¿Por qué los quieren callar?

Después de dos días de rendir versión libre, un coronel retirado del Ejército salió del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una carpeta bajo el brazo. Contenía un reporte detallado de 60 falsos positivos, el triple de asesinatos por los que había respondido ante la justicia ordinaria, cuya copia acababa de entregar con mano temblorosa a los magistrados. El exoficial duró una década detenido. Consiguió recobrar la libertad anticipada con el compromiso de contar los herméticos secretos sobre el capítulo negro en el que, según la Fiscalía, fueron ejecutados 2.248 jóvenes por el Ejército, presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate.

La isla de San Andrés es el único territorio del país donde no hay reporte de falsos positivos. Investigaciones periodísticas y de ONG, así como reportes de Naciones Unidas, estiman entre 3.000 y 5.000 las víctimas entre 1988 y 2014. A pesar de ese alud, las responsabilidades no han escalado a los altos mandos. Al salir de la JEP, el coronel temblaba porque su confesión y los documentos aportados salpicaban a varios superiores.

Desahogado, salió de camino para su casa, cuando advirtió que una motocicleta lo acechaba. Estaba oscuro y había poca concurrencia en el parque del barrio El Restrepo. De un momento a otro, la moto aceleró y el parrillero le apuntó con un arma. El coronel, que por 13 años disparó las balas de la infamia, esta vez tuvo que correr. En cuanto consiguió llegar a su hogar, una llamada le anunció en qué estaba metido: “Se salvó de esta, sapo hijueputa”.

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El nombre de este exoficial integra una lista negra de 11 amenazados por las verdades que están destapando ante la justicia especial. A pesar de que las diligencias se llevan a cabo bajo reserva desde hace un año, el pasado 14 de junio la Sala de Reconocimiento tuvo que expedir un auto en el que le ordena a varias entidades del Estado proteger a nueve personas, en altísimo riesgo. Antes, otras dos ya habían sido cobijadas con medidas de urgencia. Las retaliaciones se han extendido y también van contra un abogado y un reclutador de víctimas que conoce secretos contra altos mandos –retirados y activos–, quienes salieron impunes del escándalo en la justicia ordinaria.

En las medidas cautelares de la JEP se dictan órdenes específicas para proteger a dos de los testigos que presenciaron y participaron de los macabros hechos ocurridos en el Batallón La Popa, en Valledupar. De momento, la JEP indaga sobre 126 falsos positivos ocurridos en esa unidad militar solo entre 2002 y 2008. Por eso al Ejército se le solicitó redoblar la seguridad de un compareciente en alto riesgo y cuya familia ya ha sido blindada con esquema de seguridad. Asimismo, al Inpec se le pide tomar medidas respecto de personas que permanecen detenidas en cárceles ordinarias.

“Expreso el temor que siento por mi vida una vez salga de esta audiencia. El coronel Mejía es sumamente hábil. Ha estructurado historia de mártir, de víctima, y hay gente que le cree, gente de peso a nivel nacional”, indicó uno de los subalternos de Publio Hernán Mejía, el excomandante del batallón entre 2002 y 2004. Mejía hoy es general en ejercicio, aunque tiene pendiente una condena a 19 años de cárcel que está en apelación. Además es compareciente ante la JEP y en las próximas semanas rendirá su versión libre.

En algunos casos, más se tardan los comparecientes en declarar que las amenazas en tocarles la puerta. A través de redes sociales se han detectado mensajes intimidantes y cargados de información que está sometida a la absoluta reserva. De un tiempo para acá, fueron repartidos entre los abogados de las víctimas 60 videos con versiones libres, lo cual ha llevado a que salten a la luz pública detalles que estaban ocultos. Lo que resulta difícil de explicar es cómo, en cuatro de los casos, hubo persecución cuando solo magistrados, comparecientes y la Procuraduría sabían de esos testimonios.

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Uno de los testigos recluido en la cárcel aseguró: “He estado con problemas médicos porque a los internos de dos patios (R1 y R2) nos hicieron tomar agua con materia fecal. Se me duermen las manos, el cuerpo, he solicitado para que me lleven al médico y no lo han hecho”. Él asegura que a mediados de 2018 le llegó un abogado a prisión, identificándose como parte de la JEP. Tan pronto lo atendió le pidió retractarse y, a cambio, le ofreció ayuda económica, “como sobornando”. “En mayo de 2018 un hombre amenazó a mi esposa: que tenía que retractarme o si no iban a atentar contra ella y mis hijos”.

