Panamá anuncia el cierre de operaciones de minera canadiense que provocó manifestaciones

Las actividades han concluido en la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, de la compañía canadiense First Quantum Minerals, manifestó este martes el ministro de Comercio de Panamá, Jorge Rivera.

“Las actividades de extracción, procesamiento y comercialización del mineral han terminado por completo”, afirmó Rivera durante una conferencia de prensa destinada a presentar el detallado plan de cierre de la mina. La urgencia de la situación llevó a la declaración de un cierre inmediato de las operaciones, marcando un hito significativo en el ciclo de vida de la mina.

Sin embargo, se destacó la necesidad de llevar a cabo actividades mínimas destinadas a la preservación ambiental y la gestión segura de las instalaciones, reconociendo que ciertos aspectos no pueden ser concluidos de manera abrupta.

Aunque no dio fechas exactas, según el funcionario panameño, el Gobierno tiene la intención de iniciar la elaboración de un plan de cierre de la mina en el segundo trimestre de 2024. First Quantum cesó operaciones en Panamá después de que el pasado 28 de noviembre la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo al que había llegado con el gobierno para explotar la mina por 20 años prorrogables.

La resolución judicial que llevó al cierre de la mina tuvo lugar después de más de un mes de continuas y masivas protestas en contra del acuerdo establecido entre el Gobierno y la empresa canadiense para prolongar las operaciones, que se habían iniciado en 1997 en el territorio centroamericano.

Este periodo de tensiones sociales y movilizaciones refleja la intensidad del descontento y la preocupación de la población ante la continuidad de las actividades mineras.

La mina de cobre a cielo abierto, considerada la más grande de Centroamérica, se encuentra estratégicamente ubicada en el Caribe panameño.

Hasta el año 2019, la mina generaba aproximadamente 300,000 toneladas de concentrado de cobre anuales, desempeñando un papel crucial al representar el 75 % de las exportaciones panameñas y contribuir con el 5% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Este cierre, por ende, no solo tiene repercusiones inmediatas en la economía panameña, sino que también plantea desafíos significativos para la reconfiguración de la estructura económica y las fuentes de ingresos nacionales.

Además, daba empleo directo a 7.000 trabajadores e indirecto a otros 33.000. Sin embargo, grupos ambientalistas y organizaciones sindicales acusaron a la minera de producir daños severos en el medio ambiente. El contrato también contemplaba aportes al Estado de al menos 375 millones de dólares anuales, 10 veces más que el acuerdo original, pero sus detractores consideraron insuficientes estas regalías.

La compañía, en un giro sorprendente de eventos, ha comenzado a realizar los pagos de las liquidaciones a miles de trabajadores desde el pasado sábado. Este hito marcó el inicio de un proceso más amplio y complejo que la empresa ha desencadenado: un proceso arbitral internacional que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos. Este procedimiento se basa en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

La decisión de la empresa de someter la controversia a un arbitraje internacional implica que busca resolver las disputas de manera legal y conforme a las disposiciones establecidas en el tratado bilateral. Sin embargo, para Panamá, esto podría traducirse en un escenario desafiante, ya que si el país resulta perdedor en este arbitraje, se enfrentaría a la posibilidad de tener que desembolsar indemnizaciones multimillonarias a la empresa canadiense.

*Con información de AFP.