Operación asfixia en Brasil

Brasil respira LavaJato. Su olor se siente en las calles, en los buses, en el metro. En la radio suena sin cesar la propaganda “Brasil no aguanta más. Brasil no soporta más corrupción”. No pasa una semana en la que las calles brasileñas no se llenen de manifestantes: “Viva Lula”, “Fuerza, Moro”, “Fuera Temer”. En todos los rincones venden adhesivos, camisetas y muñecos inflables, tanto a favor como en contra de esas figuras públicas. La polarización se está comiendo al país, y lo más grave es que ese es el menor de sus problemas. La enorme inestabilidad de Brasil tiene en la cuerda floja al presidente Michel Temer, que repite incansable “¡No voy a caer!”, aunque la realidad política apunta a todo lo contrario.

El exdiputado Eduardo Cunha, artífice del impeachment de Dilma Rousseff, ya había advertido que si deciden hablar los directivos de JBS –el mayor frigorífico de América Latina, investigado por el Lava Jato–, sería “el fin de la república”. Y lo que sucedió el miércoles pasado podría darle la razón. El diario O Globo reveló el contenido de una grabación que está en manos de los fiscales de la Força Tarefa del Lava Jato, en la que supuestamente el presidente Temer da vía libre al dueño de JBS, Joesley Batista, para seguir comprando con sobornos el silencio del exdiputado Cunha, hoy condenado a 15 años de cárcel por el esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

El escándalo ha sido tal, que a las multitudinarias manifestaciones de apoyo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva –en proceso criminal por corrupción y lavado de dinero– se unieron las movilizaciones que piden la renuncia de Temer a la Presidencia. A pesar de que este insiste en que se trata de una “conspiración” en su contra, sus mayorías parlamentarias ya no serán suficientes para salvarlo de un impeachment (destitución) como el de su predecesora, Dilma Rousseff, quien tras salir del poder se dedicó a apoyar a Lula.

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El delito que cometió Temer en su mandato no solo es muy grave en sí mismo, sino que además desató aún más el malestar de la población, que ya había hecho huelgas contra las duras reformas neoliberales que adelantaba el Congreso. Entre estas estaba el aumento de la edad de jubilación y la disminución de varios derechos laborales. En otras palabras, mientras el presidente Temer sacaba adelante impopulares medidas de austeridad para contener la recesión, él mismo pedía a sus amigos pagar coimas para protegerse la espalda frente una inminente investigación en su contra. El mandatario lleva meses con apenas 9 por ciento de aprobación, y ahora todo indica que tanto los partidos de base como su propio partido (PMDB) lo van a abandonar.

Definitivamente el Lava Jato no ha dejado títere con cabeza. Y a un año de las elecciones presidenciales, la política brasileña está que arde. Ahora la réplica sacude a la capital, Brasilia, donde se desarrollan los procesos penales contra los políticos con fuero privilegiado, como ministros y congresistas. Sin embargo, el terremoto ha tenido consecuencias en todo el país y especialmente en su epicentro. Curitiba es una ciudad tranquila del sur brasileño. No alcanza los 2 millones de habitantes, no es congestionada como São Paulo o Río de Janeiro y es reconocida a nivel nacional por su gestión del espacio público. Pero la capital de Paraná tiene una característica particular: es la cuna de la Operación Lava Jato y el origen del sismo político que desde hace tres años sacude a Brasil.

El Partido de los Trabajadores (PT) resultó el primer salpicado, ya que en 2014 controlaba el gobierno y gestionaba los recursos de Petrobras. Pero solo con tocar esa pieza el castillo de arena empezó a desmoronarse. Mientras más escarban los fiscales, más podredumbre encuentran. Las redes corruptas no discriminaron ideología, clase social ni partido político. Y hoy –como lo demuestra el caso del presidente Temer– nadie se salva de la operación anticorrupción más grande de la historia brasileña. Más de 100 ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, empresarios y publicistas de todo el espectro político han quedado salpicados en medio de una telaraña, que cuando parece acercarse el final revive con nuevos hilos. Y lo peor de todo, en pleno corazón del poder.

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Lula al paredón

Uno de los casos que más ha molestado a los brasileños tiene que ver con el edificio Solaris, a orillas del mar en Guarujá, un exclusivo balneario paulista. Investigaciones periodísticas de O Globo revelaron el año pasado la existencia, en ese lujoso condominio, del apartamento tríplex 164-A, de 215 metros cuadrados, que supuestamente entregaron los directivos de la constructora OAS al expresidente Lula da Silva como pago por facilitar contratos con Petrobras. Así, contra todo pronóstico, el 19 de septiembre de 2016 el juez Moro abrió acción penal contra el gobernante más popular de la historia. Y el 10 de mayo lo interrogó por primera vez, en una audiencia privada que tomó tintes de confrontación política.