Desde la Procuraduría se ve con preocupación el asesoramiento que ciertos abogados dan a algunos militares que se presentan ante la JEP. Estos llegan a la versión a contar únicamente los hechos por los que han sido investigados en la justicia ordinaria cuando el compromiso con la justicia transicional les exige verdad completa. En una ocasión, en plena diligencia de versión libre, uno de los comparecientes despidió a su abogado dada la presión de este para que no ahondara en nombres y circunstancias.

En el lado opuesto están otros abogados que se la están jugando por que la JEP llegue al fondo de lo ocurrido en los falsos positivos. Y para ellos el panorama es negro. La hija de uno de los defensores, que lleva varios de los casos más representativos, fue víctima de un intento de rapto cuando descendió del bus del colegio. La reacción del conductor de la ruta la salvó. La esposa de este abogado también esquivó el ataque de desconocidos que, con arma en mano, intentaron subirla a la fuerza a un carro.

“La sala ha recibido 11 solicitudes de medidas cautelares a quienes han rendido su versión voluntaria. Se trata de amenazas que han sido evaluadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Después de un estudio muy riguroso, en siete casos se ha encontrado riesgo extraordinario”, explica la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

¿Quién podrá protegerlos?

Hasta ahora, la justicia especial para la paz ha recibido 92 versiones voluntarias de militares, desde soldados hasta coroneles, sobre el fenómeno de los falsos positivos. Los magistrados priorizaron seis territorios críticos: Catatumbo, Huila, Antioquia, Casanare, Meta y Cesar-La Guajira. Se prevé que antes de terminar el año otros 80 comparecientes rindan versión. Es apenas la primera etapa. En total, 2.059 militares y policías se han sometido a la JEP, el 95 por ciento para rendir cuentas sobre falsos positivos. El macrocaso también contempla el testimonio de un par de sobrevivientes: dos jóvenes que en situaciones distintas se hicieron los muertos cuando los militares dispararon las ráfagas en fingidos combates.

Están próximos a entregar sus declaraciones el general Mejía y un excomandante del Ejército, el general Mario Montoya. Ambos se acogieron a la JEP bajo el argumento de que los procesos en su contra son un montaje. Aseguran que actuaron con valentía y rectitud, y que entregarán todos los soportes necesarios para demostrar que nunca infringieron la ley.

    El general Mario Montoya asegura que actuó con rectitud y dentro de la ley. El oficial retirado se acogió a la JEP y deberá responder por decenas de testimonios en su contra.  Foto: El Espectador

Una vez concluyan las versiones, se abrirá una etapa de contraste en la que participarán los abogados de las hasta ahora 176 víctimas acreditadas y los implicados. Una audiencia pública de reconocimiento de hechos marcará el fin del camino, y la JEP dejará su decisión consignada en una resolución de conclusiones. Sobre las etapas del proceso ha hecho hincapié Álvaro Uribe. La semana pasada, el expresidente advirtió que aún falta que las declaraciones rendidas por los delatores sean verificadas y controvertidas, al mismo tiempo que señaló la necesidad de derogar la JEP.

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Hasta ahora, la Unidad Nacional de Protección ha otorgado un esquema de seguridad a un no compareciente, y se ha limitado a entregar ciertas medidas de protección a un puñado de militares que rinden cuentas en la JEP. A uno de estos le entregó un subsidio de arrendamiento para cambio de vivienda, a otros les dio un botón de pánico y un equipo celular. Son medidas de urgencia que ha tomado mientras aclara quién tiene la competencia para cuidar a los militares que están ante el Tribunal para la Paz. Por otra parte, tampoco hay claridad sobre si la Fiscalía es competente para proteger a quienes están compareciendo.

Es urgente resolver el limbo: a quién le corresponde brindar seguridad a los militares que están siendo amenazados por comparecer ante la JEP. Y aún más crucial: llegar a los responsables de las amenazas. 

“Montoya era el que más presionaba por bajas”

González del Río confesó ante la JEP su responsabilidad frente a decenas de falsos positivos y salpicó a varios superiores.

González del Río dijo que “las salas de guerra” de las guarniciones militares fueron el escenario donde sus superiores impartieron las instrucciones ilegales. 

El coronel Róbinson González del Río tiene varias condenas que suman cerca de 60 años de cárcel por falsos positivos. En enero recobró la libertad como compareciente ante la JEP. Ese mismo mes rindió una extensa confesión ante ese tribunal. Allí hizo un recuento de su trayectoria militar y profundizó sobre lo ocurrido a lo largo de 2008 cuando asumió como jefe del Gaula del Ejército en Antioquia, una de las zonas donde más falsos positivos sucedieron en ese periodo. “Estoy acá para asumir mi responsabilidad y darles la cara a las víctimas y al país”, aseguró al comienzo de la diligencia.

