Polémica en Brasil tras “indulto navideño” otorgado por Jair Bolsonaro a condenados por masacre

A ocho días de dejar el cargo, el aún presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó su último indulto navideño, que como años anteriores, beneficia a policías y militares condenados por distintos crímenes. Esto en contravía al Ministerio de Justicia, entre ellos los responsables de la masacre del Carandiru, en la que 111 presos murieron tras un operativo de la Policía Militar.

La decisión de Bolsonaro es contraria a las sugerencias del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP) y podría ser inconstitucional, ya que el indulto beneficia directamente a los agentes de la Policía Militar por este caso en concreto, cuando el perdón presidencial tiene que ser colectivo y no específico.

La conocida como Masacre de Carandiru tuvo lugar el 2 de octubre de 1992 durante la intervención de la Policía Militar en una cárcel de Sao Paulo para detener un motín. El operativo se saldó con 111 presos muertos. En 2002 el centro penitenciario fue clausurado y años después derruido para construir un parque.

El indulto presidencial de este año incluye a aquellos que hayan sido condenados por crímenes que ocurrieron hace más de 30 años, incluso si no lo han sido en última instancia. Los agentes señalados por aquella intervención en la cárcel de Sao Paulo cumplen, por tanto, los requisitos.

El proceso judicial en su contra se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos. Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, sin embargo, ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.

La defensa sostiene que las muertes se produjeron cuando los agentes se defendían de los ataques con arma blanca de los presos. Sin embargo, para los fiscales, cometieron ejecuciones extrajudiciales una vez los amotinados se habían rendido, tal y como señalaban las autopsias de la mayoría de los muertos, ajusticiados con un tiro en la cabeza.

De los agentes condenados, cinco ya murieron (uno de ellos asesinado) y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas.

Quien sí ha celebrado la decisión fue el diputado y tercero de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, quien escribió en Twitter que, con la gracia otorgada por su padre, se ha hecho justicia con unos hombres que “entraron donde ninguna madre permitiría que entraran sus hijos” para cumplir “su misión” contra “algunas de las personas más peligrosas del país”.

El disgusto de Bolsonaro

Jair Bolsonaro, estaría decepcionado y dolido con los máximos responsables de las Fuerzas Armadas por no haber apoyado públicamente a quienes desde su derrota en las urnas se aglomeraron a las puertas de los cuarteles exigiendo una intervención militar de las instituciones.

Con quien estaría más enfadado, según informa el portal de noticias Metrópoles, es con el general Walter Braga Netto, quien en estas elecciones partía como su candidato a vicepresidente, ya que le habría prometido que lograría convencer a las Fuerzas Armadas para invocar el Artículo 142 y dar un golpe de Estado.

En ese sentido, Braga Netto habría estado incluso dando posibles plazos a Bolsonaro de cuándo los militares cumplirían con los deseos de los miles de personas que han estado protagonizando bloqueos y violentas protestas desde que Luiz Inácio Lula da Silva venció el pasado 30 de octubre.

Si bien esas movilizaciones aún continúan, las últimas que tuvieron lugar en Brasilia hace una semana con motivo de la entrega de las credenciales a Lula por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), dejaron varios vehículos y mobiliario incendiado e incluso intentos de tomar una sede de la Policía Federal.

*Con información de Europa Press.