Organizaciones de derechos humanos rechazan la represión contra manifestantes en Perú

Desde que el Congreso destituyó a Martín Vizcarra el 9 de noviembre, miles de personas se han tomado las calles para protestar en contra de la decisión y desconocer el gobierno interino de Manuel Merino. Las autoridades han respondido a la movilización con brutalidad. Por ello, organismos de derechos humanos alzaron su voz el viernes contra la represión a los manifestantes en Perú, luego de que una docena de personas resultaran heridas. Entre las víctimas hay dos heridos con “armas de fuego” en Lima tras las masivas marchas del jueves en la noche.

“Preocupado por las noticias que recibo de Perú”, tuiteó a primera hora Michael Forst, exrelator especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo de Perú exigió este viernes “Cesar de forma inmediata uso de gas lacrimógeno y perdigones contra ciudadanas/os que ejercen su derecho a manifestarse”.

“Muy preocupantes los relatos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Perú. La policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar”, indicó en otro tuit José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch.

Por tercer día consecutivo, miles de peruanos salieron a pie, en bicicleta y en automóvil la noche del jueves en Lima y otras ciudades en rechazo a Merino, expresidente del Congreso que tomó posesión del cargo el 10 de noviembre.

La protesta en la céntrica plaza San Martín de Lima transcurrió de manera pacífica unas cuatro horas, hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse a la sede del Congreso, símbolo de la ira de los peruanos por haber destituido a Vizcarra. Los policías dispararon perdigones y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, observaron periodistas de la AFP.

Los heridos por armas de fuego son Percy Pérez Shapiama, de 27 años, quien recibió un impacto en el abdomen que le causó tres perforaciones por lo que fue operado y está en estado de gravedad. Otro de los heridos es Luis Aguilar Rodríguez, de 26, que recibió un impacto en el tórax que no requirió cirugía y permanece estable, según responsables de salud.

“Aparentemente es un perdigón”, dijo el ministro de Salud, Abel Salinas, sobre el proyectil que hirió a Pérez, aunque indicó que hay que esperar los peritajes oficiales.

Un fotógrafo de la AFP recibió impactos de perdigones en un brazo y una pierna en la marcha en la Plaza San Martín. También han reportado que otros periodistas han sido heridos, como Alfonso Balbuena Bellatín del medio peruano Ojo Público.

Las autoridades no han divulgado balances de lesionados ni detenidos, pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que, además de Pérez y Aguilar, otras 12 personas sufrieron heridas. Entre ellas una que recibió perdigones en el rostro y ocho manifestantes detenidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, había expresado el jueves su “preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial”.

También el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, había llamado a las autoridades peruanas a garantizar el derecho a la reunión pacífica, tras asegurar haber recibido “información inquietante” sobre el actuar de la policía.

Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el Parlamento destituyó al ahora expresidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”. Al presidente lo acusan de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (unos 650.000 dólares) cuando era gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Esto lo habría hecho a cambio de la concesión de obras públicas, específicamente de un hospital al consorcio ICCGSA-Incot y un sistema de riego a Obrainsa-Astaldi. Las investigaciones, que apenas empiezan, se basan en los testimonios de cuatro personas que aspiran a colaborar con la Fiscalía en el caso del llamado ‘Club de la construcción’.

A pesar de las sospechas de corrupción, amplios sectores de la población rechazan la destitución pues se cree que ha sido una movida política del Congreso para asegurarse el ejecutivo con Manuel Merino a la cabeza. Una reciente investigación del medio independiente El Foco señala que 68 miembros del legislativo tienen investigaciones abiertas por delitos que van desde lavado de activos hasta homicidio y corrupción. Analistas y críticos del Congreso señalan que buscan intervenir en las investigaciones. Asimismo, afirman que los parlamentarios intentarán adelantar sus intereses particulares deteniendo reformas en curso, como la de la educación, e influyendo en las próximas designaciones del Tribunal Constitucional.

*Con información de AFP