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ONU solicita a Nicaragua devolver la nacionalidad a los 300 ciudadanos apátridas
El régimen de Ortega retiró la nacionalidad a 222 presos que expatrió a Estados Unidos, quitándosela poco después a otros 96 nicaragüenses en el exilio por la supuesta comisión del delito de “traición a la patria”.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un llamado a Nicaragua para que libere a 37 personas que permanecen encarceladas “arbitrariamente” y para que restituya la nacionalidad de las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones del gobierno de Daniel Ortega.
“Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas (el obispo) Rolando Álvarez”, manifestó Brands Kehris, quien ha resaltado que el estado de salud del mismo se desconoce.
El pasado mes de febrero, el Gobierno retiró la nacionalidad a 222 presos que expatrió a Estados Unidos, quitándosela poco después a otros 96 nicaragüenses en el exilio por la supuesta comisión del delito de “traición a la patria”.
En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos instó a Nicaragua a derogar “toda legislación” que impida el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica.
La petición de Naciones Unidas tiene lugar después de que la oficina haya documentado “un patrón de violaciones” a las normas y estándares del debido proceso en los juicios llevados a cabo entre enero y febrero a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022.
Entre las “violaciones” se incluyen juicios a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su derecho a un abogado o abogada de su elección y el derecho a reunirse con él o ella en privado.
Además, algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnarlas, según relata la ONU en un informe.
La erosión de los Derechos Humanos en el país también se ha evidenciado en el aumento del número de personas que han abandonado el país, que alcanza más de 260.000 hasta la mitad del año pasado. Nicaragua tiene una población menor de siete millones de habitantes.
Ante esta situación, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD. HH. instó a la comunidad internacional, especialmente los que han recibido un gran número de nicaragüenses desde 2018, a que proteja de manera “eficaz” el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de sus necesidades.
“Saludamos el generoso gesto humanitario de aquellos Estados que han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que fueron despojados de la suya y que, en su mayoría, se encuentran ahora fuera de su país de origen. En estas difíciles circunstancias, deseo destacar la importancia de que se facilite, lo antes posible, la reunión de estas personas con sus familiares”, esgrimió Brands Kehris.
Gobierno de Nicaragua contra la Iglesia
Nicaragua ha prohibido las procesiones del viacrucis en todas las parroquias del país en medio de una ofensiva del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia católica, a la que el mandatario calificó la semana pasada de ser “una mafia”.
La Policía nicaragüense comunicó a las iglesias del país centroamericano la prohibición de llevar a cabo procesiones, si bien no ha trascendido un motivo concreto ni la duración de la medida, según informaron diversos párrocos al diario Confidencial.
“Los viacrucis se van a hacer meditados, pero dentro del templo. La procesión en la calle no”, aseguró al citado medio. Feligreses en la comunidad parroquial de la ciudad de Matagalpa, en el centro del país, detallando que los agentes amenazaron con cerrar la iglesia si llevan a cabo cualquier tipo de procesión fuera de la misma.
Anteriormente, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exigió “democracia en el seno de la Iglesia católica”, calificándola de “mafia organizada”, después de que el papa Francisco criticó la reciente condena de 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
*Con información de la AFP.
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