Pandillero se metió en un ataúd y fingió estar muerto para escapar de las autoridades en El Salvador

Las autoridades salvadoreñas frustraron el intento de fuga de un presunto pandillero que pretendía ser sacado del país en un ataúd. Al hacerse pasar como muerto, el sospechoso de integrar la pandilla Mara Salvatrucha, una de las que mayor asedio ha generado en Centroamérica, buscó burlar los controles de seguridad para escaparse a Guatemala.

El sujeto fue identificado como Alexander Vladimir Hernández, alias Servero, y está acusado de ser miembro activo de la estructura criminal MS-13.

“Estos cobardes terroristas están agotando sus escondites y sus formas de querer escapar de la justicia. Mediante un dispositivo de control vehicular se encontró que este pandillero era transportado dentro de un ataúd”, confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

¿Quiénes son los presuntos pandilleros?

Junto a Hernández, fueron detenidos otros dos individuos que responden al nombre de Rafael Alexander Juárez y Walter Yubine Zelaya Lemus, quienes habrían allanado el camino para que el primero pudiera salir de la nación. “No pueden, ni podrán burlar la justicia salvadoreña. Sepan que estamos persiguiendo a todo aquel delincuente que tenga cuentas que pagar ante la ley. Los vamos a extraer desde cualquier “escondite”, agregó Villatoro.

Estas capturas hacen parte de una estrategia que el gobierno de Nayib Bukele ha venido aplicando desde hace casi un año, en una guerra declarada contra las pandillas. Los diferentes operativos en el territorio nacional están amparados por un estado de excepción que comenzó a regir en marzo de 2022 y sobre el que organismos internacionales han denunciado arbitrariedades.

Según la Policía, los arrestos tuvieron lugar en las cercanías de la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, a unos 90 kilómetros al oeste de la capital. Decenas de pandilleros buscan la forma de llegar a Guatemala y Honduras (sus países vecinos) para librarse de los operativos que, contra ellos, mantiene vigente el Estado y en los que, según cifras oficiales, se ha detenido a más de 60.000 sospechosos.

Cuestionamiento a política de Bukele

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han puesto la lupa sobre las medidas del Ejecutivo, porque aseguran que socavan los derechos fundamentales y que, en algunos casos, no siguen el debido proceso para enjuiciar y determinar responsabilidades.

“La seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos (...). Las autoridades han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso. Mientras tanto, al menos 73 personas detenidas han muerto bajo custodia del Estado”, señaló AI sobre la política de Bukele.

El mandatario ha respondido reiteradamente a los cuestionamientos tanto de ONGs como de la oposición interna, al asegurar que sus contradictores quieren que El Salvador vuelva a aumentar los índices de violencia y termine, en sus palabras, en un “baño de sangre”.

“Tampoco podemos escoger hacia atrás, el pasado ya pasó y el camino que tomamos es el único que existe ya (aunque en su momento existieron otras posibilidades). Lo que sí está abierto, son los caminos que podemos tomar hacia el futuro. Todos los días podemos hacer una elección”, aseveró el mandatario a comienzos de enero.

Se prorroga estado de excepción

La Asamblea Legislativa salvadoreña dio luz verde a una nueva prórroga del estado de excepción, vigente desde marzo de 2022, por al menos un mes más. La medida tuvo el respaldo de 67 congresistas en un pleno compuesto por 84 escaños.

“Prolóngase en todo el territorio nacional el régimen de excepción” para mantener el “restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”. Esta es la extensión número diez que aplicará desde el 17 de enero al 15 de febrero y con la que, según Bukele, se ha dejado atrás el control del 80 % del territorio que tenían estructuras criminales.

La política en cuestión da aval a operativos con detenciones sin orden judicial, y se instauró (inicialmente) como respuesta a una escalada de homicidios que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo del año pasado.

*Con información de AFP.