La mala hora de Nicaragua

El caos y la violencia se apoderaron de Nicaragua desde que el gobierno de Daniel Ortega anunció un paquete de reformas al sistema de seguridad social. Marchas, barricadas, choques con la Policía y ataques a instalaciones oficiales reflejaron la gran inconformidad de los nicaragüenses, mientras que la fuerte represión del Estado elevó a un nivel máximo la tensión en todo el país

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), los cinco días de revueltas dejan más de 90 heridos, un centenar de capturados y al menos 30 personas muertas, en su mayoría por disparos en la cabeza y en el pecho. La violenta respuesta del gobierno de Ortega hizo que el mundo pusiera los ojos en Nicaragua. El papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México hicieron un llamado a la calma y expresaron su consternación por los niveles de violencia que adquirieron estas protestas. La preocupación escaló a tal punto que esta mañana Washington ordenó el cese de operaciones de su embajada en Managua y el retiro de gran parte de su personal y sus familias del país centroamericano.

Y es que lo que empezó como una simple protesta estudiantil, adquirió relevancia nacional cuando diferentes gremios empezaron a apoyar a los manifestantes y a expresar su descontento con el gobierno de Daniel Ortega. El presidente intentó devolver la calma el domingo cuando anunció la derogación de la reforma. “Estamos revocando, o sea cancelando, y poniendo a un lado la resolución anterior que sirvió como detonante para que se iniciara esta situación”, aseguró Ortega en una alocución presidencial. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles pues tanto el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), uno de sus grandes aliados durante sus 11 años en el poder, como los estudiantes que iniciaron las protestas llamaron a nuevas marchas y anunciaron que no pararán con el movimiento.

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Aunque la ley al sistema de pensiones fue la chispa que hizo explotar la revuelta social, esta es tan solo parte de un problema mayor. En efecto, la crisis económica y el hastío político hoy tienen contra las cuerdas al presidente y a Nicaragua al borde de una crisis sin precedentes. Todo parece indicar que este es hasta ahora el primer capítulo de una serie de presiones que podría hacer tambalear el histórico poder del líder sandinista, Daniel Ortega.

Polémica reforma

Con el fin de darle sostenibilidad al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió hacerle varios cambios al sistema de pensiones. Aunque el gobierno mantuvo intacta la edad de jubilación, la deducción del 5 por ciento de las pensiones de los ya jubilados y el aumento de los aportes tanto de trabajadores como de empresas generaron el descontento de los nicaragüenses. Roberto López, presidente del INSS, justificó la medida y argumentó que era necesaria para darle sostenibilidad financiera a la institución por lo menos por los próximo 10 años.  

La controversia se desató de inmediato. Jubilados, empresarios y universitarios manifestaron su rechazo a la reforma y lo calificaron de un robo ilegal e inhumano. El aumento en las contribuciones al INSS generó una insólita ruptura entre el gremio empresarial y el presidente, a quien habían respaldado desde que volvió al poder en 2007. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió que la reforma provocará más despidos y desempleo y acusó al INSS de atribuirse funciones legislativas que no debería. Mientras, los estudiantes que empezaron las protestas, culpan al gobierno de malos manejos y a la institución de ser una fuente de corrupción.

Efecto Venezuela

La reforma al sistema de pensiones llega en un momento delicado para la economía de Nicaragua. Desde el año pasado, que el caos de Venezuela redujo una fuente importante de apoyo financiero y que las fuertes sanciones de Estados Unidos detuvieron el crecimiento económico de los últimos años, los nicaragüenses han tenido que enfrentarse a situaciones adversas de un sistema político con los bolsillos vacíos. Así, cada vez más se encarece la vida diaria en Nicaragua. La constante alza de los precios del combustible y de las tarifas de luz, los despidos en el sector público y la reducción de los beneficios sociales han ido despertando poco a poco el malestar contra un presidente que desde 1979 alzó la bandera de los oprimidos y juró gobernar en nombre de los menos favorecidos.

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Atrincherado en el poder

En efecto, el mismo presidente que hoy manda a las Fuerzas Armadas a reprimir las manifestaciones sociales en su contra, es un exguerrillero que hace 40 años impulsó una revolución contra el gobierno de turno. Gobernó por primera vez al frente de la Revolución Sandinista que derrocó al gobierno de Somoza en 1979. Perdió las elecciones de 1990 y volvió a la presidencia en 2007. Desde entonces, él y su esposa, también vicepresidente, Rosario Murillo han contado casi con un poder absoluto en Nicaragua y por más de 10 años han encabezado un gobierno, según ellos, “cristiano socialista y solidario”.

La pareja fuerte de Nicaragua mantiene el control sobre las instituciones más importantes del país como el Ejército, la Policía, el Congreso y el tribunal electoral. Sin embargo, la oposición, muchas veces excompañeros de partido, y un gran porcentaje de nicaragüenses los acusan de desvirtuar los ideales del sandinismo y de ejercer el poder de forma autoritaria. “En la década de los años 80, Ortega era parte de un proyecto de cambio revolucionario, ahora es un capitalista enamorado del poder, dedicado a acrecentar sus privilegios, sus fortunas y los de su clase”, dijo la exguerrillera Mónica Baltodano a AFP.

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Uno de los puntos que genera más controversia es el nepotismo con el que ha decidido gobernar su país, pues además de su esposa, sus hijos dirigen medios de comunicación oficiales e incluso ocupan cargos públicos de gran importancia. Su imagen también se deterioró fuertemente cuando en 1998 su hijastara Zoila América, lo acusó a él de abuso sexual, y luego tuvo que exiliarse en Costa Rica por la persecusión política de su madre, Rosario Murillo.

Hoy el punto central de las protestas ya no es la reforma al sistema de pensiones, sino la salida de una pareja que desde hace años se ha valido de técnicas y artimañas legales e ilegales para perpetuarse en el poder. Es un descontento general hacia el gobierno y hacia la forma en que se ha conducido el país.