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Pedro Castillo, presidente de Perú, nombra a su segundo ministro del Interior en menos de dos meses

El nuevo funcionario del Gobierno peruano reemplaza en el cargo a Dimitri Senmache Artola.

5 de julio de 2022
El presidente de Perú, Pedro Castillo, en la Cumbre de las Américas
El presidente de Perú, Pedro Castillo, en la Cumbre de las Américas. | Foto: Getty Images / Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha nombrado este lunes al nuevo ministro del Interior, Mariano González Fernández, menos de dos meses después de que jurase el cargo el exministro Dimitri Senmache, que hace cuatro días abandonó el cargo después que el Congreso peruano sacara adelante una moción de censura contra su persona.

González Fernández se ha desempeñado anteriormente como titular de la cartera de Defensa en el 2016. Aunque, tras renunciar al cargo, se reincorporó como representante de Perú en el Parlamento, en el cual llegó a ser elegido de manera unánime como vicepresidente en 2017 y en 2020, según ha informado el Ejecutivo en una misiva.

El nuevo ministro del Interior reemplaza en el cargo a Dimitri Senmache Artola, que con 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, se vio obligado el pasado viernes a dejar el cargo por orden del Congreso de Perú, con motivo de la fuga del exministro de Transportes Juan Silva.

Entre los votos a favor de la moción, se encontraban los de la bancada de Perú Libre --el partido de Pedro Castillo--, convirtiendo a Senmache en el cuarto integrante del Ejecutivo de Castillo en ser apartado de su puesto desde el Parlamento peruano, y el segundo en ocupar la cartera de Interior.

Senmache había jurado al cargo hace poco más de un mes, el 22 de mayo, en reemplazo del exministro del Interior Alfonso Chávarry. Según el reglamento del Congreso, el ministro censurado debe renunciar y el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes, según el citado diario.

El exministro de Transportes Juan Silva escapa por segunda vez de la Policía

El exministro de Transportes y Comercio de Perú, Juan Silva, habría logrado escapar de las autoridades del país por segunda vez después de que la Policía peruana haya allanado dos viviendas en las que se sospechaba que se podría haber estado escondiendo el político, según ha podido saber La República.

La estrategia de Silva, que se encuentra en busca y captura desde el pasado 8 de junio --acusado de presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada--, sería la de cambiar constantemente de localización para evitar ser capturado y puesto a disposición de la justicia, según han confirmado fuentes policiales al citado diario.

El abogado del exministro, Alfredo Yalán, ha confesado que Silva se encuentra en Perú --ya que perdió el pasaporte el pasado 16 de junio, después de que en una redada fallida autoridades policiales dieran con el documento--, y ha señalado que “está dispuesto a entregarse”.

“Él está dispuesto a entregarse, solamente está esperando que la Fiscalía de la Nación realice el peritaje en toda la licitación del Puente Tarata III”, ha indicado Yalán, en declaraciones recogidas por la cadena RPP.

Asimismo, el abogado del exministro ha asegurado que en el momento que este se entregue a la Justicia, “revelará información importante”. “Apenas se entregue, va a hacer importantes declaraciones y va a involucrar a los funcionarios de alto nivel que están involucrados en la construcción del Puente Tarata III, pues hasta ahora la Fiscalía no sabe la verdad”, ha apuntado.

Silva estaba llamado a prestar declaración ante la Fiscalía el pasado 4 de junio por el caso Puente Tarata III, aunque no se presentó. Su abogado, sin embargo, ha asegurado que recibieron notificación de la referida diligencia.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Con información de Europa Press