La Fiscalía acusa a Lula de beneficiarse del esquema de corrupción y desfalco de Petrobras entre 2004 y 2014, que según estimaciones produjo un hoyo de 14.000 millones de dólares en las arcas públicas. Las autoridades judiciales afirman que Lula habría recibido 1,2 millones de dólares en sobornos de la constructora OAS, casi todos en gastos del apartamento. El tríplex desató la pesadilla de Lula, que comenzó efectivamente la semana pasada, en el “Día D del Java Jato”, como lo llamó la prensa.

La audiencia paralizó Curitiba: las autoridades debieron desplegar un esquema combinado de seguridad con fuerzas de la Policía Civil, Militar, Federal y de Tránsito. Y no era para menos. Los seguidores de Lula esperaban a 50.000 manifestantes. Aunque las predicciones resultaron desfasadas, decenas de buses sí llegaron a Curitiba la noche anterior y un buen número de miembros del PT, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la Central Única de Trabajadores (CUT) acamparon detrás del terminal de buses rodeados de banderas rojas. Al día siguiente unas 5.000 personas, expectantes durante las casi cinco horas que duró el interrogatorio, esperaron a Lula concentradas en la plaza Santos de Andrade.

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Como era de esperarse, el expresidente llegó a la tarima listo para sacar todo su arsenal político. Afirmó con tono indignado que sobre el tríplex de Guarujá las autoridades no tienen ni una sola prueba en su contra y, con su estilo populista, reiteró que quiere ser juzgado “por el pueblo brasileño”. Nuevamente se declaró perseguido político de la Justicia Federal, y dijo casi sollozando: “Nadie en la historia de este país ha sido tan masacrado como yo. Si no fuera por su apoyo y solidaridad, no sé cómo lo soportaría”. Frente la tarima, la muchedumbre dejaba salir algunas lágrimas.

Entre banderas, fuegos artificiales y consignas de “¡Lula, guerreiro, do povo brasileiro!”, el exmandatario hizo vibrar el centro de Curitiba con un anuncio. La multitud ya no lloraba: gritaba eufórica. “Después de todo lo que está pasando, estoy diciendo fuerte y claro: quiero ser candidato otra vez”, confirmó. Tal como pronosticaron varios analistas brasileños a SEMANA, Lula aprovechó con creces la audiencia penal, pues, con pocas posibilidades de defenderse de forma creíble de las acusaciones, optó por convocar a las masas que lo adoran. Es que, en materia judicial, el expresidente tiene pocas cartas a su favor.

No solo hay fotos filtradas en las que Lula y su esposa, Marisa Letícia, aparecen en el tríplex con directivos de OAS, sino que el exdirector de la constructora Leo Pinheiro confirmó ante la Justicia que el apartamento fue un regalo para la familia Lula, remodelado a su gusto, y que, además, el expresidente le aconsejó destruir la evidencia de los encuentros de OAS con el extesorero del PT João Vaccari, condenado por corrupción a 40 años de cárcel. Asimismo, el exdirector de Petrobras Renato Duque sostuvo que Lula le recomendó cerrar su cuenta en Suiza para borrar cualquier prueba de los sobornos y añadió que el exmandatario no solo sabía del esquema de corrupción –basado en pagos del 1 y el 3 por ciento de comisión sobre el valor de los contratos–, sino que los “comandaba”.

Adicionalmente, el expresidente tiene otro proceso abierto por cuenta de 4,3 millones de dólares en supuestos sobornos de la constructora Odebrecht (en los que estarían la compra de un terreno para construir la sede del Instituto Lula, de un apartamento en São Bernardo do Campo y de una finca en Atibaia, cerca de São Paulo). En ese mismo marco, el experto en marketing João Santana –delator del Lava Jato– afirmó en “delación premiada” (un mecanismo parecido al principio de oportunidad) que Lula conocía todos los detalles de los dineros desviados de Petrobras, y que además era quien daba “la palabra final” sobre los pagos. Como si fuera poco, en el interrogatorio frente a Moro, Lula casó una pelea con la Policía Federal, que decidió procesarlo por “denuncia calumniosa”, con base en que Lula habría “insinuado” que los agentes federales “plantaron pruebas en su apartamento”.

El exmandatario está envuelto en cinco procesos criminales, y si siguen las delaciones premiadas –aunque él insista en que se trata de un complot en su contra–, lo más seguro es que las acusaciones se multipliquen. Según cuentas de la revista Veja, a Lula lo han acusado 17 veces por corrupción, 211 veces por lavado de dinero, 4 veces por tráfico de influencias, 3 veces por organización criminal y una vez por obstrucción a la Justicia. En caso de que lo condenaran en todas ellas –escenario bastante improbable– sumaría más de 100 años de cárcel. En otras palabras, el interrogatorio del 10 de mayo –cuando negó las acusaciones, afirmó que “el proceso es ilegítimo y la denuncia una farsa” y que solo asistió “por respeto a la ley y la Constitución”– es apenas la punta del iceberg.

