Países Bajos impide vuelo a delegación de Maduro que viajaría a la Corte Penal Internacional

Venezuela denunció este lunes (13 de diciembre) que el gobierno de los Países Bajos negó los permisos a un vuelo que trasladaría a delegados del presidente Nicolás Maduro a La Haya para un encuentro con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.

“Los Países Bajos aduciendo (...) estratagemas han impedido el traslado efectivo y seguro de nuestra delegación, han puesto condiciones de imposible cumplimiento”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al frente de la delegación.

Rodríguez indicó que el encuentro, programado para este 14 de diciembre, forma parte del memorando de entendimiento firmado durante la visita del fiscal Khan a Venezuela en noviembre pasado, tras la cual se acordó una investigación contra el país por posibles crímenes de lesa humanidad durante protestas en 2017.

“Venezuela eleva su más enérgica protesta contra el gobierno del reino de los Países Bajos por esta afrenta ilícita, ilegal, que violenta todo el ordenamiento jurídico internacional”, expresó la vicepresidenta.

Rodríguez señaló que la cancillería de Países Bajos les comunicó que “no tienen suficientes pruebas para examinar la seguridad y protección de las aeronaves” donde se trasladarían los funcionarios venezolanos.

Al parecer, el Gobierno holandés argumentó que no puede dar protección a aeronaves en cumplimiento de las normas internacionales.

“Nuestra delegación sería trasladada en un vuelo no comercial de Conviasa (aerolínea estatal sancionada por Estados Unidos), en un vuelo oficial, con condición de vuelo diplomático, este avión se mueve por el mundo”, señaló Rodríguez.

Indicó que esa misma aeronave recibió autorización el pasado 9 de abril, por lo que la decisión del Gobierno holandés “está violentando el acuerdo entre el TPI y el estado anfitrión”. “Están impidiendo que una alta autoridad se traslade a una reunión de trabajo presencial con el fiscal del TPI”, subrayó.

Rodríguez se refirió así a los acuerdos firmados entre el TPI y el país anfitrión, entre los que destaca que los representantes de los Estados miembro “no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar el desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte”.

La declaración de la vicepresidenta de Venezuela fue recogida por medios de comunicación nacionales e internacionales como NTA.

Rodríguez indicó, además, que ante la imposibilidad de viajar a La Haya han ofrecido opciones para que el fiscal Khan pueda “realizar la reunión de trabajo en otro país que sea de fácil traslado para él”.

“Es vergonzoso lo que está ocurriendo, ante esta situación el presidente Nicolás Maduro ha instruido informar a todas las instancias internacionales para pautar esta reunión en otro país y poder cumplir con el acuerdo”, señaló.

Agregó que “hay cinismo y engaños detrás de esta decisión, no pueden poner impedimentos para que un Estado se traslade a cumplir una agenda de trabajo entre la CPI y Venezuela”.

La delegación estaría encabezada por Delcy Rodríguez: “Sin embargo, los Países Bajos ha impedido el traslado seguro y efectivo de nuestra delegación, han impuesto condiciones de imposible cumplimiento”, señaló.

Otra de las opciones que le había brindado Países Bajo a Venezuela sería la de utilizar una aeronave que se encuentra en mantenimiento hasta el año que viene y que no puede exceder los 5.000 kilómetros.

Se conoció que esta situación será informada al secretario General de la ONU, António Guterres, “por violentar la Carta de la ONU”. Además, se informará de los hechos a presidenta de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, Silvia Fernández de Gurmendi.

La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes, caso que ahora pasa a la próxima fase.

“Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo”, comentó el fiscal de la CPI, Karim Khan, señaló el pasado 3 de noviembre al anunciar la apertura de investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro.

Unos 150 efectivos policiales y militares han sido imputados por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

La CPI tiene otro caso de Venezuela en etapa preliminar, interpuesto por el gobierno de Maduro, que en febrero 2020 pidió investigar como crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos contra el país. La institución aún debe decidir si abre un examen preliminar.

“Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”, indicó por su parte Maduro.

El mandatario aseguró que está en desacuerdo con la decisión porque en “Venezuela se garantiza la justicia”, pero que trabajarán para demostrarlo.

*Con información de AFP y Europa Press