“Ortega es un dictador”: Departamento de Estado de EE. UU. tras arresto de opositores en Nicaragua

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas a cuatro funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente Daniel Ortega, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo, luego de una serie de arrestos de opositores denunciados por Washington.

El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo “al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”.

Además de Ortega Murillo, hija del presidente y de la vicepresidenta Rosario Murillo y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, otros tres allegados al mandatario fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Ellos son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y el general Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército nicargüense.

A los cuatro se les bloquea todo activo que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y se les prohíbe de toda transacción con individuos y entidades estadounidenses.

Las sanciones del Tesoro se producen después de que el gobierno nicaragüense detuviera en los últimos días a cuatro opositores aspirantes a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Ortega podría postularse para un cuarto mandato.

El gobierno estadounidense del presidente Joe Biden dijo el martes que los arrestos confirman que el mandatario es un “dictador”, y pidió a la comunidad internacional que “lo trate como tal”.

“Estados Unidos llama al presidente Daniel Ortega y al gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a los candidatos presidenciales”, “así como a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido arrestados durante la semana pasada”, dijo el miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Advirtió que tanto Ortega como “quienes ejecuten sus órdenes autoritarias” serán considerados personalmente “responsables de la seguridad y el bienestar” de los detenidos.

“Estados Unidos continuará usando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión”, agregó Price, en una velada amenaza de nuevas sanciones.

“Las acciones del presidente Ortega perjudican a los nicaragüenses y empujan al país a la tiranía”, dijo la directora de la OFAC, Andrea Gacki. “Estados Unidos continuará denunciando a los funcionarios que ignoran la voluntad de los ciudadanos”, agregó.

Los cuatro precandidatos presidenciales detenidos a cinco meses de los comicios del 7 de noviembre son la periodista Cristiana Chamorro Barrios; su primo, el empresario Juan Sebastián Chamorro García; el académico y activista político Félix Maradiaga, y el exdiplomático Arturo Cruz.

También fueron arrestados el dirigente empresarial José Aguerri y la líder de la sociedad civil Violeta Granera. Las detenciones se dan en el marco de leyes sancionadas durante el gobierno de Ortega para proteger la independencia y la soberanía.

Ante esta situación, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este miércoles suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por lo que consideró una “arremetida sin precedentes” del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores.

En una carta divulgada en su cuenta en Twitter, Almagro consideró que en Nicaragua se produjo una “alteración del orden constitucional” según estipula la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad.

Además, recordó que Nicaragua incumplió la resolución de la última Asamblea General de la OEA, en octubre pasado, por la cual se fijó mayo de este año como plazo para la implementación de reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes en el país centroamericano.

*Con información de la AFP.