Por instigación al odio, Nicolás Maduro allanó las viviendas de dos humoristas venezolanos

El humor en Venezuela también es víctima de la represión del régimen de Nicolás Maduro. La noche del miércoles 8 de septiembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron las viviendas de los humoristas Napoleón Rivero y Reuben Morales, informaron medios del vecino país.

De acuerdo con la versión de los comediantes en sus redes sociales, la policía se les llevó dos computadores portátiles, un CPU y un afiche que estaba dentro de la casa de Morales, quien actualmente se encuentra de viaje en Colombia, confirmó el portal de noticias El Pitazo.

Los dos comediantes venezolanos tienen el show llamado Kurda Conducta, que se transmite por YouTube y en el que hacen parodia de varias figuras de la administración de Nicolás Maduro. Ambos fueron actores de un programa muy famoso llamado La Rochela, que se transmitió durante más de cinco décadas por el clausurado canal RCTV, en el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Reuben Morales confirmó en su cuenta Twitter lo ocurrido. “Cuando crees que photoshopearon gente en tu apartamento, pero no… son de verdad”, expresó el humorista en la red social, al tiempo que compartió una imagen del allanamiento.

Asimismo, la cuenta Twitter del show humorístico @KurdaKonductaVE indicó que los allanamientos se realizaron luego de que los actores fueran acusados de “instigación al odio” y “delitos informáticos”.

En Venezuela, desde el año 2017 está vigente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada para —supuestamente— contrarrestar acciones de este tipo de parte de opositores, medios y redes sociales.

Esta ley, compuesta por 25 artículos, señala que los que incurran en delitos de incitación al odio podrían enfrentar penas entre 10 y 20 años de prisión. En 2020 se registraron 127 ataques a la libertad de expresión por parte del régimen de Maduro.

Hace poco, la ONG Redes Ayuda contabilizó en un informe 43 casos de amenazas y hostigamientos, 33 bloqueos a plataformas digitales, 12 redes sociales, 11 ciberataques, ocho detenciones e imputaciones, y otros tres casos relacionados con agresiones diversas.

Melanio Escobar, director ejecutivo de la ONG, refirió que el estudio les permitió tener un panorama general y la coyuntura que aprovechó el régimen de Maduro durante la pandemia, aunado a la ausencia de gasolina en Venezuela, para incrementar la represión y la persecución contra todas las voces disidentes. En este caso, les pasaron factura a los humoristas González y Rivero.

“La democracia y la libertad de expresión en Venezuela son prácticamente inexistentes, lo que hace que el rol de los medios de comunicación digitales y las redes sociales sean elementos fundamentales para vencer la hegemonía comunicacional y evadir la censura instaurada por el régimen venezolano. Son estas las únicas ventanas de información, difusión y denuncia verdaderamente confiables para la sociedad venezolana en estos momentos”, detalla el informe de la ONG Redes Ayuda.

En el documento indican que 2020 ha sido el año en el cual más casos de bloqueos a sitios web, sin contar los aplicados a plataformas de redes sociales, detenciones e imputaciones, y amenazas y hostigamiento se han registrado.

Entre enero y julio de 2021, la ONG venezolana Espacio Público ha documentado 253 casos de violaciones a la libertad de expresión, en los que destacan las intimidaciones a equipos de prensa durante coberturas y ataques a medios digitales.

Otra organización, llamada Voces Confinadas, sostuvo que 167 casos de vulneración al trabajo periodístico fueron documentados en2020, los cuales visibilizan cómo al menos 208 trabajadores de la prensa enfrentaron, no solo hostigamientos, amenazas directas de detención para borrar el material documentado y obstaculizaciones para acceder o trasladarse hacia el lugar de los hechos. Estos profesionales también fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias e intento de secuestro, lo que demuestra que continúan los atentados contra la vida, libertad e integridad de los trabajadores de la prensa en Venezuela.