Perú: ¿qué ocurre si Dina Boluarte dimite?

Los dos meses de convulsión social que vive Perú desde que Dina Boluarte asumió como presidenta, luego del fallido autogolpe de Estado propiciado por Pedro Castillo, tienen a la mandataria en una situación que para todos es imposible mantener hasta 2026. Ese es el año en que, según establece la Constitución peruana, debería terminar el actual Gobierno.

Hasta ahora, el descontento, los muertos y las protestas demuestran claramente que la situación es insostenible por mucho tiempo. Así que la dimisión que los manifestantes exigen a Boluarte aparece como la salida más directa al conflicto actual. De renunciar, Boluarte obligaría al llamado inmediato a nuevas elecciones.

El abogado constitucionalista peruano Samuel Abad explica a DW que, ya que Pedro Castillo solo presentó una vicepresidenta en su Gobierno, la crisis política actual ha llevado a muchos a concluir que: “como el Congreso no quiere irse y tampoco quiere aprobar ninguna reforma para acortar el actual mandato, la única alternativa que existe es que Boluarte renuncie”.

Y es que “como no hay otro vicepresidente en el Gobierno, el que asume el cargo es el presidente del Congreso, que constitucionalmente no puede quedarse hasta el final del mandato, por lo cual está forzado a convocar elecciones inmediatas. Así está escrito en el artículo 115 de la Constitución”, resume.

¿Elecciones inmediatas?

De concretarse la renuncia de Dina Boluarte, la Constitución habla de elecciones inmediatas, pero esa inmediatez es relativa y se ajusta al desarrollo de los procesos electorales. “Lo más evidente es que si la presidenta renuncia mañana, ya haya un cronograma que podría resultar en elecciones en el mes de octubre, para que el nuevo Gobierno asuma en enero del próximo año”, dice el abogado Abad, miembro del Estudio Echecopar .

Otras posibles fechas para una nueva elección las menciona Miguel Lovatón, doctor en derecho y académico de la Pontificia Universidad Católica de Perú. “La Constitución no es tan específica en cuanto a los plazos, eso se puede regular por las leyes electorales, pero hay que tener en cuenta que organizar un proceso así requiere algunos meses”, dice a DW.

“Por lo general, la convocatoria y adelanto de elecciones se alinea para que el nuevo Gobierno asuma el 28 de julio del año que corresponda. Pero, si se escoge otra fecha, requeriría algún acuerdo político. En este caso, las elecciones adelantadas deberían ser en principio este mismo año, por eso se planteaba la fecha de octubre”, explica.

Lovatón plantea, además, otra eventual fecha: “Un último escenario constitucionalmente posible, pero política y socialmente suicida, es que determinen que habrá elecciones en abril del próximo año y que el nuevo Gobierno asuma en julio de 2024. Pero eso es muy difícil que la población lo acepte”, advierte.

¿Elecciones generales o presidenciales?

Otro aspecto que plantea la Constitución y que puede generar otros escenarios posibles son las interpretaciones en cuanto al tipo de elecciones. Efectivamente, en el artículo 115 de la Constitución peruana se lee “elecciones inmediatas”, pero no se especifica si son generales o parciales, algo que da vueltas en el Congreso peruano por estos días. De esta forma, si la presidenta peruana dimite, eventualmente podría haber un llamado a elecciones presidenciales y no generales. Solo estas últimas incluirían un cambio de los congresistas, tal como reclaman las protestas.

“Lo lógico es llamar a elecciones generales para un cambio del Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, algunos sectores en el Congreso han dicho que cuando el artículo 115 habla de elecciones no dice elecciones generales y, como quien renuncia es la presidenta, habrá elecciones para presidente y no para congresistas”, aclara el experto constitucionalista Samuel Abad.

Así las cosas, “se podría elegir a un presidente que complete lo que falte del período. Pero, en este contexto, eso sería una locura”, insiste Abad y concluye: “En este caso, la interpretación constitucional tiene que ir de la mano con garantizar la estabilidad del país”.