Presidente de Brasil despidió a 40 militares por ataques de seguidores de Bolsonaro en Brasilia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apartó a cuarenta militares destacados en la residencia presidencial, luego de prometer una “revisión profunda” del personal tras los ataques del 8 de enero en Brasilia. La medida, publicada este martes en el diario oficial de la Unión, afecta a funcionarios adscritos a la coordinación del Palacio de la Alvorada, domicilio oficial de los jefes de Estado.

Los militares apartados son de rangos bajos (soldados, cabos, sargentos), algunos de los cuales prestaban seguridad al lugar, y seguirán ligados a las fuerzas armadas, aunque en otras actividades, según el portal de noticias G1. La decisión da continuidad a un anuncio del mandatario de izquierda, de 77 años, que la semana pasada expresó desconfianza sobre algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.

Lula, que derrotó al ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre, dijo entonces estar convencido de que hubo complicidad interna y de miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a edificios oficiales en Brasilia, el día en que cumplía una semana de regresar al poder.

El 8 de enero miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y arrasaron el Palacio de Planalto (sede de la presidencia), el Congreso y la Corte Suprema, buscando la caída del presidente. Destruyeron parte de la infraestructura, vandalizaron salas y averiaron obras de arte invaluables. “Alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo Lula el jueves, en referencia a los desmanes en el Planalto.

El líder de la izquierda, que protagonizó un espectacular regreso político luego de años opacado por un escándalo de corrupción, subrayó entonces que la revisión del equipo de trabajo buscará privilegiar “funcionarios de carrera, de preferencia civiles”. “No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, afirmó.

Lula intentará reunirse de aquí al viernes con los comandantes de las Fuerzas Armadas, informó este martes la Casa Civil (jefatura de gabinete) en un comunicado. Sería la primera vez que se encuentran desde que cargó contra sectores policiales y militares por su “connivencia” con los manifestantes. Según la Casa Civil, abordarán la “modernización” de las fuerzas.

Bolsonaro, en Estados Unidos desde antes de terminar su mandato, niega cualquier conexión con los actos violentos en Brasilia, pero es investigado por las autoridades brasileñas bajo sospecha de haber instigado el asalto al corazón político de Brasil. “Lamento lo que aconteció el día 8″, dijo el exmandatario a algunos simpatizantes en un video divulgado el lunes por medios brasileños. “Algo increíble”, agregó.

Brasilia anunció este lunes un fortalecimiento de la seguridad en las sedes de los poderes públicos vandalizadas el 8 de enero, al tiempo que las autoridades detuvieron a uno de los presuntos organizadores del ataque. Los policías militares en los alrededores de la llamada Explanada de los Ministerios y del palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema aumentarán “de inmediato” de 248 a 500, dijo Celina Leao, gobernadora interina del Distrito Federal.

El refuerzo se da “para que podamos tener el máximo de tranquilidad y una seguridad firme”, afirmó Leao en rueda de prensa junto con el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, y el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli.

Leao asumió las riendas del despacho luego de que el gobernador Ibanéis Rocha fuese destituido temporalmente, mientras se determina por qué falló la seguridad del corazón político de la capital una semana después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La seguridad del Distrito Federal se encuentra bajo control del Ejecutivo federal por decreto presidencial desde el 8 de enero, cuando manifestantes identificados con Bolsonaro invadieron y saquearon el Palacio del Planalto (sede presidencial), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

Más de 2.000 personas fueron detenidas, de las que 1.159 continúan detenidas, por los ataques que el gobierno califica de “actos terroristas”, según el último balance oficial.

Más de 800 detenidos ya pasaron por audiencias preliminares, un proceso que debe terminar este lunes.

*Con información de AFP y Europa Press.