Perú
Perú sigue fracturado por los efectos de las protestas a pesar del pasar de los meses
Las protestas se desataron en el país desde diciembre del 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido del cargo y enviado a la cárcel.
Beckham Romario Quispe era a sus 18 años entrenador de fútbol en los Andes de Perú, pero murió en una de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Su padre reclama justicia a unas autoridades que, según el ombudsman, han “fracasado” en gestionar un conflicto estancado. Las denuncias de violación de derechos humanos contra el gobierno de Boluarte se acumulan, entre ellas la de Beckham Romario, fallecido el 11 de diciembre en Andahuaylas.
Dany Quispe, su padre, recibió un video de las manifestaciones donde identificó a un herido muy parecido a su hijo. “Lo sacaron de la ambulancia en el hospital y era mi hijo, con una herida de bala”, dice a la AFP. “Lo llevaron a la emergencia. Su mamá estaba llorando y yo callado, pero pensando que él no iba a vivir. Estaba muy herido, los ojos, el cerebro, todo volado, con la cabeza destrozada”, recuerda.
Rolando Luque, defensor del pueblo adjunto, considera “una tragedia” la crisis que estalló con la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo después de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto. “Las consecuencias humanitarias de este conflicto son las más grandes que ha experimentado el Perú desde 2003″, señala a la AFP.
Añade que ante la violencia de las movilizaciones, han “fracasado varias de las instituciones” en su capacidad de prevenir y controlar el conflicto. A la fecha, son 48 ciudadanos muertos en enfrentamientos, un policía asesinado, 11 fallecidos en eventos relacionados con las protestas y más de 1.300 heridos, casi la mitad miembros de las fuerzas del orden, según la Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo que vela por los derechos ciudadanos.
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Acusaciones penales
La Defensoría enfatiza que las fuerzas de seguridad deben colaborar con la Fiscalía para esclarecer si hubo irregularidades en el uso de la fuerza y si los autores fueron negligentes u obedecieron órdenes. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado “graves violaciones a los derechos humanos” y un “marcado sesgo racista” de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones.
Quispe, de 47 años, dirige la Asociación de familiares de víctimas de la represión en Andahuaylas y Chincheros, en la región de Apurímac, que reúne a allegados de siete fallecidos. Pero lamenta que en Andahuaylas “no hay justicia, no hay quien nos ayude”.
Oenegés locales han denunciado penalmente a Boluarte, sus ministros y jefes policiales por la muerte de seis manifestantes en Apurímac, mientras la fiscalía investiga presuntos asesinatos durante movilizaciones en Puno y Ayacucho, todas regiones del sureste andino.
Por ahora, Luque reconoce como un acierto del gobierno el “apoyo económico” a los deudos de los fallecidos y heridos, tanto civiles como policías, pero urge a investigar estas muertes “en profundidad”.
Desigualdades
Para Luque falta la “autocrítica” del Estado y sus instituciones, pues más allá de la coyuntura el estallido revela “problemas estructurales mucho más grandes”. Señala que la prolongada crisis política, con seis presidentes desde 2016, es consecuencia no solo del debilitamiento de los partidos sino también “de la corrupción, ineficiencia, desigualdades y exclusiones” que afectan al país.
La familia de Quispe padece esas desigualdades. Dany es un agricultor de Anallaco, un poblado de Apurímac, que es el segundo departamento de Perú con mayor porcentaje de pobreza extrema, según datos oficiales.
Algunas temporadas viven alquilados en Andahuaylas y el resto en su chacra (huerto), con la que subsisten. Beckham trabajaba como entrenador de fútbol y ayudaba con los gastos de su familia. “Este año iba a entrar en la universidad, quería prepararse para ser médico”, dice Quispe, quien llora al recordarlo como “el más amable, el más cariñoso de todos” sus hijos.
Supervivencia política
Las acciones de Boluarte y el Congreso, destinatarios del clamor callejero que exige la renuncia de la mandataria y nuevas elecciones antes del plazo regular en 2026, no apaciguan el conflicto. “El gobierno no entendió bien la complejidad de la protesta, y ahora es muy complicado que pueda existir un diálogo” con una ciudadanía “altamente inconforme”, apunta la politóloga Kathy Zegarra.
Señala que Ejecutivo y Legislativo buscan “exculpar” a policías y militares de las muertes de civiles, y exhiben “desconexión” del reclamo de renuncia y adelanto electoral, avalado por más de 70% de peruanos según encuestas.
Para la analista, estos gestos son actos de “supervivencia” de un gobierno que busca “negociar con los congresistas” para mantenerse en el poder, mientras intenta eludir posibles consecuencias judiciales en un país de administraciones “fugaces y débiles”.
Aunque las protestas han descendido desde enero, Luque advierte que si algún actor político “considera que ha ganado esta batalla” está “en un completo error”. “Lo que hay más bien es una nueva oportunidad para resolver este problema. Deberían estar enfocados ahí y no en pensar que pueden gobernar el país hasta el 2026″, afirma.
Con información de AFP.
