PESADILLA EN LA SIERRA CENTRAL

Muchos peruanos se preguntan en estos días si el extraño asesinato de nueve personas por una turba indígena el 19 de enero, en un remoto paraje agrario que hoy es teatro de operaciones antiguerrilleras, no terminará tumbando al propio presidente Belaúnde Terry. El interrogante es válido dadas las reacciones que el sangriento episodio ha desatado sobre el ya debilitado gobierno de Lima, acosado por una delirante crisis económica y obligado a sacar al ejército de sus cuarteles para reprimir las acciones de Sendero Luminoso.
Producida en una zona doblemente custodiada por el ejército y la policía, la muerte de los ocho periodistas de "La República", "Marka", "Oiga", y "El Observador" generó una repulsa ciudadana general. "Nos acercamos a un momento en que las "razzias" la violación de los derechos humanos y la violencia constituirán, si nosotros no hacemos lo suficiente para contrarrestarlo, algo común a nuestra sociedad", declaró el diputado aprista Javier Valle Riestra. Por su parte el senador de Izquierda Unida, Genaro Ledesma Izquieta, dijo que el gobierno había sido culpable "por omisión" al no haber dado protección a los periodistas muertos, quienes fueron atacados al tratar de investigar en Uchuraccay el exterminio de un grupo guerrillero en esa área.
En realidad, los periodistas y su guía, pudieron ser llevados por la fuerza militar hasta esa localidad en helicóptero, pero el aparato les fue negado al saber los oficiales que se trataba de periodistas de órganos de prensa de oposición. El mismo día en que esos reporteros fueron asesinados, comunicadores de un seminario gobiernista sí fueron conducidos en un helicóptero hasta un pueblo a pocos kilómetros de Uchuraccay.
La conclusión que de esto sacaron otros periodistas la expresó Leoncio Bueno: "Después de esto, los periodistas estamos advertidos de que no debemos intentar conocer directamente cómo se reprime la subversión, que debemos contentarnos con los comunicados oficiales, o ver lo que se nos deja ver".
Según versión dada por el general Roberto Noel Mora, los periodistas masacrados habían llegado a hasta su HuasHuaccasa, poblado en las afueras de Uchuraccay, siendo recibidos por las autoridades locales, pero cuando avanzaban sin protección alguna hacia este último paraje --un caserío de 100 chozas a 4200 metros de altura-- fueron vistos por la esposa del teniente gobernador del lugar, Fortunato Gavilán, y creyéndolos guerrilleros dio una voz de alarma. Minutos después unos 300 pobladores, apostados en las faldas de los cerros, tras una orden de Gavilán, atacaron con piedras, palos y azadones a los caminantes, quienes inútilmente trataron de explicarles en castellano quiénes eran. Los indígenas, que solo hablaban quechua, no les entendieron y persistieron en la horrenda cacería humana.
Esta versión termina descargando la culpa sobre los aldeanos. Pero en el sepelio en Lima de seis de los periodistas muertos, muchas de las 50 mil personas que asistieron rechazaron tal atribución de la culpa. Argumentan que la ordalía se desató en razón de las instrucciones de defensa recibidas por los pobladores de parte de los "sinchis", las fuerzas policiales especializadas en contrainsurgencia que durante meses han controlado esa zona. Explican, por otra parte, que días antes del suceso, el 22 de enero, se había cometido allí otra masacre, cuando los mismos indígenas sorprendieron y mataron a slete Integrantes de un pequeño destacamento de Sendero Luminoso, que llegó pacíficamente hasta esa aldea. De hecho, el gobierno, en lugar de censurar el hecho, lo aplaudio, mostrándolo como un buen ejemplo de "autodefensa contra los terroristas".
Así, los efectos de esa conducta oficial no se hicieron esperar. Luis Roy Freire, un distinguido penalista, autor del texto mismo de la ley que reprime el terrorismo promulgada recientemente por Belaúnde Terry, fustigó al gobierno diciendo que éste ante la primera matanza había hecho "la apología del delito" y que las consecuencias eran esas, la masacre de los periodistas.
"¿A quién se le ocurrió dar instrucciones para matar a todo extraño que llegara al poblado?", preguntó el penalista. "Aun cuando fuera un guerrillero, si llegaba pacíficamente o herido, no tenía que ser eliminado": repuso.
Saturnino Ayala, uno de los victimarios, ratificó ese hecho: "Nos dijeron que nuestros amigos vendrían volando en helicópteros, y que quienes llegaran a pie serían enemigos, terroristas, a los que había que matar, arrancar los ojos, y extraer las lenguas". "Los matamos porque creímos que eran terroristas", añadió.
También es cierto que Sendero Luminoso había intentado destruir las organizaciones comunales de Ayacucho e imponer autoridades adictas. En esa carrera fusilaron algunos alcaldes, flagelaron a otros, saquearon tiendas (para distribuir las mercaderías entre los vecinos), etc. Más tarde, cuando llegó la policía a las comunidades, los pobladores tuvieron que plegarse también a sus caprichos.
Dante Herrera, un psicologo, explicaba entonces lo siguiente: "Los pobladores de Uchuraccay han tomado partido por el sector que consideran más fuerte, la policía, y en su reacción colectiva hay mucho de terror salvaje".
Belaúnde por su parte, tras convocar una comisión investigadora presentó el caso como "una secuela de la lucha fratricida iniciada por el terrorismo" tesis que ha sido respondida inmediatamente por diversos sectores quienes plantean que ese crimen es sólo la consecuencia inesperada de los métodos equivocados de "guerra sucia" que se adelanta contra los guerrilleros maoistas.
José Fernández Salvatecci, un ex oficial del servicio de inteligencia del ejército peruano, ex combatiente sandinista en Nicaragua, argumentó en ese sentido: "En las concepciones modernas de lucha antiguerrillera, se aconseja buscar algún grupo social de costumbres "salvajes" para convertirlo en lo que se llama "la pandilla: que hace el trabajo sucio del terror contrainsurgente. Eso hicieron en Argelia los franceses, ese papel cumplieron los thais en Asia y es posible que ese sea el rol asignado a algunas comunidades de Huanta, como Uchuraccay".
Otros ven propósitos más globales.
Un economista peruano dijo a IPS, una agencia de prensa, que se trataba de "una traumatización deliberada de la opinión pública para prepararla para un golpe militar, o afavor de un proceso defascistización sin golpe. El ex ministro Manuel Ulloa fracasó porque quiso aplicar un programa económico liberal sin represión, y ahora se considera que dicho programa económico debe ser impuesto con métodos duros y represivos".
¿Caerá Belaúnde? Está por verse. Por ahora, vastos sectores de la opinión están ya pidiendo la destitución del ministro del Interior, Fernando Rincón, y la del general Noel Mora, comandante político militar de Ayacucho, y el congreso anunció que pedirá cuentas del hecho a la Fuerza Armada. "No vamos a permitir que el país se deslice por el camino del terrorismo y del asesinato, cualquiera que sea su origen", declaro Guillermo Thorndike, director del influyente diario "La República".--