Organizaciones de DD. HH. denuncian “escenario de terror” en El Salvador; guerra contra pandillas deja cientos de presos muertos

La situación de derechos humanos en El Salvador siegue siendo cuestionada por varias organizaciones encargadas de hacer seguimiento al trato que han recibido los miles de detenidos que ha anunciado el gobierno de Nayib Bukele en medio de las operaciones contra las pandillas en ese país.

Cristosal es una de esas organizaciones de defensa de los derechos humanos que ha levantado la mano para señalar que en esta nación se están cometiendo abusos por parte de las fuerzas del estado y ha descrito, lo que sucede allí, como un régimen de terror.

A esta conclusión llegó la organización luego de realizar entrevistas a varias de las personas que en un principio fueron detenidas, llevadas a prisión y luego liberadas.

Cristosal pudo constatar, luego de una investigación exhaustiva, que al interior de las cárceles se han registrado muertos por cuenta de “torturas, golpes, asfixia mecánica por estrangulación, lesiones o simplemente dejados morir por falta de atención a padecimientos mortales”, según información recogida por El País de España.

Según la principal organización de defensa de los derechos humanos de El Salvador, familiares de fallecidos, informes forenses y personas que estuvieron detenidas y luego fueron declaradas inocentes, pudieron constatar lo que han denominado como un “escenario de terror” desde que Nayib Bukele declaró el estado de excepción.

Dentro de la investigación, se contrasta la información entregada por las autoridades de ese país, las cuales aseguran que la información que tienen en su poder es reservada y que las muertes que se han presentado en los penales han obedecido a causas naturales, algo totalmente contrario a lo que denuncia Cristosal.

“Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado. La suspensión de derechos y la militarización ya no es una excepción, sino una norma que incide en la vida de todos los salvadoreños”, señaló al medio español el director de Cristosal, Noah Bullock.

Según esta organización, son 153 los presos que han resultado muertos mientras han estado bajo custodia del Estado entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. Cristosal señala que de esas muertes, 29 se produjeron de forma violenta y otras 46 están siendo investigadas por “probable muerte violenta” o sospecha “de criminalidad”.

Nueva ofensiva contra las pandillas

Este informe de Cristosal se da justo después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una ofensiva contra el resto de integrantes de las violentas pandillas que siguen operando y que hace doce días asesinaron a un policía.

“Aunque estamos ganando decisivamente la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras” ilegales, afirmó el gobernante en su cuenta de Twitter.

El pasado 16 de mayo, miembros de una de esas agrupaciones asesinaron al agente Maximino Vásquez lo que obligó a las autoridades a implementar un cerco militar que condujo a la captura de varios pandilleros acusados de su presunta participación en el crimen.

Tras el asesinato, Bukele ordenó un cerco con 5.000 soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción, de unos 30.000 habitantes, en el departamento de Chalatenango, unos 80 km al norte de la capital San Salvador.

El objetivo de esa ofensiva es “para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, puntualizó.

Tras el crimen, el gobernante prometió que los involucrados “pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe (policía)”.

Con la imposición del cerco militar, según Bukele, lograron destruir “su clica (célula), arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder” y el viernes fueron arrestados “los 3 asesinos”, uno de ellos en un poblado guatemalteco cercano de la frontera salvadoreña.

Los ahora detenidos “nunca más volverán a causar terror” en el país, sentenció.

Las autoridades salvadoreñas mantienen una “guerra” contra las pandillas amparada en un régimen de excepción que fue declarado originalmente por el parlamento, a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas, del 25 al 27 de marzo de 2022.

Desde entonces han sido detenidos 68.720 presuntos pandilleros, aunque unos 5.000 han sido liberados por no estar vinculados a estas bandas, según el gobierno.

La cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele.