Policía de Nicaragua detiene al gerente general del mayor banco del país

La policía de Nicaragua detuvo al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, por “incitar a la injerencia extranjera”, basándose en una ley votada durante el gobierno de Daniel Ortega que se le ha aplicado a varios opositores.

Rivas, también director de operaciones del Grupo Promérica, que aglutina a varias entidades financieras en el continente, es el detenido número 14 de una redada policial que en los últimos días ha capturado a aspirantes a la presidencia y críticos del gobierno, cuando faltan cinco meses para las elecciones generales.

De acuerdo con un comunicado de la policía, Rivas es investigado, entre otros delitos, por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

El alto ejecutivo, es el segundo empresario en ser detenido, señalado por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

El líder del gremio empresarial, José Adán Aguerri, fue detenido hace una semana bajo los mismos cargos que Rivas.

El Banpro es uno de los bancos más importantes de Nicaragua y miembro del Grupo Promérica, con subsidiarias en Centroamérica y América del Sur.

La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, a quien acusan de lavado de activos.

También están detenidos el exdiplomático, Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.

La detención de Rivas se produjo después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera la “inmediata liberación” de los opositores detenidos.

El organismo condenó “inequívocamente” el arresto de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y pidió su “inmediata liberación”, según una resolución aprobada el martes.

La decisión fue adoptada por 26 votos durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del bloque regional que reúne a sus 34 miembros activos. En contra votaron Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.

El Consejo Permanente de la OEA resolvió “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos” en Nicaragua, indicó el texto.

Además, expresó su “grave preocupación” porque las autoridades nicaragüenses no hayan implementado a mayo de este año las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios del 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.

El organismo interamericano exhortó “enérgicamente” al gobierno de Ortega a aplicar todas las normas internacionales que correspondan para la realización de elecciones libres y justas el 7 de noviembre, “incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”.

La resolución, patrocinada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unido, Paraguay y Perú, fue también respaldada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó).

El Consejo Permanente de la OEA también resolvió “continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General”, el máximo órgano de la organización.

La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en las instancias del bloque regional por lo que consideró una “arremetida sin precedentes” de Ortega contra sus adversarios. Una eventual suspensión debe ser aprobada en una Asamblea General extraordinaria por dos tercios de los estados miembros y entraría en vigor de inmediato.

El gobierno de Nicaragua considera que los opositores detenidos bajo cargos de “incitar a la intervención extranjera” son “usurpadores” financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Ortega.

Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

Con información AFP