Luisa Ortega: el centro de la discordia entre Colombia y Venezuela

Luisa Ortega Díaz es una mujer que ha librado muchas batallas en la vida. Después de haberse desempeñado durante 14 años como Fiscal General de la Nación, el viernes 18 de agosto de 2017 tuvo que huir de Venezuela agazapada en una lancha, con tan sólo unas pocas maletas, para escapar de la persecución que emprendió en su contra el régimen de Nicolás Maduro.

Ese mismo día, unas horas antes de llegar a Colombia, Ortega realizó un enlace telefónico con una cumbre de fiscales que tuvo lugar en México, en el que relató su penosa situación.

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“Nuestra institución fue asaltada y tomada militarmente por la fuerza de las bayonetas, más de 300 militares de la guardia nacional y otros cientos de funcionarios de la policía política participaron en este deshonroso evento”, dijo, refiriéndose al modo en que fue destituida.

Era de esperarse que la llegada de Ortega a Colombia generara un verdadero tsunami político en Venezuela. Este lunes festivo, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro dos hechos bien importantes. Uno, que la exfiscal estaba bajo protección del gobierno colombiano. Y dos, que si Ortega pedía asilo, se lo concedería.

Y fue cuando el canciller venezolano, Jorge Arreaza, se salió del libreto y acusó a Santos de proteger el delito y la corrupción. Se vaticina que esta frase sea apenas el preludio del rompimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, algo que si bien no está en los planes de Santos, es algo que no descarta.

Pero, ¿Quién es Luisa Ortega? ¿Cómo llegó a convertirse en la enemiga número del gobierno de Venezuela? Si su vida fuera una tragedia en tres actos, podría decirse que Ortega se elevó con el gobierno de Hugo Chávez, mantuvo su poder durante un tiempo mientras duró la transición y cayó al abismo cuando se enfrentó con el gobierno de Maduro.

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Su pasado chavista

La primera verdadera batalla de la fiscal Ortega fue la que libró para congraciarse con el chavismo, a raíz del golpe de Estado de 2002, en el que el líder bolivariano fue destituido durante unas horas y reemplazado en la silla presidencial por Pedro Carmona Estanga.

A partir de esa fecha, la que era una simple fiscal de proceso fue escalando en la jerarquía judicial, encargándose de casos cada vez mayores hasta volverse fiscal sexta con alcance nacional y asumir buena parte de la investigación adelantada  en contra de los golpistas.

El éxito del ministerio público (en Venezuela la Fiscalía y el Ministerio Público son un mismo ente) en ese caso fue relativo, ya que varios militares fueron absueltos por el Tribunal Suprema de Justicia. Sin embargo, los principales golpistas prefirieron exiliarse del país. 

Al amparo de Hugo Chávez, el hombre al que calificó en una entrevista como “el hombre más humanista que ha existido en el planeta”, Luisa Ortega fue nombrada Fiscal General en diciembre de 2007 y mantuvo un idilio con el poder que duró hasta la muerte del líder bolivariano, en marzo de 2013.

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La segunda gran batalla que libró Luisa Ortega ocurrió después de la muerte de Hugo Chávez, cuando tuvo que encargarse del caso de Leopoldo López, el dirigente opositor acusado de generar disturbios violentos durante una marcha organizada en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

En medio de las tensiones nacionales e internacionales que desató el proceso, en particular en los estados de Mérida y Miranda -bastiones de la oposición- el nombre de Silvia Ortega salió a relucir en el momento en el que el fiscal al mando de la investigación, Franklin Nieves, acusó al ejecutivo nacional y a sus superiores de presionarlo para presentar pruebas falsas en el juicio.

La fiscal destituyó a Nieves y el juez Barreiros terminó condenando a Leopoldo López a 13 años y 9 meses de prisión, en septiembre de 2015.

Luisa Ortega había sido reelegida como fiscal general en diciembre de 2014, con la ayuda del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Pero esa sería la última vez en que defendería al gobierno durante un proceso mayor con tanta vehemencia.

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La tercera gran batalla de su vida judicial, Luisa Ortega la libraría en contra del interés político de Nicolás Maduro, durante el episodio conocido como el de “los Polichacaos” en Venezuela.

En junio de 2016, 14 policías de la ciudad de Chacao, en el Estado de Miranda fueron acusados de participar en el asesinato del periodista de la cadena gubernamental Venezolana de Televisión (VTV), Rigoberto Durán. Fueron enjuiciados además como conspiradores contra el régimen.

Sin embargo, en esta ocasión, el ministerio público no solamente no solicitó condena en contra de los policías, sino que pidió su liberación por considerar que no parecían tener ningún vínculo con el homicidio.

Esta petición, a la que accedió la juez Andreina, tuvo el efecto de un pequeño sismo en Venezuela. Pero la decisión nunca atacada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que decidió mantener a los agentes presos en la cárcel Helicoíde, de la ciudad de Caracas.

Así se dio la ruptura entre la Fiscalía, una parte de la Policía y los aparatos de seguridad afines al gobierno.

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Ortega concluyó el año de 2016 ofreciendo una postura moderada durante el enfrentamiento iniciado entre la oposición que buscaba destituir a Nicolás Maduro y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que amenazó con disolver el parlamento.

Pero el verdadero quiebre se dio el 31 de marzo de 2017, cuando la fiscal declaró que las sentencias 155 y 156 decretadas por el tribunal suprema en contra de la Asamblea Nacional y a favor de concentrar poderes en manos del ejecutivo eran un ruptura al orden constitucional.

La respuesta del gobierno fue clara y el propio Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del país, así lo expresó en televisión.

“Pido disculpas a la revolución por haber designado a Luisa Ortega Díaz, como Fiscal General, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Yo fui uno de los que la defendí y  tuve que convencer a compañeros que muchos no querían, que decían que iba a ocurrir esto que está ocurriendo y yo asumí la responsabilidad”, dijo.

Desde esa fecha, las relaciones de Ortega con el gobierno se siguieron tensando, al tiempo en que inició un diálogo cada vez más frecuente con los medios internacionales y la oposición a la que había combatido hasta ese momento, juntándose ocasionalmente con los llamados “chavistas disidentes”, todos opositores a Maduro.

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La ira del gobierno la alcanzó y el viernes 18 de agosto de 2017, cuando Ortega tuvo que huir a Colombia después de que el TSJ congelara sus bienes, la inhabilitara políticamente y aprobara un antejuicio en su contra.

“Estoy siendo asediada, perseguida y el pueblo venezolano también, a través de las armas de las hambres y de las enfermedades”, afirmó en la llamada telefónica que ofreció durante el congreso de fiscales con sede en México.

“Todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht (…) eso los tiene muy preocupados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones montos y personajes que se enriquecieron y esa información involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno”, dijo también, afilando sus armas para la que podría ser la cuarta gran batalla de su vida jurídica.

Luisa Ortega será sin duda un motivo de discordia entre Colombia y Venezuela. Pero sobre todo, una razón de preocupación para Maduro. La exfiscal tuvo en sus manos investigaciones y procesos de narcotráfico que involucran a personajes cercanos al gobierno. Ella conoce como nadie el régimen que alguna vez apoyó.