ONU denuncia hasta 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

El informe de Michelle Bachelet, que abarca los últimos 18 meses, se publica después de su viaje al país sudamericano en junio y se basa en más de 550 entrevistas realizadas por su oficina de defensores de derechos humanos, víctimas, testigos de violaciones a los derechos y otras fuentes. Bachelet y sus equipos tuvieron cerca de 160 reuniones con actores del Estado y de otro tipo. La misma Bachelet, expresidenta de Chile, se reunió con el presidente Nicolás Maduro el mes pasado.

Las autoridades del gobierno de Maduro contabilizaron 5.287 muertes durante operativos de seguridad que fueron clasificados como “resistencia a la autoridad”, además de otras 1.569 este año hasta el 19 de mayo, indica el reporte. También menciona números independientes del Observatorio Venezolano de Violencia de al menos 7.253 de homicidios del tipo el año pasado, además de al menos 2.124 entre enero y mayo de este año.

La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción "sorprendentemente elevada", alertó Bachelet. "Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles", replicó el gobierno venezolano.

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que "los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".

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La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018. "Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores" resalta Bachelet.

Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la AFP una portavoz, Ravina Shamdasani. "No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes", detalló.

Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada. Venezuela atraviesa una profunda crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países.

Entre más de 20 recomendaciones en temas como garantizar la libertad de prensa y proporcionar atención médica adecuada, Bachelet exhortó a desarmar y disolver los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”.

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El reporte de un observador ostensiblemente imparcial como Naciones Unidas se publica cuando la crisis política interna de Venezuela en años recientes ha dividido a la comunidad internacional. Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, muchos vecinos sudamericanos de Venezuela y naciones europeas, han reconocido a Juan Guaidó como el líder legítimo del país, aunque Maduro permanece en el poder.

El país vive además una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro. "El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas" explica el texto.

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela" replicó el gobierno de Maduro en sus 70 comentarios. Las autoridades venezolanas insistieron que el reporte ignoró visitas realizadas en marzo por observadores de la ONU a cárceles, hospitales, programas de vivienda pública y centros de distribución de alimentos y medicamentes, y dijeron que “omite en su totalidad sus logros y avances” en el campo de derechos humanos.

"El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición", añade.

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La situación es "compleja", admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados. Además de la disolución de las FAES y de los "colectivos", Bachelet recomienda la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar las ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

El texto describe la forma de operar de las FAES a partir de testimonios recogidos por la ONU en Venezuela. Según una veintena de esos testimonios, esas fuerzas especiales allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría. 

Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social" dice el texto. El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.

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Para el gobierno venezolano, el informe "nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país".

"Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", concluye Bachelet.

Con información de AFP y AP...