Perú decretó “estado de emergencia” y militarizó sus fronteras ante llegada de migrantes

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó el miércoles el estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar los controles ante la llegada de cientos de migrantes, que en su mayoría salieron de Chile.

Las tropas apoyarán a la Policía en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia, en una decisión que -según el gobierno- también está encaminada a enfrentar al crimen trasnacional. “La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las fuerzas armadas”, enfatizó Boluarte en conferencia de prensa junto a varios ministros.

En principio, el estado de emergencia empezará a regir a partir de este jueves, aunque el Ejecutivo no ha precisado su duración ni si se van a restringir derechos en los puntos fronterizos. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, precisó que la medida tiene como “finalidad” evitar “el ingreso de manera irregular e ilegal” de migrantes a territorio peruano.

“Todo ciudadano tiene que ingresar por los puestos migratorios. El apoyo de las fuerzas armadas será a la policía de acuerdo al estado de emergencia”, añadió.

Cientos de migrantes que salieron de Chile se aglomeran desde hace semanas en el paso fronterizo entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica, donde las autoridades peruanas les impiden el paso.

Los migrantes están atrapados entre policías chilenos y peruanos que vigilan el punto limítrofe, a 1.500 km de distancia al sur de Lima. El gobierno peruano ya había enviado 200 efectivos policiales para reforzar los controles migratorios, que antes había endurecido Chile.

“Un promedio entre 150 a 200 personas” se han concentrado a diario en este paso fronterizo en las últimas jornadas, dijo el viernes a la AFP Federico Agusti, representante en Perú de la oficina de la ONU para los refugiados (ACNUR).

Denuncian ejecuciones de estudiantes en protestas contra Dina Boluarte

Las protestas que estallaron tras la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre han dejado varias víctimas mortales debido a los enfrentamientos entre los ciudadanos y la fuerza pública.

Sin embargo, un informe de Human Rights Watch denunció una práctica que es propia de las dictaduras. La entidad aseguró en su reporte que fuerzas oficiales pudieron haber ejecutado a decenas de manifestantes durante la pasada represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte que dejaron medio centenar de muertos, la mayoría por “heridas de bala”, según la ONG.

“El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″, indicó HRW en su informe publicado el miércoles 26 de abril.

Apoyado en las cifras de la Defensoría del Pueblo, HRW señaló que durante las movilizaciones hubo 49 muertes, 39 de las cuales corresponden a víctimas “por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos”.

“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, sostuvo César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de HRW, en el informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”.

La ONG planteó que una “comisión independiente de expertos internacionales” acompañe las “investigaciones penales” que realiza la fiscalía peruana.

“Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno”, añadió el documento oficial.

En el marco de las protestas también murieron seis soldados ahogados cuando huían de manifestantes y un policía. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía.

La fiscalía investiga a la presidenta Boluarte, de 60 años, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, ella tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.

*Con información de AFP.