Perú: paralizado y fragmentado por la posible vacancia de su presidente

Lo que a simple vista parece una acción eficaz de la comisión parlamentaria investigadora sobre las coimas entregadas por Odebrecht a funcionarios y que revela la existencia de pagos por asesorías a empresas del presidente en ejercicio, realizados entre 2004 y 2007, ha servido más bien para darle una vuelta más de tuerca a un gobierno precario, errático y con un estrecho margen de gobernabilidad.

Días antes de la segunda vuelta electoral de junio de 2016 en la que Kuczysnki resultó elegido, una nota periodística de Univisión cambiaría el curso de la contienda. En ella se revelaba una investigación de la DEA que involucraba al entonces secretario general del partido fujimorista, Joaquín Ramírez, en lavado de activos por pedido expreso de la entonces candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, favorita en las encuestas.

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Por segunda vez muy cerca de ganar, su candidatura volvió a lidiar con grandes movilizaciones en su contra, reuniendo tanto la indignación ciudadana como los llamados de líderes políticos, de opinión y de prensa, de todas las voces comprometidas con la defensa del sistema democrático recuperado tras la huida de Fujimori en 2000.

Voces que alertaban sobre el riesgo que representaba el regreso del régimen autoritario y corrupto de la década de los noventa, en cabeza de la hija del expresidente, quien fuera enjuiciado y condenado por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción.

Keiko Fujimori perdió la elección por 41 mil votos. El descontento, apenas disimulado, de dirigentes y congresistas de su partido, apoyados en una bancada que cuenta con 73 de los 130 escaños del Congreso - e integrada por una vieja guardia fiel al líder histórico encarcelado y por nuevas caras de tránsfugas y oportunistas políticos - empezó a gestar lo que reconocidos observadores y analistas de la vida política peruana no han dudado en calificar de “golpe de Estado institucional”.

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Hasta la fecha la mayoría parlamentaria ha propiciado y votado la censura de dos ministros, de Educacion y de Economía, amenazado con censurar a otros y negado la cuestión de confianza presentada en septiembre por el jefe del gabinete, Fernando Zavala, que por norma constitucional debía renunciar y nombrarse a un nuevo presidente del Consejo de Ministros.

La contención del gobierno terminó cediendo al conocerse los pagos por 4,8 millones de dólares que realizó Odebrecht a empresas vinculadas al actual mandatario, por asesorías financieras contratadas en los años durante los cuales Kuczysnki se desempeñó primero como ministro de Economía, y luego como presidente del Consejo de Ministros del ex presidente Alejandro Toledo.

En su defensa, el presidente aduce que él no conoció esos contratos tramitados por su socio chileno, quien fuera el encargado de la gestión de su empresa mientras él ejercía funciones en el Estado. Pero sí admitió haber recibido los dividendos producidos por esas consultorías relacionadas con obras contratadas mientras era funcionario público. Resulta difícil entender cómo el presidente peruano, un economista con una larga y reconocida trayectoria en la banca internacional, no haya sabido evitar vasos comunicantes entre los dos ámbitos.

Aun así, lo que muchos se preguntan es si esa falta grave, que debe ser investigada por la comisión parlamentaria y por la Fiscalía, justifica una vacancia por incapacidad moral permanente, planteada para ser resuelta en el plazo de algunos días atentando contra la institucionalidad democrática.

No parece casual que en paralelo, el fujimorismo haya presentado denuncias en contra del Fiscal General de la Nación, Pablo Sánchez, precisamente por la lentitud en sus investigaciones por los casos de corrupción. Tampoco suena como fruto del azar la tramitación de sanciones en contra de tres magistrados del Tribunal Constitucional y la destitución de uno de ellos. Ambas instituciones están llamadas a resolver, más temprano que tarde, medidas basadas en investigaciones por las irregularidades en la financiación de las dos últimas campañas presidenciales en las que participó el fujimorismo.

Fuerza Popular y Keiko Fujimori sienten que les gana la ola. La Fiscalía está indagando sobre la existencia de falsos aportantes y el registro de cuantiosos recursos obtenidos a punta de cocteles, y coligiendo esta información con las declaraciones provenientes de Brasil. El Fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, procedió al allanamiento de los locales del partido hace dos semanas, e incautó los documentos presentados por el partido ante el organismo de control de los procesos electorales. La excandidata ha optado por pedir por tercera vez la postergación de una citación ante la Fiscalía prevista para este miércoles.

Lo cierto es que el discurrir político del Perú se está moviendo desde hace meses al ritmo de las declaraciones de los colaboradores eficaces brasileños de Lavajato y que las coimas han alcanzado a altos funcionarios y responsables de casi todas las tiendas políticas.

Los sobornos de Odebrecht no solamente tienen al país paralizado y fragmentado frente a la eventual vacancia del presidente en ejercicio. Sobre el expresidente Alejandro Toledo pesa una orden de detención internacional por haber recibido al menos 20 millones de dólares en sobornos por facilitar obras públicas para la constructora brasileña. El mandatario saliente, Ollanta Humala, está cumpliendo prisión preventiva junto con su esposa, acusados de haber recibido aportes ilícitos para financiar las campañas electorales de 2006 y 2011.

Cabría preguntarse si Odebrecht encontró en Lima un terreno particularmente fértil para la corrupción o si, como sostienen quienes lucharon por recuperar la democracia, en el 2000 se derrotó al gobierno autoritario, pero no se desmantelaron las estructuras que lo sostuvieron.   

Paradójicamente, esta crisis podría abrir una nueva oportunidad para el Perú de emprender la reforma política pendiente que mantiene al país entre fujimorismo y corrupción.