Mundo
Presos en Venezuela inician huelga de hambre en cárceles del país para pedir respeto a los derechos humanos
El Observatorio Venezolano de Prisiones manifestó que la medida es de carácter pacífica.
Presos de varias cárceles en Venezuela iniciaron este domingo, 9 de junio, una huelga de hambre para protestar contra presuntas violaciones que se vienen presentando a sus derechos humanos, denunciaron dos oenegés.
“Presos de todo el territorio nacional anunciaron que desde hoy se unirán en una huelga de hambre pacífica”, aseguró en la red social X el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al referir “violaciones” a los derechos de los reclusos.
La ONG enumeró al menos seis cárceles en huelga y difundió imágenes de los prisioneros, algunos congregados en pasillos y celdas, cantando el himno nacional o haciendo ruido con los barrotes de las celdas.
Según el Observatorio, la huelga ocurre en la principal prisión de mujeres INOF en Miranda (centro), el Centro Penitenciario de Coro (noroeste), la cárcel de Uribana en Lara (noroeste), el Centro de Formación para la Mujer Nueva “Manuelita Sáenz” en Aragua (centro), el Internado Judicial de Cumaná en Sucre (noreste) y un calabozo de la policía científica en Lara.
Lo más leído
En el Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador” en Carabobo (centro), conocido como “Tocuyito”, también están en huelga, según la ONG Una Ventana a la Libertad.
“Los privados de libertad en Venezuela, víctimas del retardo procesal y la desidia penitenciaria, se sienten engañados por los planes de abordaje impulsados por el Ministerio que no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica”, añadió el OVP.
Exigen “respeto a sus derechos humanos, redenciones, traslados a sus cárceles de origen y el otorgamiento de medidas humanitarias”, continuó.
Según estimaciones de las oenegés, en las cárceles de Venezuela hay un hacinamiento cercano al 200% y los presos denuncian constantemente supuestos malos tratos, retrasos procesales y ausencia de proteína en su alimentación.
Hasta 2022, Venezuela contaba con más de 30.000 prisioneros, de acuerdo con el OVP.
A finales del año pasado, el gobierno implementó un plan para intervenir unas siete cárceles del país y liberarlas de pandillas, entre ellas la prisión de Tocuyito en Carabobo.
La AFP y AP solicitaron comentarios a las autoridades pero no obtuvieron respuesta hasta el momento.
A través de su cuenta de X, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario difundió por la tarde varios mensajes, uno de ellos indicando que la ministra Celsa Bautista atiende directamente a los privados de libertad “como parte de la garantía de los DDHH (derechos humanos) de la población penitenciaria”. Y adjunta imágenes en que se brinda atención médica a los presos, capacitaciones y otras actividades.
El Observatorio respondió a la ministra en la misma red social, lamentando que “no acepte la realidad”.
Las imágenes difundidas por el Observatorio dejan ver a las mujeres en uno de los pasillos del INOF, donde protestaban haciendo sonar botellas plásticas o cualquier artículo que pudiera hacer ruido. En cambio, en una cárcel de varones que no identificó, los presos congregados y apretados en los pasillos entonaban una canción.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 calificó la situación de los privados de libertad en Venezuela como “una de las más graves de la región”. Entre las principales deficiencias mencionó el hacinamiento y la falta de cifras oficiales actualizadas en el sistema penitenciario del país.
Según la CIDH, las cifras oficiales registraban una población penitenciaria en 2022 de 33.558 presos en 45 centros carcelarios. Sin embargo, asegura que existe una “dualidad del sistema penitenciario” que se concreta en centros de detención preventivos, que denominó como “calabozos”, elevando el registro a 35.000 reclusos. No tuvo acceso a datos de 2023, agregó.
El hacinamiento que puede superar el 200% en algunas cárceles del país “puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, anotó el organismo internacional.
*Con información de AFP y AP