Presidente de Panamá anuncia referendo para derogar el contrato a la minera canadiense y frenar las protestas

El presidente panameño, Laurentino Cortizo anunció durante la noche de este domingo 29 de octubre, que pedirá se convoque a un referendo para decidir sobre la derogación o no de un contrato reciente con una empresa canadiense para extraer cobre en una amplia zona boscosa del norte del país, un asunto que ha generado multitudinarias protestas en los últimos días en su contra.

En un breve mensaje a la nación, Cortizo dijo que la consulta popular se llevará a cabo el 17 de diciembre. Una acción para tratar de apaciguar las fuertes protestas que se han vivido en la última semana en el país centroamericano.

“Solicitaré al tribunal electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre de 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley” del contrato minero, aseguró Cortizo, en un mensaje al país difundido por televisión.

“A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento”, manifestó el mandatario, luego de una nueva jornada de protestas y manifestaciones en la capital y el resto del país centroamericano.

En su escueto mensaje, de apenas dos minutos, Cortizo también anunció que su gobierno pedirá una ley que prohíba “la minería metálica a nivel nacional”.

Cortizo pronunció su mensaje tras concluir una multitudinaria concentración en la capital, donde decenas de miles exigieron la derogación del contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) operar en Panamá, la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

La multitud se congregó desde temprano en la tarde y hasta caer la noche en la Avenida Balboa, en la costanera que bordea la capital, adonde los manifestantes ondearon banderas y gritaron consignas contra el gobierno, exigiendo la derogación del contrato.

“Éste es un momento histórico, no hay descanso cuando nuestro ambiente está en peligro. Vine aquí a pelear por el país que me heredaron mis ancestros”, dijo Víctor González, de 28 años, quien acudió a la concentración junto a su esposa.

El malestar popular estalló el pasado 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley que permite a FQM operar por 40 años la mina a cielo abierto. El presidente la promulgó en la noche de ese mismo día.

En un movimiento de protesta inusual en  el país, miles de panameños se fueron sumando diariamente, con bloqueos de rutas en la capital y en varias provincias del país, paros laborales de maestros, médicos, obreros, transportistas y otros gremios. Las clases estuvieron suspendidas toda la semana.

Intentando aplacar el malestar popular, Cortizo prohibió el viernes las nuevas concesiones de minería metálica por decreto ejecutivo, pero mantuvo el contrato con la compañía canadiense, lo que atizó aún más el fuego.

Los manifestantes exigen que una moratoria de la actividad minera establecida por ley, no por decreto del gobierno de turno. Los líderes de las protestas aún no se pronuncian sobre el nuevo mensaje del presidente.

La ley aprobada por el Congreso selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original porque se hizo sin licitación.

El gobierno ha defendido el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.

Y ha advertido que una anulación del contrato provocaría la pérdida 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos que genera la mina, además de que el país se expone a demandas multimillonarias en tribunales internacionales.

La minera aporta el 4 % del PIB de Panamá y exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre desde Puerto Rincón, adonde llegaron manifestantes en una decena de lanchas el sábado.

*Con información de AP y AFP.