Pedro Castillo, la gran decepción de la izquierda en Latinoamérica

Hace un año, cuando Pedro Castillo logró superar el continuismo que significaba en Perú la llegada al poder de Keiko Fujimori, en la izquierda latinoamericana hubo grandes gritos de júbilo. No era para menos. Se trataba del ascenso de un humilde maestro de escuela que había liderado posteriormente las más grandes revueltas del país en búsqueda de la equidad social.

Su lengua materna ni siquiera era el castellano sino el quechua, la de los indígenas de ese país. Llegó a votar montado a caballo asegurando que si ganaba no recibiría el sueldo y bajaría a la mitad el de todos sus ministros.

Tras el triunfo, sin ninguna experiencia en el poder, comenzó a gobernar. Mientras tanto, millones de peruanos que no lo habían acompañado en las urnas temían que Perú tomara el rumbo de la Venezuela de Maduro o de la Bolivia de Evo Morales con persecución a la inversión privada, la banca, las concesiones mineras y una búsqueda constante por nacionalizar la economía.

A 11 meses de esa victoria, en Perú reina el caos. La última gota de esa copa que se ha ido llenando cayó el pasado jueves cuando el Congreso pidió acusarlo formalmente por corrupción. “La Comisión de Fiscalización y Contraloría propone a la Comisión Permanente del Congreso que al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones”, aseguró el grupo de trabajo a cargo de las pesquisas.

La razón sería, a juicio de este grupo, “la presunta comisión del delito de organización criminal y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”. La historia suena bastante grave. Los hechos tienen que ver con un consorcio que se constituyó para levantar un puente, el Tarata III.

Se cree que en este proceso se integró una red criminal que buscaba favorecer a uno de los contratistas. La justicia ya está investigando a un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo. El cerco judicial ha recogido ya tantas evidencias que el ministro en cuestión, Juan Silva, se voló.

“Días antes de que el Poder Judicial dictara su detención preliminar por 15 días, las evidencias que iban apareciendo en su contra permitían presagiar que era solo cuestión de tiempo para que las autoridades solicitasen su captura”, señaló en su editorial del viernes el diario El Comercio. El exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, y Fray Vásquez, sobrino del jefe de Estado, también huyeron.

Se anticipa que en el Congreso a Castillo le irá mal. Este jueves ganó la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitro Semache, precisamente por la fuga de Silva. Así se han tramitado ya siete solicitudes de esta naturaleza, que produjeron la salida de cuatro miembros del gabinete.

Juristas prestigiosos de este país aseguran que el presidente se está excediendo en su defensa y está poniendo la capacidad del Estado a su servicio. Así lo ha dicho, por ejemplo, José Ugaz, un exprocurador. El Gobierno pretende sacar adelante una “ley mordaza” que busca penalizar a quienes hagan filtraciones judiciales, incluidas las de su expediente.

En Perú no es atípico que un proceso de estos saque a un presidente. Los parlamentarios ya lograron esa misión con Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020. Cuando esta acusación llegue a la plenaria, sería la tercera vez que lo intentan con Castillo en apenas 13 meses de mandato. Castillo está en una verdadera encrucijada. Ni siquiera su partido político lo respalda.

Apenas se conoció de la solicitud de acusación, el movimiento anunció que pasa a la oposición. Entre otras, lo señaló de implementar “el programa neoliberal perdedor”. El jefe de Estado no alcanzó ni siquiera a vivir la llamada luna de miel de los presidentes y hoy sigue adelante bastante golpeado y con el sol a su espalda.