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Un juez ‘popstar’

La “República de Curitiba”, expresión que usó Lula en una charla filtrada con Dilma Rousseff para decir que en esa ciudad solo es necesario un juez de primera instancia para desatar un proceso en su contra, ha dado de qué hablar en Brasil. Aunque Lula la usó peyorativamente, los paranaenses la acogieron como un honor. Curitiba, tradicional, religiosa y de derecha, ha sido históricamente un bastión antipetista (contrario al PT), y se enorgullece de ser la capital del Lava Jato y la cuna putativa del juez Sergio Moro –oriundo de Maringá–.

El juez es hoy el hijo preferido de la ciudad, y en tiendas, vehículos y ventanas se ve su foto acompañada por la frase “Moro orgullo brasileño”. SEMANA asistió a un evento organizado por el Observatorio Social, que solo se llenó cuando era el turno de Moro para hablar. Entre gritos y chiflidos de admiración, el auditorio lo ovacionó de pie. “Moro es todo un ‘popstar’”, comentó Luiz, uno de los asistentes.

Pero si bien el trabajo de la Força Tarefa del Lava Jato ha sido bastante revelador, lo cierto es que la politización de los órganos acusadores no beneficia a Brasil –y mucho menos con el presidente al borde del abismo–. El éxito y magnitud de los hallazgos “no legitiman que los miembros de la Fiscalía utilicen la operación para fines políticos, difundiendo la idea de que todo está podrido excepto (…) la Fiscalía, que sería, así, la salvadora de la patria”, como sostuvo un editorial del periódico Estadão.

En medio de su reciente popularidad los protagonistas de la “República de Curitiba” han cometido algunos excesos y armado peleas innecesarias. Una de las controversias se debió al debate sobre la prisión preventiva de los reos implicados. Las autoridades los han detenido con el argumento de que podrían seguir delinquiendo o destruir pruebas. Sin embargo, la defensa de los acusados acudió a las altas cortes para hacer efectivo el habeas corpus. Y el día en que el Supremo Tribunal estaba analizando los casos, la Fuerza de Tarea publicó rápidamente nuevas denuncias para que no pudieran salir de su celda. El magistrado del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, duro crítico del accionar de la operación, calificó el acto como “un jueguito juvenil”, y afirmó que los fiscales de Curitiba eran “jóvenes sin experiencia institucional”. Además, en días pasados la página Consultor Jurídico reveló que la hija del fiscal general, Rodrigo Janot, es una de las abogadas de la petroquímica Braskem y de OAS, ambas investigadas por la Justicia.

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País tropical

Nadie niega que es necesario que el Lava Jato siga teniendo efectos moralizadores. Sin embargo, los problemas del gigante suramericano sobrepasan la operación. Entre huelgas y manifestaciones, hoy Brasil enfrenta una crisis política, social y económica sin precedentes. La tasa de desempleo se acerca al 14 por ciento con más de 14 millones de desocupados y, como si fuera poco, las predicciones no producen esperanza. Los analistas afirman que en caso de que no se logre una reforma económica, para 2022 los recursos del Tesoro Nacional podrían estar completamente en rojo. Sin contar, además, con que lo más seguro es que las propuestas de austeridad de Temer no prosperen.

No hay duda de que el terremoto del Lava Jato va a seguir teniendo réplicas. Tras dos mandatos exitosos, Lula salió del Palacio de Planalto con una aprobación superior al 80 por ciento. Entre 2003 y 2010 logró crearse fama de defensor del pueblo, propulsor de la economía nacional y la cara del brillante futuro de Brasil. Cuando quedó implicado en el Lava Jato todo indicaba que su imagen de héroe nacional se iba a desvanecer. Pero el “Día D” demostró que el expresidente está lejos de salir de la arena política. Por el contrario, su intención de voto sigue subiendo y en el último año pasó de 21 a 29 por ciento, mientras los demás posibles candidatos (como la ecologista Marina Silva, el diputado Jair Bolsonaro e incluso el juez Moro) no superan el 11 por ciento.

El pesimismo en Brasil es tal que las conversaciones en São Paulo son del tipo “yo ya no creo en los políticos, todos tienen rabo de paja” o “antes exportábamos futbolistas de alto rendimiento, hoy exportamos corrupción. Este país está jodido”. La frase “todos roban” echó raíces en el imaginario colectivo. Y ese es, precisamente, el principal punto a favor de Lula y la explicación de su paradoja. Los electores están dejando de lado la cuestión ética para hacer un cálculo de costo-beneficio, “que roben, pero que hagan”. Lula le entregó a Dilma un país que crecía a ritmo asiático, y las clases populares vivieron épocas de bonanza. Es cierto que la fase número 40 del Lava Jato, bautizada la Operación Asfixia, parece hacerle honor a su nombre, sobre todo en el caso de Lula da Silva. Pero no cabe duda de que aunque el ídolo tambalea aún no cae. Y mucho menos ahora, pues por cuenta del nuevo escándalo que puso a Temer contra las cuerdas es muy posible que el nombre Lula termine catapultado en los sondeos –y, quién sabe, tal vez también en las urnas–.