¿Persecución política? Inicia juicio contra periodista opositor a Maduro en Venezuela

Un juicio por conspiración y terrorismo en contra del periodista Roland Carreño, colaborador del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, comenzó este lunes en un tribunal de Caracas, 18 meses después de su detención.

“Ya hicimos la apertura a juicio, le fueron ratificados los cargos: conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo y la continuación es para el 17 de mayo”, dijo a la AFP Joel García, uno de los abogados de Carreño, que era coordinador operativo del partido político Voluntad Popular, en el que militaba Guaidó.

Carreño se mostró “muy íntegro en su discurso, bastante coherente, fortalecido con su inocencia y se encuentra bastante bien de salud”, indicó García. “Habló sobre su trayectoria profesional, que incursionó en la política con ánimos de que Venezuela cambie, que estos meses en prisión le han hecho reflexionar en una Venezuela mejor”.

La defensa de Carreño ha denunciado el retardo procesal en contra de este conocido ex presentador de televisión, que fue detenido a mediados de octubre de 2020.

“Desde hace mucho tiempo debimos haber comenzado el juicio”, continuó el abogado, que resaltó que la audiencia de este lunes debió celebrarse hace una semana exacta, pero su cliente nunca fue trasladado a los tribunales.

Después de su detención en 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dijo que Carreño actuaba como “operador financiero con el objeto de que se ejecuten planes conspirativos y terroristas” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por Guaidó y varios países como Estados Unidos.

Carreño fue detenido junto a otros dos activistas de Voluntad Popular, Yeferson Sarcos y Elías Rodríguez, que fueron liberados horas después.

La legislación venezolana contempla que el delito de “financiamiento al terrorismo” tiene penas de cárcel de 15 a 25 años.

Carreño permanece detenido en El Helicoide, sede de los servicios de inteligencia ubicada en la capital, donde se encuentran la mayoría de los presos por motivos políticos. Su caso fue destacado por una misión de la ONU que denunció posibles crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Maduro.

Nuevos magistrados

El Parlamento de Venezuela designó, hace unas semanas, a los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante los próximos 12 años, aunque algunos de ellos repiten como miembros de la máxima corte.

Después de tres meses de selección entre más de 400 candidatos, la unicameral Asamblea Nacional, de aplastante mayoría oficialista, redujo de 32 a 20 los integrantes de la Corte y mantuvo a antiguos miembros señalados de ser leales al gobierno.

La Constitución venezolana establece que los magistrados deberán ser elegidos por un período “único” de doce años, pero el hasta ahora presidente del TSJ, Maikel Moreno, los magistrados Calixto Ortega, Elsa Gómez, Fany Márquez, Inocencio Figueroa y otros seis, repetirán su período en el tribunal, en lo que parece una violación a los mandatos constitucionales.

Dentro del nuevo nombramiento, también destacaron nombres como el de la exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio y el de la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez (2013-2017). También fueron nombrados como magistrados algunos candidatos considerados cercanos a la oposición como José Luis Rodríguez, Elías Bittar y Luis Emilio Rondón, este último como suplente.

El nombramiento de los nuevos magistrados forma parte del plan de “revolución judicial” que ordenó el presidente Nicolás Maduro el año pasado y por el cual se han hecho reformas a leyes y normas relacionadas con centros de detención y penas carcelarias.

La oposición que integra el Parlamento se dijo “satisfecha” con el nuevo nombramiento, aunque este sector es uno de los varios grupos en los que se han dividido los adversarios del gobierno.

El sector que lidera el opositor Juan Guaidó rechazó, por su parte, la designación de los magistrados a los que consideró “actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad”. Es un “secuestro de la justicia”.

*Con información de la AFP.