Presidente de Estados Unidos criticó fuertemente la ley contra la homosexualidad en Uganda

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha promulgado este lunes la nueva ley anti-LGTBI que contempla castigos más severos, entre ellos, la pena de muerte y la cadena perpetua, para las personas de esta comunidad.

Así lo ha dado a conocer la presidenta del Parlamento, Anita Among. “Como Parlamento de Uganda, hemos respondido a los gritos de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia, según el Artículo 31 de la Constitución de Uganda”, ha escrito en Twitter.

“Nos hemos mantenido firmes para defender la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo, nuestros objetivos nacionales y los principios rectores de la política de Estado”, ha añadido Among, agradeciendo al resto de diputados su “resistencia” frente a “toda la presión de los matones y los teóricos de la conspiración del fin del mundo en interés de nuestro país”.

Joe Biden fue uno de los que sentó su posición en las últimas horas sobre esta ley en contra de las personas homosexuales: “La ley contra la homosexualidad promulgada en Uganda constituye una trágica violación de los derechos humanos y debe derogarse”, dijo el lunes el presidente estadounidense.

La promulgación de la ley, que contempla duras penas por mantener relaciones entre personas del mismo sexo, tendrá consecuencias en la cooperación con el país africano, según un comunicado de la Casa Blanca. Esa ley es “una trágica violación de los derechos humanos universales”, dijo el presidente sumándose al coro de protestas internacionales que generó esa norma.

Biden agregó que pidió al Consejo de Seguridad Nacional que analice “los compromisos de Estados Unidos con Uganda en todos sus aspectos”, incluyendo la asistencia a la lucha contra el sida y otras ayudas e inversiones. También dijo que Washington estudiará la posibilidad de imponer sanciones a Uganda y restringir la entrada en Estados Unidos de ugandeses implicados en abusos contra los derechos humanos o corrupción.

Si bien las organizaciones internacionales abogan y respetan la autonomía de los diferentes estados, siempre y cuando ello no atente contra los Derechos Humanos, en este caso ha suscitado precisamente una creciente controversia que ha significado incluso el pronunciamiento del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se pronunció ‘horrorizado’, lamentando el texto y la ley en sí, señalando que este abre las puertas para una fuerte ola de discriminación en ese país.

El funcionario de la ONU se reconoció consternado con la noticia revelada este lunes, reconociendo que esta a su vez está marcada por una serie de inconsistencias y contradicciones al interior del ordenamiento legal de Uganda, al advertir que va en contravía de lo previsto en su Constitución, a la vez que en acuerdos internacionales de los que es signatario ese país, y por lo que sus disposiciones le son vinculantes; o de obligatorio respeto y cumplimiento.

Para el alto comisionado, la aprobación de esta ley, va a suponer en Uganda el surgimiento de una ola de “violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT”.

Un mes atrás, a finales del mes de abril, según destacan medios internacionales, el presidente de Uganda ya había elevado una serie de reparos al texto aprobado, solicitando entonces a su parlamento que este texto pudiera ser revisado, apuntando que la ley no podría establecer como ‘criminal’ el hecho de que una persona fuera homosexual; no obstante, el mandatario sí pedía que se estableciera una prohibición para las relaciones del mismo sexo.

A pesar de la condena internacional, la norma fue modificada por el Parlamento en mayo a petición de Museveni para que incluyera algunos de los cambios que proponía, y con los que el presidente de Uganda quería matizar que no se castigaría la mera identificación como LGTBI.

Museveni ha ratificado esta nueva ley más de ocho años después de que una versión de esta fuera anulada por los tribunales del país por defectos de procedimiento. Al igual que en 2014, la legislación aún puede ser impugnada ante los tribunales.

*Con información de AFP.