Ola de críticas a Gabriel Boric por indultos; los “beneficiados” suman más de un centenar de delitos previos al estallido social

El presidente chileno, Gabriel Boric, terminó diciembre de 2022 con un anuncio que despertó críticas desde diferentes sectores, algunos de los cuales incluso lo han exhortado para que se retracte. El mandatario hizo uso de una facultad especial que le concede su figura como jefe de Estado para indultar a un grupo de 12 personas, arrestadas durante el estallido social de 2019.

Adicional a la docena de detenidos se suma el exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna (de 48 años), quien fue condenado en 2003 a 16 años de cárcel, imputado por robo en una sucursal bancaria en la comuna de Pudahuel. En ese entonces, su defensa dijo que la sentencia se había basado en “pruebas falsas”.

En los últimos días, el veredicto del Ejecutivo no ha estado alejado de cuestionamientos, pues según ahondó El Mercurio, el Gobierno tuvo conocimiento de que por lo menos cinco de los 12 indultados tenían antecedentes penales previos a las protestas de 2019. Uno de los puntos en los que gira la discusión es cuán a detalle se analizó cada caso, y qué se tuvo en cuenta según el prontuario particular.

El beneficio que los dejó en libertad contempla varias salvedades bajo las cuales, por ejemplo, no puede aplicarse cuando el solicitante “no hubiere cumplido a lo menos dos tercios de la pena en los caso de reincidentes, de condenados por dos o más delitos que merezcan pena aflictiva y por los delitos de parricidio, homicidio calificado, infanticidio, robo con homicidio previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal y elaboración o tráfico de estupefacientes”.

En ese sentido, el exministro del Tribunal Constitucional chileno, Enrique Navarro, explicó que “esa facultad debe ejercerse de manera muy excepcional y a través de un acto administrativo debidamente fundado (decreto supremo) y que fundamente suficientemente las razones humanitarias u otras especialísimas que justifiquen el indulto”, recogió El Mercurio.

Más de un centenar de antecedentes

Uno de los indultos que ha generado mayor polémica es el otorgado a Luis Castillo, quien según Bio Bio Chile acumula cinco condenas y 26 procesos judiciales, aparte de su participación en el estallido social. Allí fue acusado de propiciar ataques en el Registro Civil de Copiapó y saqueos.

Al respecto; la titular de la cartera del Interior, Carolina Tohá, defendió la decisión de Gabriel Boric y compartió las palabras del propio mandatario, quien aseguró que no ponía en duda las atribuciones de la rama judicial. No obstante, la ministra comentó el que, a su juicio, hay claridad sobre el alcance de la medida.

“Cada vez que se indulta a alguien, se está indultando a alguien condenado, los indultos no son ni políticas de seguridad, ni reemplazan los procesos judiciales (...). Siempre son personas que tienen un reproche de la Justicia y son personas que no por ser indultadas dejan de tener ese reproche”, recogió Bio Bio.

Siguen reacciones encontradas

En defensa de los indultos también se unió el partido Apruebo Dignidad y otros legisladores felicitaron al mandatario por aplicarla. “Fue una lucha tremenda y un camino muy largo el cuál madres y familias tuvieron que recorrer para poder llegar a la libertad. Agradezco a nuestro presidente @GabrielBoric por otorgar indultos a nuestros presos como un acto humanitario y tal como lo prometió al asumir el gobierno”, dijo la senadora independiente Fabiola Campillai.

Sin embargo, las posiciones en contra se hicieron sentir entre otros parlamentarios como Fidel Espinoza, del Partido Socialista (PS) quien dijo en Radio Pauta: “Uno no puede poner las manos al fuego por algo tan delicado y poner en riesgo su investidura presidencial (...). Creo que donde el Presidente se equivoca es al decir que son personas que no cometieron delito”.

Otro opositor de la medida es el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, quien instó al mandatario a que marque una diferencia entre las tres ramas del Estado. “Presidente, la Constitución en art. 76 le prohíbe suplir la labor que realizan los tribunales, por lo que sería muy grave e inconstitucional ese fundamento. Por muy iluminado que se sienta y por mucha simpatía política que tenga con el imputado, usted no es el llamado a impartir justicia”.

Gabriel Boric asegura que para él fue una decisión “muy meditada, algo que no es sorpresa, un compromiso, yo cumplo mis compromisos a 13 personas (...). En declaración a la prensa agregó que Chile debía “sanar sus heridas”, por el “bien de la patria”.

Esta es la baja tasa de aprobación con la que Gabriel Boric, presidente de Chile, cerró el 2022

Gabriel Boric, el presidente de Chile, no cerró muy bien el 2022, año en el que ascendió al poder en su país, pero que estuvo marcado por una serie de hechos que han significado importantes caídas en sus niveles de popularidad.

Precisamente, así lo refleja una reciente medición de popularidad realizada por la firma Cadem, en la que se plasmó la aprobación con la que Boric Font cierra sus primeros 10 meses al frente de la Casa de la Moneda como cabeza del gobierno de su país.

Según recoge el balance de Cadem, Boric apenas llegó al 36% de popularidad entre la población de su país, de acuerdo con una medición realizada en las últimas semanas y que, incluso, según refieren medios locales de ese país, se trata de un porcentaje 14% más bajo que el alcanzado por su antecesor, el expresidente Sebastián Piñera transcurrido el mismo tiempo de su segundo mandato.}

En ese mismo sentido, el 36% de Boric también refiere 11 puntos porcentuales más bajo que lo registrado por la expresidente Michelle Bachelet durante su segundo gobierno en Chile.

Si bien el 36% reflejado en la medición muestra un promedio de lo transcurrido durante el 2022, medios locales también refieren que actualmente la popularidad de Boric podría estar aún más baja, señalando que estaría por el orden del 30%, refiriendo a su vez una desaprobación del 61%, lo que significa una caída de 5 puntos frente a la anterior medición.

Según medios chilenos, la encuesta también buscó sondear los niveles de aprobación de algunos de los principales proyectos y reformas que hacen curso por parte del Gobierno actual, siendo uno de los más polémicos precisamente el que refiere la reforma de las pensiones.

Así, la reforma pensional planteada por el Gobierno alcanza una aprobación de apenas el 40%, significando a su vez que la popularidad de la propuesta sigue en declive al haber perdido 4 puntos porcentuales de aprobación.

En ese sentido, la desaprobación a la propuesta llegó al 45%, lo que refiere la suma de un punto porcentual a la medición.

Así, el 48% de los encuestados, 2% menos que en la anterior encuesta, se manifestaron de acuerdo con la propuesta de que la responsabilidad de redactar el nuevo texto de la Carta Magna, recaiga en un grupo de 50 personas elegidas popularmente, a las que se sumaría un equipo técnico de 24 expertos nombrados por el Gobierno. No obstante, la contra parte, el desacuerdo, ha llegado al 47%.

La encuesta también ha reflejado un creciente desinterés de la población por el tema del cambio de constitución, mostrando que apenas un 35% de los consultados manifestó estar interesado en el proceso.

Aunque aún es demasiado prematuro, en tanto Boric aún no completa ni su primer año en el poder, la encuesta también midió preferencias de cara a las próximas elecciones presidenciales, entregando el favoritismo a José Antonio Kast, con el 13% de los votos, seguido por Evelyn Matthei con el 9%, mientras que el 54% no sabe o no respondió la pregunta. En el caso de Kast, este quedó segundo en las elecciones en las que Boric resultó vencedor.