González contó que siendo mayor y jefe de un batallón de contraguerrilla en Cauca y Valle empezó a obtener bajas irregulares, gracias a alianzas con bandas criminales. Por cuenta de esos resultados fue premiado para ir de comisión al Sinaí, en Egipto. Sin embargo, declinó esa oportunidad y prefirió pedir una licencia para estudio. “No, hermano, estamos en guerra y usted es un comandante de resultados, no lo voy a poner detrás de un escritorio”, asegura que le dijo el general Mario Montoya, comandante del Ejército, quien lo envió a Antioquia.

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González explicó que fue recibido por el comandante de la IV Brigada, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. Este le exigió seguir dando bajas tal como lo venía haciendo en su cargo anterior, lo cual, inicialmente, no fue fácil. Encontró que los soldados estaban preocupados porque ya había investigaciones tanto de la Fiscalía como de la justicia penal militar. González asegura que a sus superiores –Montoya y Rodríguez, entre otros– no les importaban las desmovilizaciones o capturas, y que hicieron todo lo necesario para que él pudiera seguir con la racha de falsos positivos. “Mi general Montoya era el que más presionaba por resultados. Era el que más exigía ‘muertes en combate’, como las llamaba. Para él, los resultados operacionales no eran sino muertos”.

González explicó que contaban con un exfuncionario del CTI que llegaba antes que la Fiscalía a la escena del crimen y organizaba todo para hacer parecer que lo sucedido había sido un combate. De otra parte, señaló que el general Carlos Arturo Suárez, inspector general del Ejército de esa época, y la entonces jueza penal militar Cristina Lombana (hoy magistrada de la Corte Suprema) se volvieron una piedra en el zapato. Asegura que para seguir ejecutando bajas irregulares los superiores tuvieron que obstruir el trabajo del inspector y hasta remover a la jueza.

“La Popa era una máquina de guerra”

Para destapar lo ocurrido en el Batallón La Popa, se han tomado 37 versiones. Al menos dos testimonios implican al general Mejía.

     El solado Yeris Gómez, exintegrante  del grupo especial Zarpazo, conocido  por macabros crímenes.

El mayor número de víctimas de falsos positivos documentadas por la JEP, hasta ahora, corresponden al Batallón La Popa, en Valledupar. Entre 2002 y 2004, el comandante fue el general Publio Hernán Mejía, condenado a 19 años de prisión, quien se ha negado a colgar el uniforme hasta que no haya sentencia en firme.

Ante la justicia se defiende desacreditando al principal testigo en su contra, Edwin Guzmán. No obstante, la JEP ya cuenta con versiones que refuerzan el baño de sangre que ocurrió en el Cesar, y las alianzas de los militares con las AUC. El más impactante es el del soldado Yeris Gómez Coronel, quien aseguró haber hecho parte del grupo especial Zarpazo, un macabro equipo de ocho conformado directamente por Mejía: “Prácticamente, como mercenario cumplí la orden, el que no cumpliera se moría”, dijo Gómez.

También aseguró haber asistido como escolta de Mejía a una reunión realizada entre mayo y junio de 2002 con varios comandantes paramilitares, entre ellos, alias Jorge 40 y alias 39. “Estuve yo y cinco soldados más y el cabo Pacheco en una finca cerca al peaje de Valencia (...). Había varios comandantes de los paramilitares”. Entregó detalles de un misterioso operativo en la finca Socorro, sur del Cesar, en el que dieron de baja a 19 supuestos guerrilleros del ELN. Gómez dijo que en realidad eran paras que se le habían torcido “al comandante 40”. “En el grupo especial Zarpazo nos cambiábamos de civil con armamento y hacíamos operaciones como paras”.

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También se utilizaba cuando los paramilitares les entregaban “positivos” a dos señalados enlaces llamados Andrade y Hugo Padilla. Detalló un caso en el que fueron guiados hasta un supuesto retén ilegal cerca de Copey. “Cuando llegamos, ellos (Andrade y Padilla) estaban disparando, pero nosotros no sabíamos a qué. Luego, encontramos abajo del puente personas que ya estaban tiesas. No sé quién las mató”. Ese día reportaron en total cuatro bajas en un supuesto combate.En esta falsa operación –aseguró el testigo– estuvo el coronel Heber Hernán Gómez Naranjo, segundo de La Popa, quien también está en la JEP. “Llamaron para reportar la presencia de gente armada en un sitio conocido como la Y del Patillal. Era la primera vez que yo veía uniformado al sargento Padilla. Me dice, ‘vaya, que allá está todo dispuesto para que encuentren cuatro muertos en combate’”. En su versión, Gómez aseguró que La Popa era una “máquina de guerra” y que supo que la lealtad que reclamaba Mejía iba encaminada “a generar alianzas con grupos de autodefensas en sectores muy cercanos a la ciudad de Valledupar”. 

