que, según los estatutos de la Organización, lleva dos años.

La decisión del régimen Ortega de desvincular a Nicaragua de la OEA se derivó de que este organismo no reconocería la elección del dirigente para el cuarto mandato, advirtiendo que el presidente, recordado como exlíder guerrillero, fuera electo mediante un proceso que la entidad no califica como legítimo.

Precisamente, las elecciones en Nicaragua, donde se eligió a Daniel Ortega para su cuarto mandato consecutivo, se desarrollaron en medio de una tensa situación, marcada por el apresamiento y exilio de los principales oponentes al presidente.

De acuerdo con medios internacionales, del total de miembros de la oposición detenidos; en total 46, varios fueron judicializados bajo la figura de un delito denominado “atentar contra la integridad nacional”.

Dentro de los detenidos, también se encuentran señalados de “conspirar” con Washington para dar un golpe que derrocase a Ortega y, por ello, las autoridades judiciales los han sentenciado a 13 años de cárcel.