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ONG registra un aumento de 148 % en casos de tortura en Venezuela durante 2021
La cifra es la segunda más alta en los 33 años que lleva trabajando la organización Provea.
Los casos de tortura en Venezuela aumentaron un 148 % durante 2021, según un informe presentado el miércoles por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que cifró en 241 las presuntas víctimas.
“Se logró registrar durante 2021, 241 presuntas víctimas de tortura a nivel nacional y eso significó un aumento importante del 148 % con respecto al año anterior”, indicó la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González.
La cifra es la segunda más alta en los 33 años que lleva trabajando la organización. La primera se registró en 2019 cuando hubo más de 500 presuntas víctimas de torturas.
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“El aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación”, alertó la organización.
La Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con sede en el este de Caracas sigue siendo señalada como otro de los centros donde se cometen torturas.
La organización reiteró que “la alta letalidad en el accionar de la Fuerza Pública continuó en 2021″ y que 1.414 personas fueron “asesinadas” por policías y militares en todo el país, 50 % menos que en 2020, cuando se registraron 3.034.
Esto “evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida”, añadió.
Tras los casos registrados queda demostrado que el Estado venezolano “carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes” y violaciones a derechos humanos, dijo la ONG.
Corte Interamericana analizará violación de derechos de Capriles en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que remitió el caso de Capriles a la Corte IDH tras concluir que, durante las elecciones presidenciales de 2013, el Estado venezolano violó garantías judiciales y diversos derechos consagrados en la normativa interamericana.
Capriles fue candidato presidencial en Venezuela en las elecciones del 14 de abril de 2013, cuando perdió frente a Maduro por una diferencia del 1,49 % de los votos.
La CIDH consideró que ese proceso electoral se dio en medio de un “uso inadecuado de recursos públicos” para apoyar la campaña de Maduro, y “un acceso marcadamente inequitativo” del candidato oficialista a los medios de comunicación estatal.
Señaló también “acciones de represalia contra la oposición política”, constató la “existencia de múltiples irregularidades durante la votación” y observó la “falta de independencia” del Consejo Nacional Electoral (CNE) que debía supervisar los comicios.
Destacó además que la solicitud de auditoría de los votos que presentó Capriles ante el CNE, así como los recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron rechazados.
“Con base en dichas consideraciones, la Comisión concluyó que se vulneró el derecho de Henrique Capriles de participar en condiciones de igualdad en las elecciones presidenciales”, indicó la CIDH en un comunicado.
Como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH, con sede en Washington, investiga casos que presenta a la Corte cuando establece que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los Estados.
Los fallos de la CIDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
Capriles fue inhabilitado en 2017 para ejercer cargos públicos durante 15 años.
Maduro sigue en el poder en Venezuela desde 2013, tras reelegirse en cuestionadas elecciones en 2018.
*Con información de la AFP.
