ONU denuncia desapariciones y capturas ilegales en la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua

Un grupo de expertos de la ONU denunció este miércoles que la campaña de desapariciones y detenciones arbitrarias de opositores iniciada en Nicaragua tras las protestas de 2018 continúa en la actualidad, con al menos 427 arrestos desde 2021. Todo esto en el marco de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes por años han adelantado una dura represión contra sus opositores.

En una carta dirigida a las autoridades del régimen en Nicaragua, estos expertos instaron “a liberar a las personas detenidas por sus críticas (...) y a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su suerte y paradero”, dice el texto en el que se le pide a la dictadura terminar con la represión que ha ahogado al país durante los últimos años.

Desde las masivas protestas opositoras de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses según la ONU, el gobierno de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han endurecido la represión contra los disidentes, las oenegés y la Iglesia, a quienes acusan de tener pactos entre sí y hacer complots para intentar derrocar a la administración autoritaria que está en el país centroamericano desde 2007.

Los expertos de la ONU aseguran que en el país y desde el gobierno de Ortega, existe un “patrón claro y deliberado” mantenido hasta la actualidad “para eliminar y silenciar las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas”.

Las cifras no dejan de ser aterradoras también, ya que se asegura que al menos 427 personas han sido arrestadas desde 2021, afirma este grupo, que denuncia que las condiciones de los detenidos por el régimen del mandatario de izquierda radical “se deterioran aún más, lo que tiene un impacto profundo en su salud física y psicológica”, cita el texto dado a conocer este miércoles.

Entre los abusos que recogen figuran la negación de “las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares” o el mantenimiento de algunos disidentes en prisión una vez ya han cumplido sus condenas que les fueron impuestas por cuenta del régimen y que muchas veces se extienden por varios años.

También señalan que muchas veces los familiares desconocen el paradero o la situación de los detenidos y reciben informaciones contradictorias sobre la cárcel donde se encuentran o incluso les niegan que hayan sido arrestados. Especialmente graves son las condiciones de detención en la prisión de La Modelo, aseguran, “donde los presos no tienen contacto con el mundo exterior y son sometidos a tortura y malos tratos”.

El martes, la oenegé de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más publicó un informe en el que recogía testimonios de 229 supervivientes de tortura en este país, con métodos como golpizas, asfixia, descargas eléctricas o desprendimiento de uñas o piezas dentales. Las autoridades de Nicaragua consideran que las protestas opositoras de 2018 fueron un intento de golpe de Estado propiciado por Estados Unidos.

*Con información de la AFP.