Perú: comienza juicio contra Alberto Fujimori por “esterilizaciones forzadas”

Este lunes, la Fiscalía de Perú abrió un juicio contra el expresidente Alberto Fujimori y varios de sus funcionarios, entre los que se encuentran Eduardo Yong, Mariano Costa y Alejandro Aguinaga, exministros de Salud, así como dos funcionarios locales, todos acusados de “esterilizaciones forzadas” en miles de mujeres pobres durante 1996 y 2000.

Pablo Espinoza, el fiscal que presentó los cargos, afirmó que los acusados “hicieron mucho daño con su política”. Se estima que unas 270 mil mujeres peruanas fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de falopio, en las que murieron 18, cinco de ellas por lesiones graves relacionadas con el procedimiento; además, más de 1.300 sufrieron algún tipo de secuela física.

Estos procedimientos médicos se llevaron a cabo como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori impulsó durante su último mandato. Esta iniciativa fue utilizada supuestamente para “reducir la pobreza”.

En su mayoría, las víctimas mortales fueron campesinas pobres e indígenas Quechua. Estos hechos representan uno de los casos más sonados por presunta violación de los derechos humanos en contra de Fujimori, y por el que se ha esperado más de 20 años.

Actualmente, el expresidente se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos. Sin embargo, no estuvo presente en la audiencia, pues argumenta que no puede ser procesado por este caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado de Chile.

La denuncia incluye a los exfuncionarios del sistema de salud en la región Cajamarca: Segundo Aliaga y Magda González; estos dos, como presuntos responsables por la muerte de Mamérita Mestanza, una joven de 19 años que falleció luego de ser sometida a este procedimiento en 1998.

El fiscal Pablo Espinoza, representante de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, presentó los cargos en el inicio de la audiencia remota dirigida por el magistrado Rafael Martínez. “Fue a una posta de salud a ponerle una vacuna a su bebé y ahí le dijeron que se tenía que ligar las trompas, la llevaron a un tópico, le colocaron dos inyecciones y se desmayó”, explicó el fiscal sobre el caso de Mestanza. “Al día siguiente, se despertó, le dieron dos pastillas y se fue caminando despacio a su casa”, agregó.

La joven de 19 años tenía dos hijos, pero no sabía leer ni escribir el espñaol, era quechuahablante. Sin embargo, eso no fue impedimento para que le exigieran firmar una autorización en la lengua dominante para someterla a la cirugía.

Este programa se pudo llevar a cabo en el segundo gobierno de Fujimori gracias a la mayoría con la que contaba en el Congreso, por lo que pudo modificar las leyes para legalizar la esterilización e incluirla como método de planificación familiar, sentenció el fiscal.

Así mismo, el acusador agregó que para “reducir la pobreza en la población más vulnerable elaboró “todo un marco jurídico para evitar ser responsable” de eventuales complicaciones en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, como se le denominó oficialmente.

“El estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”, argumentó Espinoza.

Para el fiscal, esto representó una clara violación de los derechos de las mujeres de los sectores más pobres, así como andinas, pues las familias son numerosas y en muchas ocasiones son agredidas por su pareja luego de someterse a un método de anticoncepción.

Según un documento firmado por el exministro Costa, el Ministerio de Salud se planteaba realizar 150.000 ligaduras de trompas en 1997, según el fiscal en la audiencia. Además, dijo que el personal de salud estaba coaccionado a cumplir o superar las metas de esterilizaciones y, a cambio, recibía incentivos.

Por lo tanto, las mujeres eran amenazadas con que sus hijos ya no recibirán atención médica si se negaban, o les regalaban canastas de alimentos si se sometían al procedimiento, concluyó el fiscal.

La audiencia, que se realizó en Lima, contó con la presencia de un intérprete del idioma quechua quien se encargó de traducir la presentación de cargos a las agraviadas hablantes de esta lengua.

Con información de AFP.