Ojo por ojo

Hacía años no se desataba una discusión sobre la pena de muerte en Estados Unidos como la que se originó el miércoles de esta semana a raíz de la ejecución del afroamericano Troy Davis. Los llamamientos a la clemencia que se le hicieron a la justicia norteamericana, en un caso rodeado de dudas sobre la investigación, no sirvieron para nada. Pero la controversia volvió a salir a flote en un país donde los argumentos en favor del máximo castigo parecen debilitarse.

La pena capital contra Davis, de 42 años, se ejecutó a las 11:08 de la noche. Davis falleció a consecuencia de una inyección letal que le fue aplicada un cuarto de hora antes, en una silla a la que había sido atado. Hacía solo unos minutos se había dirigido a los familiares de su presunta víctima, Mark MacPhail. "Soy inocente -les dijo-. Lo que pasó esa noche no fue responsabilidad mía. Yo no tenía una pistola. Perdónenme".

Todo había empezado el 19 de agosto de 1989 en Savannah, en el estado de Georgia. Era de noche y la luna brillaba cuando MacPhail, un agente de la Policía que no estaba en horas de trabajo, caminaba por el parqueadero de un restaurante de la cadena de hamburguesas Burger King. De repente se produjo un atraco, se armó una pelea y se oyeron tiros. Al final se despejó el estacionamiento pero el cuerpo sin vida de MacPhail quedó tendido en el asfalto. Davis se econtraba en el lugar y poco después fue detenido por la Policía.

El proceso que se le siguió fue bastante discutible. Periódicos como The Washington Post y The New York Times han dejado claro que los investigadores les mostraron a los testigos una foto de Davis antes de ponerlos frente a un grupo de sospechosos del crimen. También han contado que, según ciertos testigos, un policía colega de MacPhail los intimidó al pedirles que declararan contra Davis. Por si fuera poco, las pruebas balísticas no coincidieron.

Uno de los datos que mayores dudas suscitaron sobre la transparencia del juicio tuvo que ver con el cambio de parecer de algunos testigos, pues de un total de nueve, siete se arrepintieron de su versión de los hechos. Pero ni siquiera eso logró que la justicia le perdonara la vida a Davis, cuyos abogados hicieron un último esfuerzo la víspera de la ejecución, cuando consiguieron, 40 minutos antes de la hora prevista para la inyección letal, que la Corte Suprema de Estados Unidos aplazara la ejecución.

No obstante, primó la opinión de William T. Moore, un juez de distrito, que por orden de la Corte había elaborado desde antes un expediente de 176 páginas en el que argumentó que no había evidencia suficiente que demostrara que las nuevas informaciones sobre las irregularidades del caso eran suficientes como para conmutarle la pena a Troy Davis. Este fue el último clavo en el ataúd del afroamericano, acusado de la muerte de Mark MacPhail.

Pero aparte de haber revivido la controversia sobre la pena capital, la ejecución de Davis atrajo la atención de medio mundo y de todo Estados Unidos. Amnistía Internacional pidió que no se llevara a cabo, y lo mismo hicieron la Unión Europea en Bruselas y el papa Benedicto XVI desde el Vaticano. En París, centenares de personas salieron a la calle con camisetas que decían "Todos somos Troy Davis", hubo llamamientos a la clemencia en Madrid y en otras capitales del Viejo Continente.

En Jackson, donde ocurrió la ejecución de Davis, casi mil personas corearon consignas contra la pena de muerte (cifra que contrastaba contra los poquísimos que se manifestaban a favor), e incluso conocidos partidarios de la pena capital, como el director del FBI en tiempos de Ronald Reagan y de George Bush, padre William Sessions, y el excongresista republicano por el estado de Georgia Bob Barr, dijeron que las evidencias no sonaban contundentes.

La polémica, sin embargo, va mucho más allá. ¿Tiene sentido que en Estados Unidos, la primera potencia del mundo, se siga aplicando la pena de muerte? La respuesta tiene matices sobre un castigo que se reinstauró en territorio norteamericano en 1976 por autorización de la Corte Suprema de Justicia y que actualmente se encuentra en vigencia en 34 estados de la Unión. No está en vigor en 16, que son Alaska, Dakota del Norte, Hawái, Illinois, Iowa y Maine, así como Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island, Vermont, Viginia Occidental y Wisconsin.

No parece honroso que un país de la civilización occidental mantenga la pena de muerte. Ningún miembro de la Unión Europea puede instaurarla, lo que quiere decir que Estados Unidos, si estuviera en el Viejo Continente, no sería aceptado en ese organismo. Y solo países tan poco democráticos como Irán, Arabia Saudí o Yemen lo acompañan en esa política. Otro de ese oscuro club es China, que jamás ha revelado la cifra real de cuántas personas mueren de esta forma.

Quienes favorecen la pena de muerte sostienen que la principal razón se centra en la proporcionalidad. Se refieren a la ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente), vigente desde la antigüedad en Babilonia, o al viejo aforismo de que el que a hierro mata, a hierro muere. Esa tesis respalda el hecho de que desde 1976 Estados Unidos haya aplicado en 1.270 ocasiones la máxima pena, bien en la silla eléctrica, bien mediante una inyección letal.

Con 474 muertes en los útimos 34 años, Texas ha sido el estado norteamericano que encabeza la lista. Su gobernador, Rick Perry, muy opcionado precandidato presidencial republicano, respalda este castigo. "Es la justicia máxima", dijo hace poco en un debate televisado. A Texas lo siguen Virginia, Oklahoma y Florida. Pero hay detalles, al menos curiosos, que huelen a racismo, como la circunstancia de que el 43 por ciento de quienes están en capilla son afroamericanos, dato sorprendente si se considera que la población negra no supera el 13 por ciento del total.

Además, los costos de mantener la pena de muerte son altísimos. El Death Penalty Information Center (Centro de Información de la Pena de Muerte) ha publicado números escandalosos. Uno de ellos es que al estado de California le cuesta 114 millones de dólares esta política. Otro es que el costo de cada ejecución en Carolina del Norte, incluido su trámite, es de dos millones anuales. Paralelamente, esta semana se supo qu el estado de Georgia le paga a Rainbow Medical Associates (Arco Iris Médicos Asociados) 18.000 dólares por la aplicación de la inyección letal.

Los puntos de vista de los que se oponen a la pena capital son de mucho peso. Para empezar, la criminalidad en los países donde existe no es más baja que en las naciones donde no existe. Esto significa que la pena de muerte no parece eficaz. Por otro lado, le niega al delincuente la capacidad de reinsertarse a la sociedad. Y para rematar, conlleva injusticias en numerosos casos, como pudo haber sido el de Troy Davis. Según el Innocence Project, en el 75 por ciento de las últimas 273 investigaciones en las que el análisis del ADN ha exonerado a un sospechoso en Estados Unidos, este habría muerto por una inyección debido al error de los testigos oculares.

En medio de este panorama, quizá una de las voces más autorizadas contra la pena de muerte es la de Eugene Robinson, columnista afroamericano de The Washington Post y ganador del Premio Pulitzer. El viernes, luego de registrar la ejecución en Texas del racista Lawrence Russell Brewer, quien confesó orgullosamente haber matado en 1998 a un negro al amarrarlo a la parte trasera de su camioneta y descuartizarlo mientras manejaba a toda velocidad, Robinson concluyó: "La pena de muerte es un anacronismo de la barbarie. Y el caso de Troy Davis es el mejor argumento contra ella, no por excepcional, sino justamente porque fue un caso común y corriente".