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Presidente Lula desautoriza medidas de Bolsonaro sobre el control de armas y limita nuevamente el acceso en Brasil
La nueva legislación reduce la cantidad de armas y municiones a las que pueden acceder la población civil
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes un decreto que limita el acceso a armas y municiones para civiles, dando marcha atrás a una política implementada por su antecesor, Jair Bolsonaro.
La medida fue firmada por el mandatario durante una ceremonia en el Palacio presidencial del Planalto, como parte de un “Programa de acción en Seguridad” presentado junto a su ministro de Seguridad, Flávio Dino, que incluye otras medidas y propuestas para intentar disminuir la violencia en Brasil.
El decreto sobre el “control responsable de armas” reduce de 4 a 2 la cantidad de armas, y sus municiones, para fines de defensa personal y exige la demostración de efectiva necesidad para adquirirlas, entre otros puntos.
Además, disminuye de 30 a 6 el número de armas para cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores. Y limita el horario de funcionamiento de los clubes de tiro, que además deberán operar a al menos un kilómetro de distancia de escuelas.
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“Vamos a continuar luchando por un país desarmado”, dijo Lula tras firmar la norma. “Quienes tienen que estar bien armados son la policía brasileña y las fuerzas armadas”, agregó.
El mandatario izquierdista intenta revertir la proliferación de armas entre civiles, que avanzó durante la administración del ultraderechista Bolsonaro (2019-2022). Según la ONG Instituto Sou da Paz, en julio del año pasado los cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores disponían de más de un millón de armas, casi el triple que las 350.000 registradas en diciembre de 2018, un mes antes de que Bolsonaro iniciara su mandato.
“El decreto representa un paso más para retomar parámetros de responsabilidad y seguridad jurídica en el control de armamento en Brasil”, dijo este viernes la ONG, en una nota conjunta con el instituto de seguridad pública Igarapé.
El gobierno presentó también un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra actos “antidemocráticos” o ataques contra autoridades, y otro que eleva las penas contra violencia en escuelas.
El mandatario dijo que el Ejecutivo está asumiendo la “responsabilidad por la seguridad pública”, en un intento por “disminuir la violencia, tanto en las ciudades como en la Amazonía”. Con la nueva norma, el control de cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, clubes de tiro, tiendas de armas y otros locales pasará del Ejército a la Policía Federal.
En junio de 2022, el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira en una región de la selva amazónica se convirtió en un símbolo de la violencia creciente en el área, donde operan narcotraficantes, mineros ilegales de oro y cazadores furtivos.
El total de homicidios en Brasil descendió levemente (-2,4%) en 2022 respecto al año anterior, a un total de 47.508, según un informe del Foro de Seguridad Pública de Brasil presentado el día de ayer jueves 20 de julio.
El mismo boletín alertó por un número récord de violaciones, más de ocho por ahora el año pasado. El ministro de Justicia, Flavio Dino ya anunció en mayo que esta nueva normativa era uno de los principales objetivos del Ejecutivo de Lula con el fin de poner fin a la laxa legislación de Bolsonaro, que instauró una suerte de “salvaje oeste” en Brasil.
En abril, cuatro niños de entre 4 y 7 años fueron asesinados en una guardería de Blumenau, en Santa Catarina (sur), por un hombre que los atacó con un hacha. Los asesinatos conmocionaron al país y el gobierno federal anunció medidas de regulación de las redes sociales para combatir las crecientes amenazas contra escuelas.
El peor ataque registrado en un centro educativo en Brasil se produjo en 2011: 12 niños murieron cuando un hombre abrió fuego en su antigua escuela infantil en Realengo, un suburbio en Rio de Janeiro, antes de quitarse la vida.
Con información de AFP*
