Un paso histórico: el revolcón que le espera a la policía en Estados Unidos

El enojo por el asesinato de George Floyd no se ha detenido, pero con el paso de los días el malestar se canalizó en reclamos concretos. Los manifestantes, indignados tras años de impunidad sistemática para los cuerpos policiales, piden desfinanciar la Policía y cambiar los parámetros de seguridad pública. Luego de dos semanas desde el estallido social contra el racismo y la brutalidad policial, las movilizaciones han conseguido frutos inesperados. En varias ciudades crecen las voces de quienes piden un cambio profundo de la manera como se aplica la ley en el país, sobre todo en cuanto al tratamiento de las minorías étnicas. Y en la Cámara de Representantes, los líderes demócratas preparan un histórico proyecto de ley para reformar el sistema policial en todo el territorio. Sin embargo, la política de “ley y orden” promulgada por Donald Trump y la base republicana en el Senado proyecta una nube de dudas sobre las inéditas iniciativas para regular la actividad policial en Estados Unidos.

Nunca antes el descontento había llegado tan lejos. Otros episodios, como la paliza que recibió el afroamericano Rodney King en Los Ángeles en 1991, despertaron grandes protestas en el ámbito nacional. Pero más allá de procesar a unos cuantos responsables, no hubo mayores novedades. Esta vez, ante la mirada del resto del mundo, muchos norteamericanos sienten que han llegado a un punto de no retorno y que solo con cambios de fondo superarán la crisis.

Minneápolis podría dar el primer paso. La ciudad donde el policía Derek Chauvin causó la muerte a Floyd tras estrangularlo con la rodilla durante casi nueve minutos se ha hecho responsable del acto de brutalidad contra la comunidad negra. El concejo municipal anunció sus intenciones de desmantelar el departamento de Policía para reemplazarlo por un departamento de seguridad pública, que integrarían trabajadores sociales y médicos. La noticia desató el entusiasmo de los manifestantes, pero el alcalde, Jacob Frey, se opuso a la iniciativa, por lo que su puesta en marcha todavía está por verse. Además de Minneápolis, otras ciudades han dado paso a maniobras para contrarrestar la brutalidad policial. Houston y San Diego prohibieron el estrangulamiento como técnica de neutralización, y el Gobierno de Los Ángeles considera ajustar severamente el presupuesto de la Policía.

En Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Washington, miembros de la policía se arrodillaron en apoyo a los manifestantes. Republicanos, como el senador Mitt Romney, también apoyan la reforma al sistema policial.

Pero el gran cambio retumba en el Capitolio. Los representantes demócratas, encabezados por Nancy Pelosi, presentaron un proyecto para enjuiciar a policías por sus abusos y rediseñar la manera de reclutarlos y entrenarlos. El texto de la Ley de Policía y Justicia, que apoyan más de 200 legisladores demócratas, busca crear un registro federal de los agentes que cometan excesos, conformar un cuerpo especial para judicializarlos y evitar la impunidad en casos de racismo y uso desmedido de la fuerza. Pero además, el proyecto modificaría el sistema de enlistamiento de los policías, al replantear los procesos de selección y entrenamiento. Según los proponentes, la iniciativa quiere “terminar con la brutalidad, hacer responsable a la policía y mejorar la transparencia”, con el fin de generar “un cambio significativo, estructural, que garantice el derecho de todos los estadounidenses a la seguridad y la igualdad ante la justicia”.

No obstante, el éxito de la reforma está por verse, y es probable que el asunto se convierta en un nuevo pulso partidario. La Cámara de Representantes seguramente lo aprobará, aunque en el Senado los demócratas tendrían que negociar algunos puntos con la mayoría republicana. El líder minoritario, Chuck Schumer, declaró que una reforma de esta magnitud “no se ha llevado a cabo nunca antes. Por ello, en el Senado los demócratas lucharemos con todo lo que tenemos para hacerla realidad”.

Alejandro Bohórquez, magíster en inteligencia estratégica y docente de las universidades Javeriana y Externado, le dijo a SEMANA que no cree que el Senado obstruya del todo la reforma, pero piensa que “los republicanos le harán muchas modificaciones. Hay un clamor popular muy grande, y hay consenso en que lo fundamental es que se necesitan más controles al cuerpo policial y que, para tener un personal más idóneo, tienen que mejorar los filtros para decidir quién conforma la fuerza. Actualmente, casi cualquier estadounidense puede ser parte del ‘law enforcement’”.

En todo caso, los republicanos tienen en sus manos el destino de la reforma. Algunos, como Jim Jordan, han admitido que ha llegado el momento de discutir de verdad sobre el tratamiento que la policía les da a los afroestadounidenses. Pero la mayoría republicana en el Senado, liderada por Mitch McConnell, ha funcionado como un bloque casi impenetrable. Por eso, si los demócratas no ceden a las enmiendas que los republicanos van a querer introducir, el proyecto corre el riesgo de hundirse.

Trump se autodenomina el mandatario de “la ley y el orden”, considera terroristas a los manifestantes y ahora rechaza las reformas que adelanta el Legislativo.

No obstante, si los republicanos niegan esta oportunidad de reformar el sistema policial tras décadas de injusticias, las minorías recibirían una afrenta imperdonable. Eso podría tener un efecto demoledor a solo meses de las elecciones presidenciales, no solamente para la permanencia de Donald Trump en la Casa Blanca, sino para la mayoría republicana en el Senado.

El asunto también pone sobre la mesa la disputa entre los Gobiernos locales y el Gobierno federal, una puja recurrente durante el periodo del magnate. La implementación de la reforma en un país donde hay unas 18.000 entidades policiales autónomas, incluyendo cuerpos municipales y sheriffs de condado, plantea una enorme complejidad. Como señala Bohórquez, “el clamor por una reforma a la Policía viene desde el mandato de Lyndon B. Johnson en los años sesenta, con fuertes choques civiles en su momento. Pero tras todos estos años, la principal dificultad viene por cuenta de las jurisdicciones, que disputan la influencia que puede alcanzar el Gobierno federal”.

Trump se autodenomina el mandatario de “la ley y el orden”, considera terroristas a los manifestantes, amenaza con echarles el ejército, y por supuesto rechaza las reformas que adelanta el Legislativo. Acusa a Joe Biden, su virtual rival demócrata en noviembre, de querer vaciar a las fuerzas policiales. Y contra las evidencias estadísticas, asegura que los incidentes de brutalidad policial son aislados y no sistémicos, mientras insiste en que todos los oficiales son “grandes personas”. El presidente sigue obstinado en polarizar al país como estrategia política para consolidar su base electoral, a pesar del daño que inflige a la democracia. “Los demócratas de izquierda radical quieren abandonar a nuestra policía. Lo siento. Yo quiero ley y orden”, dice.

Para Biden, este estallido social es un “punto de inflexión” en la defensa de los derechos ciudadanos. Está por verse si los republicanos atienden el llamado, o si tendrán la cara suficiente como para rechazar el clamor popular.