¿Por qué los militares conducen buses públicos en El Salvador?

En una parada de transporte público llena de usuarios en San Salvador, se estaciona un microbús con un soldado como chofer. La línea ha sido intervenida por el gobierno de Nayib Bukele por incrementar ilegalmente el precio del pasaje.

La escena sucede en la terminal de microbuses y buses de las rutas 42 y 152, ambas de la cooperativa Acostes, cuyo jefe es el empresario Catalino Miranda, detenido por la Policía y señalado por la Fiscalía ante la justicia de los delitos de resistencia y desórdenes públicos.

Todo empezó cuando el presidente Bukele anunció la semana pasada medidas para paliar la inflación global generada por el conflicto Rusia-Ucrania. Entre ellas la suspensión temporal de algunos impuestos a los combustibles para evitar un alza en el pasaje del transporte colectivo. Advirtió a los transportistas con una intervención del Gobierno si subían sus precios.

Así, desde el pasado 12 de marzo, tras la detención de Miranda, el Gobierno intervino ambas rutas tras anunciar que les suspendía los permisos por incrementar sus precios. Con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, dispuso que las 293 unidades de transporte de estas líneas queden bajo conducción mayoritaria de las Fuerzas Armadas, sin cobrar por el servicio.

El Gobierno recuerda que la Constitución les permite “tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente”.

Más seguro y gratis

Bukele, un ‘millennial’ de 40 años y de amplia popularidad, mantiene un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas. A través de ellas repartió ayuda social durante los primeros meses de pandemia. Pero también se hizo escoltar por militares a inicios de 2020 para ir al Congreso, en ese momento controlado por la oposición, y exigir la aprobación de una partida presupuestal para un programa de seguridad ciudadana.

La actitud le valió críticas de sus opositores y de algunos miembros de la comunidad internacional, que cuestionaron sus actitudes “autoritarias”. Todo ello en un país donde se libró una guerra civil (1980-1992) y aún hay procesos abiertos contra altos mandos militares por casos de DD. HH.

Más allá de ello, los usuarios celebran la medida. Adela Ramírez, de 39 años, madrugó desde la vecina ciudad de Soyapango a la terminal, pues debía viajar hasta su lugar de trabajo cerca de la ciudad de Santa Tecla, 10 km al oeste de San Salvador. “Con esto que está haciendo el Gobierno estoy ahorrando porque el transporte es gratis y uno va más seguro porque siempre van soldados cuidando en los microbuses”, dijo Ramírez a la AFP, en la fila de la ruta 42.

Tras ajustar unos problemas iniciales de frecuencias, este miércoles desde la madrugada y cada tres minutos, buses y microbuses salían solo con pasajeros sentados de la terminal que lucía custodiada por policías y militares. Los vehículos llevan escrito en el parabrisas la palabra “gratis” y son conducidos por soldados con su uniforme camuflado o por motoristas del Ministerio de Obras Públicas, identificados por una camisa amarilla.

“Está bueno que los topen a estos empresarios corruptos, siempre hacen lo que quieren con el pueblo; está bueno que les pongan orden”, dijo a la AFP Anselmo Martínez, mientras abordaba un microbús de la ruta 152.

¿Abuso del Gobierno?

Para el analista y abogado Enrique Anaya, la intervención de ambas rutas de transporte público son una muestra de que el Gobierno ha actuado como un “régimen autoritario”. Bukele ya ha sido cuestionado por Washington por usar su mayoría en el Congreso para destituir a magistrados de la Corte Constitucional y al fiscal general.

“Las cosas no se pueden hacer de manera arbitraria, hay procedimientos establecidos de acuerdo con la ley que rige cada servicio público”, señaló Anaya. Al principio de la intervención de ambas rutas por parte del Gobierno, la denominada Mesa Nacional del Transporte, que aglutina a varias cooperativas de buses, amenazó con un paro, que luego fue descartado.

En tanto, el presidente Bukele dijo que su gobierno esta dispuesto a abrir una mesa de diálogo con los empresarios de transporte público y discutir sus problemas, siempre y cuando respeten la ley y no incrementen el costo del pasaje.

*Con información de la AFP.