Odebrecht, la gran purga peruana

La red de sobornos y corrupción relacionada con la compañía brasileña Odebrecht sigue golpeando a la clase política de toda la región. Esta semana, Perú se llevó el coletazo más fuerte. El miércoles, la Policía entró a la casa del expresidente Alan García en el barrio Miraflores para ejecutar una orden de detención preliminar por cuenta de dos investigaciones, ambas relacionadas con la trama de corrupción de la multinacional brasileña. Pero en un hecho sin precedentes, García se disparó un balazo en la cabeza antes que aceptar su detención. Trasladado a un hospital falleció hacia las 10:30 de la mañana.

Alan García fue presidente del Perú en dos ocasiones (1985-1990 y 2006-2011) bajo las banderas de la histórica Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra). Sus aliados políticos han lamentado su muerte, no sin antes echarle la culpa a las investigaciones en su contra. Así lo expresó el congresista aprista Mauricio Mulder cuando calificó de “persecución fascista y enfermiza”a los procesos judiciales contra García por sobornos a su campaña y por haber favorecido a los brasileños en el proyecto de la Línea 1 del metro de Lima.

Alan García murió a los 69 años. Fue uno de los líderes más carismáticos del Apra y logró llegar a la presidencia del Perú en dos oportunidades.  

El expresidente utilizó esos mismos argumentos cuando salieron a la luz los primeros señalamientos. Sin reparos, acusó a muchos medios del país de ensuciar su nombre y participar de la supuesta persecución. El reconocido periodista Gustavo Gorriti sufrió ataques digitales de García y sus seguidores poco después de que publicó, en noviembre pasado, avances de una investigación de los vínculos del expresidente con Odebrecht. Gorriti afirmó en un comunicado que, a pesar del ambiente tenso y violento, iban a “acelerar las investigaciones”.

Justamente eso hicieron tanto los medios de comunicación del país como su sistema judicial. El caso de Alan García, que esta semana terminó en este trágico desenlace, es solo uno de los otros tres que involucran a exjefes de Estado peruanos.

Le pude interesar: Pilar Nores: la novela judicial que envolvía a la ex esposa de Alan García

No han importado los partidos ni las influencias de las élites políticas, pues las autoridades han investigado y acusado a todos los expresidentes involucrados. En ese sentido, Perú ha sido una excepción en la región: ningún otro país tiene a tantos exmandatarios en problemas judiciales por Odebrecht y gran parte de la ciudadanía de ese país reconoce que su justicia ha actuado autónomamente.

Justo la semana anterior a la muerte de García, la Policía había apresado preventivamente al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (también conocido como PPK). Tiene tres procesos abiertos por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. La situación lo llevó a renunciar a la Presidencia hace un año, presionado por sus opositores, quienes ya cocinaban un juicio político para destituirlo.

Desde el 10 de abril, Pedro Pablo Kuczynski está en detención preventiva. La medida ha sido criticada, pues no había indicios de fuga. 

Ollanta Humala, presidente en el periodo 2011-2016, también pisó la cárcel por Odebrecht. Hace dos años estuvo detenido junto a su esposa, señalados por varios testigos de haber recibido millones de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011. Hoy en día están en libertad pero el proceso judicial continúa su curso normal y tienen prohibido salir del país.

Le sugerimos: Cómo la investigación de corrupción de Odebrecht en Perú llevó a la justicia a cuatro expresidentes

Esta polémica lista termina con Alejandro Toledo (presidente entre 2001-2006) quien reside en California y es prófugo de la justicia peruana. Las autoridades de su país ya le pidieron a Estados Unidos su extradición, pues tiene tres casos abiertos relacionados con delitos parecidos a los de sus compañeros expresidentes.

Alejandro Toledo actualmente vive en Estados Unidos, y desde hace tres años evade la cita que tiene con la justicia peruana. Ya hay un pedido de extradición a Estados Unidos. 

A estos cuatro casos se suma el de Alberto Fujimori, tras las rejas desde 2009, para cumplir una condena a 25 años de prisión por violar sistemáticamente los derechos humanos en su lucha contra Sendero Luminoso, además de haber cometido delitos de malversación y corrupción.

Alberto Fujimori comenzó la seguidilla de presidentes presos, aunque por razones diferentes.

En menos de tres años los procuradores y jueces peruanos han puesto un manto de duda sobre la honestidad de todos los jefes de Estado de los últimos 18 años. En esta gran purga también han caído la ex primera dama Nadine Heredia (esposa de Humala), la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori (hija del expresidente y también en prisión preventiva) y dos exalcaldes de Lima: Susana Villarán y Luis Castañeda.

Tanto Ollanta Humala como su esposa Nadine Heredia enfrentan cargos por recibir sobornos de Odebrecht para la campaña de 2011. Estuvieron en prisión preventiva 18 meses. 

Pero,¿cómo ha recibido la ciudadanía este desastre?, y ¿cómo es posible que a pesar de estas bombas judiciales el país siga con un desempeño sobresaliente en materias económicas?

En general, a lo largo de estos años de detenciones y acusaciones, los peruanos han aplaudido el trabajo de sus instituciones. La actuación de la justicia, alejada de pugnas partidistas, ha dejado la sensación de que la larga novela de Odebrecht no terminará en una impunidad generalizada sino que habrá consecuencias para los responsables.

Por eso, en vez de zozobra, la noticia de la muerte de Alan García despertó en redes sociales un sentimiento de frustración. En pocas palabras, los peruanos lamentaron el suicidio del expresidente porque así evitó pagar por sus actos.

En contexto: Alan García se suicidó antes de ser detenido por el caso Odebrecht

Por otro lado, la economía peruana no se ha resentido por el convulsionado ambiente político. Daniel Velandia, economista y jefe de Credicorp Capital, señala que la política del país va por un lado y su economía por el otro. La razón, a grandes rasgos, consiste en que los últimos gobiernos fueron “promercado”.

Adicionalmente, las crisis políticas se han convertido en una situación constante a la que ya se acostumbraron los empresarios y los actores económicos. A esto le ha ayudado la elevada informalidad del país. Como le contó a SEMANA Velandia, “se estima que 70 por ciento de la economía es informal, lo que hace que una gran parte del PIB se mueva a su propio ritmo y no al establecido por el Gobierno y la institucionalidad”. Eso podría explicar por qué, tras el terremoto político de Odebrecht, la economía sigue creciendo al 4 por ciento anual.

Sin importar cómo marche la economía, la ciudadanía pondrá en el centro del debate las condenas que la justicia imparta en los próximos años. Martín Vizcarra, actual presidente, llamó al 2019 el “año contra la corrupción”. ¿Quedarán en el pasado las imágenes de tantos expresidentes tras las rejas?