Paro nacional: ¿qué pasó con Chile después de las protestas en 2019 similares a las de Colombia?

Chile vivió a finales de 2019 una situación similar a la que está viviendo Colombia en este momento, la cual terminó con grandes cambios económicos y políticos en el país austral

En octubre de ese año, el presidente del país, Sebastián Piñera, anunció el incremento de unos $30 en el precio del tiquete de metro en Santiago, con lo cual el boleto iba a quedar en $830 (US$1,20), lo cual generó un inmenso malestar entre la población chilena, que empezó a concentrarse para manifestar en contra de la decisión del Gobierno.

Durante los primeros días se presentaron multitudinarias manifestaciones en todo el país, que terminaron con enfrentamientos entre los civiles y los carabineros, que día tras día dejaron como saldo decenas de personas heridas y varios muertos en varias ciudades.

Aunque el presidente Piñera decidió dar marcha atrás en el aumento, que atribuyó a la volatilidad del dólar y de los precios del petróleo, y militarizó varias zonas de Santiago, la gente continuó marchando en las calles, exigiendo mejores condiciones económicas y sociales, a pesar de ser uno de los países con mejor calidad de vida en Sudamérica.

La situación escaló al punto de que varias personas quemaron trenes y estaciones de la red de Metro de la capital y se declaró el estado de alarma en el país, lo cual no impidió que continuara la protesta de millones de chilenos, sin líderes y con la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, según afirmaron expertos internacionales.

Además del aumento del boleto de metro, los chilenos se empezaron a quejar por los altos costos de vida (Santiago era la segunda ciudad más cara de la región), los precios de los medicamentos y tratamientos, el sistema de pensiones (que tiene mucho en común con el modelo colombiano), la corrupción en la clase política e, incluso, por la constitución Política, redactada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Amnistía Internacional reveló que luego de un mes de protestas, se registraron 12.547 heridos que pasaron por urgencia hospitalaria a causa de las lesiones de los carabineros, que además causaron 1.980 heridos por armas de fuego y 347 heridos con lesiones oculares. De igual manera, se registró la muerte de al menos 38 personas.

En cuanto a los daños económicos, estos se estimaron en más de US$3.300 millones y se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo; el peso chileno sufrió una fuerte devaluación, pues pasó de $713 a $838 en un mes, y la economía perdió 1 punto porcentual de crecimiento del PIB.

Tras estos acontecimientos, que agruparon a más de 1,2 millones de personas en una sola marcha, el presidente Piñera anunció medidas más estrictas para sancionar a quienes generaron actos vandálicos. Dentro de una alocución presidencial difundida por todos los medios de comunicación, el jefe de Estado anunció el envío de varios proyectos de ley que incluían mayores sanciones para el delito de saqueo, el uso de barricadas y ataques a la fuerza pública, así como la ley antiencapuchados.

Luego de varias semanas de protestas, varios ciudadanos (como está empezando a ocurrir en Cali) se organizaron para enfrentar a los manifestantes, lo cual ocasionó varias personas heridas, entre ellas una mujer que fue golpeada con bates cerca a Viña del Mar.

Todo esto solo generó más caos y muerte en el país, por lo que Piñera decidió reunirse con sus ministros y las fuerzas armadas para evaluar la situación y definir el camino a seguir, que en algún momento se pensó que era el estado de sitio, pero que fue descartada por el peligro que suponía.

Finalmente, el presidente decidió hacer un acuerdo nacional de tres puntos, que incluían: “por la paz y contra la violencia”, “por la justicia”, sobre un Nuevo Acuerdo Social, y “por una nueva Constitución”, lo cual derivó en varias reformas constitucionales para modificar aspectos fundamentales en el país; además, el presidente cambió a ocho de sus ministros, entre los que se incluyó al de seguridad, hacienda, gobierno o trabajo.

El resultado más importante de las protestas giró en torno a la convocatoria para definir si los chilenos querían una nueva constitución, para remplazar la de la dictadura.

El plebiscito, fijado en principio para el 25 de abril, pero que se aplazó por la pandemia de covid-19, se desarrolló en octubre del año pasado y fue aprobado por 5,8 millones de chilenos (el 78 % de los votantes), que decidió que la nueva redacción debería estar a cargo de 155 convencionales constituyentes, quienes serán elegidos el sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021.