ONG asegura que 160 presos han muerto en las cárceles de El Salvador, tras medida de excepción decretada por Bukele

La Organización No Gubernamental, Cristosal, fundada por los obispos anglicanos Justo Martin Barahona y Richard Bower, quienes la iniciaron como un mecanismo para que individuos e iglesias de América del Norte construyeran relaciones y compartieran recursos con la iglesia anglicana de El Salvador, publicó el informe “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”.

El informe acusa que el régimen de excepción es una medida permanente de represión, en el marco de una carencia de políticas integrales de seguridad.

Así mismo, dice que esta medida “no ha sido temporal y excepcional conforme al marco constitucional, sino un mecanismo permanente de represión y violación a derechos constitucionales que constituye, en la práctica, la única herramienta o estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ante la evidente ausencia de políticas integrales de seguridad”.

Dice además que la prevención, la atención a víctimas, la resocialización y la rehabilitación no forman parte de la estrategia de seguridad del actual Gobierno; aunque el Plan Control Territorial incluye en la fase II la Prevención Social, no hay documentos que desarrollen sus contenidos, el enfoque, las acciones y las metas en este ámbito, ni ejecución presupuestaria significativa sobre estos aspectos.

Cuenta también que el régimen de excepción se inserta en una estrategia de populismo punitivo y propaganda gubernamental que se caracteriza por la opacidad.

Dice además que es evidente que a la par de miles de detenciones arbitrarias, el Gobierno ha utilizado una retórica de mano dura sintetizando en el mensaje de “guerra contra las pandillas” que pretende manipular a la opinión pública, y que supone la instrumentalización del derecho penal bajo la lógica del “enemigo interno”.

“Para desarrollar esa estrategia, el Gobierno ha recurrido a la opacidad en sus negociaciones con pandillas, en las cifras estadísticas de homicidios y otros delitos, en las muertes bajo custodia del Estado, en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y cualquier información que permita a la ciudadanía contrastar el discurso oficial con la realidad. Esto ha supuesto también el ataque contra la prensa y organizaciones de derechos humanos para evitar contrastar la información”, dice el informe.

También hay una alerta sobre la cantidad de muertes de personas que se han dado por violencia, negación de asistencia médica y desnutrición, mientras se encontraban bajo la custodia del Estado.

“Existe evidencia sobre decenas de personas detenidas bajo el régimen de excepción que han muerto a causa de torturas o lesiones gravísimas infligidas mientras estaban bajo custodia del Estado”, manifiesta el documento.

Casos de asfixia, quebraduras, numerosos hematomas, laceraciones e, incluso, perforaciones en los cadáveres han sido documentados por el propio Instituto de Medicina Legal o mediante fotografías.

Casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios bajo el régimen de excepción fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles muertes violentas o muertes sospechosas de criminalidad.

Casi un quinto de estas muertes se debió a patologías que evidencian deliberada negligencia para brindarles asistencia médica, medicamentos e, incluso, alimentos, aún a pesar de que muchas de estas personas documentaron su condición de enfermas crónicas; en cinco de los casos la causa de muerte confirmada fue desnutrición y anemia severa. Ninguna de estas personas había sido declarada culpable en juicio por ningún delito.

La mayoría de las víctimas mortales del régimen fueron hombres jóvenes.

El número de víctimas mortales del régimen de excepción podría ser mucho mayor, ya que existe evidencia de personas fallecidas dentro de los centros penitenciarios cuyos cadáveres han sido sepultados en fosas comunes de cementerios locales, sin que se haya notificado a los familiares. Las autoridades penitenciarias no notifican a las familias sobre estos fallecimientos, por lo que estas se enteran únicamente cuando intervienen funerarias privadas.

Aunque Cristosal ha confirmado 153 casos de muertes arbitrarias dentro de las prisiones en el marco del régimen de excepción, resulta muy difícil establecer una cifra exacta de estos decesos, dada la restricción de acceso a la información en torno de estos casos por las autoridades penitenciarias.

A lo anterior se suma la ausencia de información sobre la práctica de autopsias, o el contenido de los dictámenes forenses y hospitalarios, los cuales en los pocos casos que son notificados a los familiares usualmente se caracterizan por su ambigüedad respecto a las causas de las muertes (situación que, en ocasiones, contrasta con las evidencias de violencia física en los cadáveres de las víctimas). Estas circunstancias han generado serias dudas sobre la objetividad de tales dictámenes.