“Dispare y recoja”

El mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte asegura que recibió esta directriz de parte de Montoya. Reveló 40 crímenes desconocidos.

Gustavo Soto Bracamonte fue comandante del Gaula Militar Casanare. 

La carrera militar del mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte terminó en el Gaula Militar de Casanare. Salió de la cárcel el pasado diciembre, y se sentó ante la JEP a confesar 40 operaciones extrajudiciales, que se suman a las 20 ya conocidas. Su superior fue el entonces general Henry William Torres Escalante, el primer general en ser capturado por los falsos positivos y quien también está en la JEP.

Soto relató cómo el entonces general Mario Montoya reunió a comandantes de brigada y de batallón en agosto de 2006 en Villavicencio. “Al comandante del Batallón de Infantería Joaquín París, Montoya le dice: ‘¿Cero muertos? ¿No hay nada que hacer en San José del Guaviare? Si eso es colocar el batallón, dispare y recoja’”.

Según Soto, para aumentar resultados Torres Escalante le presentó a Wilson Rodríguez Mimisica, desmovilizado de las AUC, condenado a 60 años de cárcel por su participación en 15 operaciones contra civiles desarmados. Sin decir quién, Soto afirma que le propusieron matarlo porque “sabía demasiado”. Lo mismo que a José Ovidio Díaz Baquero y al exguerrillero José Zacarías Valencia, quienes sirvieron de informantes. “Todos están vivos. No acepté, aunque sí me dijeron que estábamos dejando ruedas sueltas”. 

“Yo necesito muertos y litros de sangre”

El coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años de prisión por los falsos positivos de Soacha, contó su verdad en la JEP.

     El coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón entregó a los magistrados de la JEP un listado de 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales desconocidas por la justicia. 

“Vaya y saque a unos tipos del anfiteatro, unifórmelos y preséntelos como resultados”, le dijo el general Mario Montoya al coronel Jesús Amado Rincón, cuando el segundo dirigía el centro vacacional San Fernando en Santa Marta, en 2005. Dos años después se volvieron a ver la cara en Cúcuta, donde las palabras que había escuchado cobraron otro valor. El primero se había convertido en comandante del Ejército Nacional y el segundo, jefe de Operaciones de la Brigada Móvil XV, que funcionaba en Norte de Santander.

“En forma directa, él me manifestó que tenía que ejercer presión a los pelotones para que dieran resultados. Como fuera, pero tenían que haber muertos, debía exigirles a los de abajo (a los batallones). Ahí entendí que tocaba dar muertes extrajudiciales, y el comandante de la brigada con sus hombres ya sabía cómo hacerlo. Le faltaba era alguien que le ayudara a coordinar”, relató el coronel retirado ante la JEP.

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Rincón ha rendido más de diez horas de confesión ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento. En ellas, ha detallado cómo lo presionaban, cuál era el conducto que seguía para “legalizar” las bajas ilegítimas y cómo funcionaba la estructura militar señalada de perpetrar 60 asesinatos solo en 2007.

“A mí no me vayan a reportar heridos, yo necesito son muertos en combate y litros de sangre”, asegura que les repetía hasta el cansancio el general Mario Montoya o el jefe de la Segunda División, el general Carlos Ovidio Saavedra, a través de revistas radiales cotidianas. Rincón les entregó a los magistrados copia de 250 folios que dan cuenta de esa táctica criminal sistemática. Por su parte, el coronel Santiago Herrera, comandante de la Brigada XV, aseguró ante la JEP que le robaron el computador en el que tenía los audios con las instrucciones y los rankings de los resultados operacionales cuatro meses después de su retiro en 2009. “(Álvaro) Uribe me llamó dos veces durante mi mando. Él quería estar ahí metido y tomar decisiones. Él cortaba la línea normal, que era ministro de Defensa, comandante y general. Se comunicaba directamente con el comandante de la brigada, y una llamada del presidente en esas condiciones genera un poquito de presión… mucha presión”, detalló Herrera.

El asesinato de cinco jóvenes de Soacha que aparecieron en Ocaña prendió las alarmas en 2008 sobre las dudosas operaciones que llevó a cabo la brigada. Si bien todos los pelotones estarían involucrados con casos reportados, el mayor trabajo lo desempeñaron las compañías E, como Esparta 1. Se trata de un grupo especial que había en cada batallón contraguerrilla para escoltar al comandante, pero que al final terminaron haciendo el trabajo sucio. Como regla general, “Una brigada móvil no podía pasar más de una semana sin dar resultados”, concluyó Rincón. “No importaba si eran guerrilleros, civiles o milicianos. Si eso no ocurría, lo daban de baja”.