Odebrecht: drama sin fin

La Lista Fachin detonó el último episodio de telenovela brasileña que tiene al país político en ascuas. El 12 de abril, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin extendió la investigación Lava Jato a la totalidad del gobierno, con lo que involucró a 98 personas, entre ellas, 24 senadores (más de un tercio del cuerpo), 39 miembros de la Cámara de Diputados, 8 ministros y varios expresidentes, como Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (PT).

La lista abarca a políticos de 18 partidos: 9 de los 22 senadores del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del actual presidente Michel Temer y 7 de los 11 senadores del Partido Socialdemocrático Brasileño (PSDB) del excanciller Aécio Neves. Además, incluye prefectos y gobernadores de todos los estados. Esto da un gran total, entre los acusados anteriormente y los que se agregan ahora, de 195 procesados e investigados en la Operación Lava Jato, y un gran total de 64 diputados y 28 senadores.

En la Lista Fachin hay ocho ministros de Temer, entre ellos, Eliseu Padilha, jefe de gabinete, y Wellington Moreira Franco, de la Secretaría General de la Presidencia, que habrían recibido por lo menos 48,8 millones de reales (cerca de 16 millones de dólares) de forma ilegal.

El propio Michel Temer aparece implicado. Según los ejecutivos de Odebrecht, habría participado en actos de corrupción en 2010 y 2014. Sin embargo, debido al cargo que ejerce, Temer tiene “inmunidad temporal” y no puede ser investigado por hechos que no sucedieron en su mandato, según dispuso la Fiscalía. Pero una vez que termine su gestión, podrá ser investigado por los dos episodios en los cuales es acusado de haber pedido 40 millones de dólares para financiar ilegalmente la campaña del PMDB.

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La nueva lista es el resultado de la delación premiada de los ejecutivos de la empresa Odebrecht, presos por la trama de pagos a funcionarios y políticos para conseguir gigantescos contratos de obras públicas, fundamentalmente a través de Petrobras. Marcelo Odebrecht, el titular de la empresa, está en prisión desde 2015, condenado a 19 años y 4 meses de cárcel. Con sus delaciones está sacudiendo como un árbol al sistema político brasileño, al dejar al desnudo el matrimonio entre funcionarios y negocios privados, entronizado en el corazón del sistema político brasileño.

El escándalo comenzó en 2014, cuando una investigación de cambistas clandestinos llevó la atención hacia Petrobras, donde se descubrieron sobreprecios y sobornos pagados por Odebrecht a cambio de millonarios contratos de obra pública. “La República Federativa de Odebrecht”, como la denominó la revista Veja, extendió su “propinoducto” por toda América Latina.

En 2016, la empresa firmó un acuerdo para colaborar con la investigación y aceptó desembolsar 3.500 millones de dólares en multas, después de lo cual Estados Unidos reveló documentos según los cuales Odebrecht habría pagado 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016 en 12 países de América Latina y África, entre ellos, Colombia.

En febrero, Fiscalías de 10 países latinoamericanos firmaron un acuerdo para investigar conjuntamente las operaciones de Odebrecht, que involucran desde presidentes y expresidentes hasta ministros y parlamentarios, ya sea por recibir sobornos a cambio de contratos de obra pública o por aceptar financiaciones de la empresa brasileña para sus campañas electorales.

Pero a diferencia de un año atrás, cuando el PT estaba en el centro del escándalo y cuando se votaba el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, ahora las investigaciones se dirigen al corazón de la política brasileña y a los mismos parlamentarios y los partidos que aprobaron el impeachment.

Los acusadores de Dilma en el banquillo

Ahora quedan claras las razones de la destitución de Rousseff. Esta semana, Temer acusó a Eduardo Cunha, el dirigente del PMDB que era titular de la Cámara de Diputados, de haber iniciado el impeachment contra Dilma como una venganza porque la presidenta no quiso frenar las investigaciones del Lava Jato.

Desde la cárcel, Cunha, condenado a 15 años de prisión, contestó que Temer aprobó la acusación contra la expresidenta y Dilma, por su parte, reveló que Temer le propuso aceptar la propuesta de Cunha, cosa que ella rechazó.

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Todo esto subraya la idea de que la corrupción es una parte inseparable del sistema político brasileño. “Si uno ve desde 2014 para acá, se van agregando implicados de todos los partidos. Si bien se puso énfasis en el Partido de los Trabajadores de Dilma, la cantidad de políticos procesados e imputados en su mayoría no son del PT, sino del PMDB y del PSDB del expresidente Fernando Henrique Cardoso”, dijo a SEMANA Miguel Serna, especialista en política latinoamericana y brasileña de la Universidad de la República de Uruguay.

La cuestión afecta a toda la clase política “porque el tema del financiamiento a través de Petrobras implicaba a todos los partidos y no a uno solo, y en especial a los que estaban más cerca del gobierno”, agregó Serna.

En el fondo, para el analista, el problema es que esta clase política tradicional “quiere mantenerse, con sus formas de ejercer el poder y sus prácticas de anillos burocráticos, asociaciones perversas entre lo público y lo privado, empresas particulares anilladas con partes de la burocracia y por eso está involucrando tantas décadas para atrás”.

Una periodista del diario Estado de São Paulo habló de “septicemia” generalizada. Otra periodista de Globo News escribió que nadie puede tirar la primera piedra porque “la lista impacta en todo el mundo político, incluido el PMDB de Temer y el corazón de su gobierno”.

La corporación política cierra filas para defenderse. Temer ya anunció que no separará ningún ministro y habló de los que pretenden “desprestigiar a la clase política”, haciendo un llamado a resistir: “Todos necesitamos resistir, yo resisto mientras puedo”, confesó ante decenas de diputados y senadores de la coalición gobernante.

Aunque Temer pueda mantenerse en el poder hasta el fin de su mandato, si es que lo logra, su credibilidad baja cada vez más. Existe un creciente descontento público y una tensión “entre la sociedad civil y la clase política que se defiende a toda costa, con procedimientos ilegítimos en la cara del ciudadano”, según analiza Serna.

Prueba de ello es la respuesta del papa Francisco a la invitación de Temer para visitar Brasil. En medio de las polémicas reformas que está adelantando el actual gobierno, como el aumento de la edad y de los aportes jubilatorios, el pontífice le contestó al presidente que no puede “dejar de pensar en tantas personas, sobre todo en las más pobres, que muchas veces se ven completamente abandonadas y suelen ser las que pagan el precio más amargo de algunas decisiones fáciles y superficiales para la crisis, que van mucho más allá de la esfera meramente financiera”.

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La debilidad del actual gobierno quedó expuesta cuando Temer tuvo que retroceder en su propuesta de aumentar a 65 años la edad de retiro de las mujeres, y aceptó reducirla a los 62 años.

Temer está prisionero entre una clase política deslegitimada y una sociedad civil empoderada, que exige y reclama cada vez más, a las puertas de 2018, el último año de su mandato y un año electoral.