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Perú decreta el estado de emergencia en dos provincias de la frontera con Colombia
La decisión se tomó debido a la acción de grupos relacionados con el narcotráfico.
El Gobierno peruano decretó este viernes el estado de emergencia –durante 60 días– en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, del departamento peruano de Loreto, ante el aumento de la violencia en la zona, limítrofe con Colombia, por el narcotráfico.
En virtud del decreto, recogido por el diario oficial El Peruano y firmado por la presidenta, Dina Boluarte, intervendrán la Policía Nacional peruana y las Fuerzas Armadas para “mantener el orden” en la región, informó la agencia de noticias Andina.
De esta forma, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.
La presencia de organizaciones delictivas que se dedican al tráfico ilícito de drogas se concentra en la nación andina en Putumayo, provincia en la frontera con Colombia, y en el llamado trapecio amazónico, que comparte con Brasil.
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La decisión se conoce, además, luego de un enfrentamiento entre militares y “elementos terroristas” remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso que dejó dos soldados heridos en una región cocalera.
En la misma zona, previamente el mismo grupo armado ilegal asesinó a siete policías.
El hecho ocurrió el pasado miércoles mientras se desarrollaban operaciones militares, detalló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado.
“Se produjo un enfrentamiento entre una de nuestras patrullas y elementos terroristas de Sendero Luminoso”, en el departamento de Junín (centro), añade el comunicado.
Durante la maniobra, que se realizó utilizando un helicóptero, “los delincuentes terroristas dispararon contra la aeronave”, hiriendo “levemente” a dos soldados.
El ataque tuvo lugar en el valle cocalero conocido como VRAEM, por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, que se extiende en la región central y sur de ese país.
El sábado pasado, siete agentes de la Policía murieron luego de ser emboscados cuando se trasladaban en un vehículo todoterreno en la provincia de La Convención, en esa misma región.
El ataque también fue atribuido a grupos residuales de Sendero Luminoso que, según las autoridades peruanas, operan en combinación con bandas de narcotraficantes.
Casi todos los líderes de la guerrilla están muertos o presos, pero sus remanentes, liderados por el “camarada José”, cuentan con unos 350 integrantes, de los cuales unos 80 están armados.
El grupo surgió como una organización maoísta lanzando una llamada “guerra popular” en 1980, que tras dos décadas de enfrentamientos con el Ejército dejó un saldo de 69.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Amnistía presenta ante presidenta “evidencias” de abusos contra manifestantes
De otra parte, Amnistía Internacional (AI) entregó ante la presidenta de Perú evidencias de que agentes de seguridad han hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones que desde diciembre exigen su renuncia.
“Hemos presentado las evidencias recolectadas (...) en donde las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado y muchas veces letal de la fuerza, utilizando armamento en contra de personas que protestaban”, informó Érika Guevara, directora para las Américas de AI, tras reunirse con Boluarte en el palacio presidencial de Lima.
La abogada detalló que su informe se basa en información recabada de las propias autoridades y reúne 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes.
Guevara reportó que durante la conversación con la mandataria le aclaró varias veces que “de parte de ella nunca ha habido una orden de que se usen armas letales para el control de protestas”.
Agregó que pese a que la presidenta Boluarte dijo no haberla ordenado, existe una serie de pruebas de la represión letal contra los manifestantes.
Estas incluyen testimonios de víctimas y familiares en Lima (centro), Ayacucho, Andahuaylas y Puno (sureste), además de entrevistas, informes oficiales y peritajes forenses.
Guevara reconoció que Boluarte escuchó “muy atenta” el informe y le expresó el compromiso de su gobierno de avanzar en la atención de las víctimas y sus familiares.
Las protestas en Perú, que estallaron luego de que la mandataria asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.
Un balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) señala que en enero se registraron 1.261 protestas colectivas, de las que 86,7 % se relacionan a la crisis política.
El pasado martes, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas en diciembre en la región Apurímac.
La denuncia se suma a otra investigación fiscal que busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el pasado 15 de diciembre en Ayacucho.
Además de la renuncia de Boluarte, respaldada por 76 % de peruanos, según una reciente encuesta de Ipsos, las manifestaciones piden el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
Tras el pico de movilizaciones de enero, el clamor callejero se ha reducido en la última semana.
*Con información de Europa Press y la AFP.
