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Pedro Castillo: los procesos de corrupción por los que se convirtió en blanco de la justicia en Perú
El destituido mandatario fue acusado de liderar una organización criminal al interior de su Gobierno, en el que estarían involucrados varios funcionarios cercanos, así como miembros de su familia.
El Congreso de Perú declaró la permanente incapacidad moral del hasta entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tras adelantar la votación que estaba prevista para la tarde de este miércoles 7 de diciembre y que el mandatario pretendía evadir tras cesar las funciones del legislativo después de romper el orden institucional, hecho que agudizó la crisis política interna.
La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria en la que se analizó una moción de censura contra el mandatario por incapacidad moral, poco después de que este anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
El parlamentario peruano Edward Málaga presentó el pasado 29 de noviembre una tercera moción de censura contra el presidente Castillo, que finalmente fue aprobada por 101 votos a favor de los 87 que necesitaba. De los 130 congresistas, apenas unos pocos de Perú Libre votaron en contra.
El presidente Castillo fue acusado formalmente el pasado 22 de octubre por la Fiscalía de liderar una organización criminal al interior de su Gobierno y, en el que estarían involucrados varios funcionarios cercanos, así como miembros de su familia.
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En su momento, la titular del organismo judicial, Patricia Benavides, señaló que la existencia de indicios que evidenciaban que el mandatario era el cabecilla de una red responsable de delitos como tráfico de influencias, organización criminal y colusión.
Adicionalmente, la fiscal indicó que presuntamente desde esa organización se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia”, argumentando esa red estaba “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
Castillo se defiende
Castillo se defendió y en una conferencia de prensa señaló que las acusaciones eran “orquestadas”, y que no tenían “ningún fundamento real”.
Los documentos que sustentaron la acusación fueron presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que estaban próximos a tomar su decisión.
De acuerdo con la Constitución de Perú, el presidente solo puede ser acusado por los siguientes motivos: traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.
Al justificar la presentación del caso ante el legislativo, la Fiscalía aseguró que el proceso especial de denuncia constitucional permitía delimitar si las personas que tienen algún tipo de inmunidad, como el presidente, cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones.
La decisión del Congreso
Durante la sesión del Congreso de este jueves se expidió una resolución en la que se indicó que se resolvió declarar “la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política”.
“Declárese la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú”, de acuerdo con el documento.
Igualmente, señaló que “ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional”.
Finalmente, sostuvo que el destituido mandatario “ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución”.
Séptimo presidente en menos de siete años
La destitución de Castillo generó un relevo precipitado que no es nuevo, en la medida que ese país ha vivido en un constante terremoto político durante estos últimos años, con siete personas distintas en la jefatura de Estado en apenas seis años y medio.
De estos siete nombres, el mandato más largo fue el de Ollanta Humala, que gobernó de julio de 2011 a julio de 2016 y ahora está inmerso en un juicio por corrupción, una tónica recurrente en la etapa reciente de Perú.
De hecho, el predecesor de Humala, Alan García, acabó suicidándose en abril de 2019, cuando iba a ser arrestado por el caso Odebrecht.
A Humala le sucedió Pedro Pablo Kuczynski, que presentó su dimisión en marzo de 2018 cuando el Congreso se preparaba para votar por segunda vez una moción de censura en su contra, también por delitos de corrupción.
La caída de Kuczynski supuso el ascenso de Martín Vizcarra, víctima igualmente de su agrio enfrentamiento con el Congreso. Fue cesado en noviembre de 2020, después de que los legisladores intentasen en varias ocasiones apartarle del poder por acusaciones de diversa índole.
La vacante presidencial quedó cubierta por Manuel Merino, que pasó de liderar al Congreso a encabezar el país. Sin embargo, apenas duró cinco días en el cargo, ya que se vio forzado a dimitir tras una sucesión de protestas que se saldó con dos muertos.
La crisis fue resuelta con el nombramiento del diputado Francisco Sagasti, que ya desde un primer momento asumió que solo estaría hasta la convocatoria de las próximas elecciones. Así, permaneció en el poder del 17 de noviembre de 2000 al 28 de julio de 2021.
Tras la destitución y posterior arresto de Castillo, asume el poder su ‘número dos’, Dina Boluarte, que hará historia como la primera mujer en asumir la Jefatura de Estado en Perú.
*Con información de AFP y Europa Press.
